El vehículo en el que viajaba el representante papal fue alcanzado el pasado 29 de diciembre por la tarde por varios proyectiles en una localidad en los alrededores de Minago –a unos 50 kilómetros de la capital, Bujumbura–.
Algunos disparos hirieron a monseñor Courtney causándole la muerte horas después en la clínica «Prince Rwagasore», donde había sido trasladado urgentemente.
Según algunas versiones, como la de el propio Ndayizeye, se trató de una «emboscada» en la que quien disparó lo hizo «para matar»; para otros, el automóvil cayó desafortunadamente en medio de un enfrentamiento entre tropas del ejército de Bujumbura y rebeldes de las «Fuerzas de Liberación Nacional» (FLN) –único grupo rebelde aún en armas contra el gobierno– que combaten desde hace días en la zona.
Si bien las fuerzas armadas de Burundi y algunas fuentes del gobierno señalaron inmediatamente a los rebeldes como responsables del suceso, las FLN negaron su implicación y acusaron a su vez al ejército.
Según datos de «Misna», el nuncio debía volver el domingo 28 de Bururi –adonde se había dirigido para celebrar el funeral de un religioso local fallecido recientemente–, pero a causa de los enfrentamientos en la zona entre las tropas del gobierno y las FLN prefirió pasar la noche en Bururi y partir el día siguiente.
El martes 30, el presidente de la Conferencia Episcopal de Burundi, monseñor Simon Ntamwana –arzobispo de Giteg–, calificó la muerte del nuncio de una «auténtica ejecución» y añadió que «los distintos llamamientos del nuncio a las FLN para que dejaran el camino de la guerra, y las reacciones por parte de los rebeldes, muestran, en mi opinión, que no hay que buscar culpables más que en las FLN».
Poco después, a través del portavoz, Pasteur Habimana, las FLN declaraban su inocencia, solicitaban la apertura de «una investigación imparcial» y, por sus declaraciones, daban a monseñor Ntamwana un plazo de 30 días para abandonar el país, informó la agencia «Afp».
Sin embargo, el lunes 5 de enero, las propias FLN anunciaban su disponibilidad para reunirse con el presidente Ndayizeye a fin de iniciar negociaciones de paz, y de la información proporcionada por la agencia francesa se desprende que también habrían decidido revocar el ultimátum lanzado contra el presidente de los obispos de Burundi.
Pancrace Cimpaye, portavoz del presidente Ndayizeye, confirmó a «Afp» la noticia del encuentro precisando que se celebrará fuera del país. Si se produce, será la primera reunión entre el FLN y un jefe de Estado burundés.
Para el obispo de Bururi, monseñor Bernard Bududira, quien pasó con el nuncio las horas anteriores a su muerte, tampoco hay duda de que los responsables del asesinato serían los rebeldes de etnia hutu del FLN, y no el ejército, como aseguran otros.
«Pasamos con el nuncio 24 horas en la parroquia de Minago, desde el domingo hasta las 14.00 horas del lunes [29 de diciembre]» –relató ante los micrófonos de «Radio Vaticana» el 4 de enero–. «Las indagaciones fueron realizadas por el párroco, los sacerdotes de la parroquia, por el ejército, por la población y por el procurador y todos están de acuerdo: los soldados no sabían nada».
De hecho, «la víspera los militares propusieron al nuncio una escolta, pero la rechazó diciendo: represento al Papa, viajaré solo», recordó el prelado.
Según monseñor Bududira, antes de partir, el nuncio se puso su cruz pectoral y su solideo y dijo: «Así, si me matan, no se puede decir que se hayan equivocado de persona». «El ejército no sabía nada –insiste el obispo de Bururi–, sabía que los rebeldes estaban en la montaña, que en la carretera no había ninguno».
Para el prelado, el ejército no omitió sus deberes: «cuando el nuncio partió estábamos con el ejército», declara. «No hay duda, este homicidio está firmado por los rebeldes, estaban en la montaña»; «tenemos de frente a un grupo de terroristas, no a un movimiento de liberación. La comunidad internacional debe abrir los ojos», pide.
Fuentes de la Iglesia local confirmaron a «Fides» el 7 de enero que aún se esperan «los resultados de la investigación iniciada por las autoridades para poder atribuir la responsabilidad del crimen», si bien insisten en que «la emboscada contra el nuncio apostólico se realizó de forma profesional».
«Todos los disparos contra el coche del nuncio (que tenía matricula diplomática con bandera vaticana) estaban dirigidos al asiento ocupado por el representante pontificio –advierten–. Quien realizó los disparos no podía fallar porque monseñor Courtney llevaba roquete blanco y solideo rojo».
De acuerdo con fuentes de «Fides», «distintos testigos oculares vieron a dos grupos de personas armadas bajar de las montañas ocupadas por el FLN y posicionarse en la carretera por donde, poco después, pasaría el nuncio».
Mientras, aunque se haya anunciado la disposición del FLN a negociar con el gobierno, se han producido violentos enfrentamientos entre el FLN y el ejército regular, apoyado por tropas del «Frente para la Defensa de la Democracia» (FDD), el grupo de guerrilla que ha firmado un acuerdo con el gobierno.
Los combates se han producido en la zona de Mariza, en la provincia de Bururi, a 60 kilómetros de Bujumbura, y han provocado la huida de unos 5.000 civiles.
Burundi, un país devastado por la guerra civil
Se teme que la muerte de monseñor Courtney ensombrezca el proceso de paz que, apoyado por el propio nuncio, en las últimas semanas había comenzado a dar frutos en un intento por poner fin a un largo y sangriento conflicto que ha ocasionado al menos 300.000 muertos y un millón de desplazados en una población de unos 6 millones de habitantes.
Desde su independencia, alcanzada en 1993, Burundi ha estado marcado por una guerra civil que ha enfrentado a la etnia minoritaria dominante –tutsi– y a la mayoría de la población –hutu–.
En las elecciones de 1993, las primeras democráticas de Burundi, la población eligió al presidente Melchior Ndadaye primer jefe de Estado de etnia hutu, cuando por primera vez el partido hutu «Frente para la Democracia en Burundi» (Frodebu) tuvo la mayoría en el Parlamento. Pocos meses después, el asesinato de Ndadaye sumergió al país en la guerra civil entre las dos etnias.
En 1994 fue elegido otro líder hutu, Cyprien Ntaryaminra, después asesinado en el mismo atentado en el que perdió la vida el entonces presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana. Un golpe de Estado en 1996 supuso el ascenso al poder de Pierre Buyoya.
El pasado abril, la presidencia de la República pasó de Buyoya, perteneciente a la etnia tutsi, minoritaria pero desde siempre de hecho en el poder, a Domitien Ndayiseye, de la etnia hutu, mayoritaria pero al margen de cualquier control.
Parecía posible aplicar por fin el acuerdo de paz de Arusha, Tanzania (28 octubre 2000) –que contó con la mediación del ex presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela–, que preveía un gobierno de unidad nacional con poderes equilibrados y cargos por rotación entre hutus y tutsis.
El principal grupo hutu de guerrilla, el «Frente para la Defensa de la Democracia» (FDD) firmó un acuerdo de paz con el gobierno, con su correspondiente «alto el fuego», y el pasado noviembre su jefe Pierre Nkurunziza entró en el nuevo gobierno formado por Ndayizeye.
El acuerdo en cambio fue rechazado por las FLN –el segundo grupo armado hutu en número y dimensiones–, cuyos bastiones están en el campo, donde casi todos, hutus, se ven obligados a cooperar con la rebelión. Sobre estas áreas el ejército nunca ha dejado de efectuar grandes operaciones, golpeando a menudo a la población civil. Para evitar los enfrentamientos, la población rural se ve obligada a huir.
En un
intento por poner la situación bajo control, la Unión Africana ha decidido una auténtica intervención armada en Burundi, pero los contingentes enviados por Sudáfrica, Mozambique y Etiopía no han logrado aún contrarrestar a los guerrilleros de las FLN.
El 70% de la población de Burundi, formada en un 85% por hutus y en un 15% por tutsis, vive actualmente por debajo del umbral de pobreza.
