Los primeros informes de policía indican que el sacerdote fue asesinado por varios desconocidos que le dispararon cuando se dirigía a la casa parroquial, situada en una zona empobrecida y peligrosa de la capital.
Poco después del asesinato, el arzobispo metropolitano, el cardenal Rodolfo Quezada Toruño, se presentó en el lugar de los hechos visiblemente consternado.
«Es un crimen absurdo y nos demuestra los altos niveles de violencia en los que vive Guatemala. Espero que este crimen no quede en la impunidad, como muchos otros», afirmó el purpurado.
El sacerdote, de 69 años, era muy conocido en el país por su labor social. Después de haberse presentado como candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala y de haber entrado como socio en negocios hoteleros (en Antigua Guatemala y Escuintla), había sido suspendido («ad divinis») de su ministerio sacerdotal, como indica en estos casos el Código de Derecho Canónico. La medida canónica había sido retirada en 1999 a petición suya tras deslindarse de estas actividades.
