Promover la democracia promoviendo a la familia; pide el Vaticano en la ONU

Intervención del representante papal al celebrar los 10 años del Año Internacional de la Familia

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NUEVA YORK, lunes, 9 febrero 2004 (ZENIT.org).- En la coyuntura actual internacional, una manera indispensable de asegurar el porvenir de la democracia consiste en promover políticas de ayuda a la familia, considera la Santa Sede.

Así lo explicó el arzobispo Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, en una intervención pronunciada el viernes pasado con motivo del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia, celebrado durante la XLII sesión del Comité de Desarrollo Social.

«El reconocimiento de los derechos de la familia constituye un aspecto fundamental de la promoción de los derechos del hombre», fue la conclusión a la que llegó el discurso en francés del arzobispo.

«Mi delegación considera que la familia debería desempeñar un papel primordial y central en la promoción de una sociedad sana», comenzó explicando, pues «la familia es el primer lugar de la integración social, pues constituye la primera célula de la sociedad y su fundamento».

Antes de continuar, aclaró malentendidos y dejó claro que «para la Santa Sede la familia es una institución natural basada en el matrimonio –unión íntima y complementaria de un hombre y una mujer–, que en cuanto tal posee derechos propios e inalienables».

Para respaldar sus propuesta, el arzobispo citó el Informe ONU sobre la situación social en el mundo del año 2003, en el que se atribuye a la desintegración familiar buena parte de los problemas que padece en estos momentos la juventud, en particular, la delincuencia.

Por este motivo, añadió el prelado, las políticas de ayuda a la familia constituyen la mejor manera de «resolver las crisis de las sociedades y de garantizar un porvenir a la democracia».

«La promoción y la ayuda de la familia en el seno de la sociedad pueden contribuir y ciertamente contribuirán a mejorar la eficacia del sector público y a asegurar de este modo el progreso del desarrollo social», subrayó.

Estas políticas, explicó tienen que guiarse por dos principios: la subsidiariedad –«el Estado no puede ni debe substraer a las familias aquellas funciones que pueden realizar, por sí solas o asociadas libremente»– y la solidaridad –«deber de justicia»–.

«A la luz de estos dos principios las legislaciones a favor de la familia pueden respetar el derecho de esta última a beneficiarse de medidas sociales que tengan en cuenta sus necesidades, en particular, cuando la familia tiene que soportar cargas suplementarias a causa de la vejez, de discapacidades físicas o psíquicas de sus miembros, o de la educación de los niños», afirmó.

«Hoy más que nunca la familia tiene necesidad de una protección especial por parte de las autoridades públicas –exigió–. Los Estados tienen la responsabilidad de defender la «soberanía» de la familia, pues esta última constituye el núcleo fundamental de la estructura social».

«En definitiva –aseguró–, defender la soberanía de la familia es contribuir a la soberanía de las naciones».

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ZENIT Staff

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