En el paquete legislativo –al inicio del período ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados de México– miembros del Partido Acción Nacional se han hecho eco de la petición de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para que se constituya una Comisión Especial sobre el asesinato del cardenal Posadas, pues hay suficientes evidencias de que el proceso tanto como el juicio a los inculpados ha estado plagado de errores.
Desde la tesis del entonces Procurador General de la República, Jorge Carpizo McGregor, en el sentido de que el cardenal Posadas había sido víctima de una confusión en el fuego cruzado entre la banda de narcotraficantes de los Arrellano Félix y la de Joaquín Guzmán Loera, hasta ahora, las investigaciones se han topado con irregularidades, desvío o ocultamiento de pruebas, encubrimiento de testigos, amenazas y, probablemente, atentados en contra de la vida del sucesor del Cardenal Posadas, el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, principal acusador de la diversas fiscalías mexicanas que han atraído el caso.
Fuentes del Episcopado Mexicano han señalado que de no darse la conformación de una Comisión Especial, habrán de apelar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que encabeza el Ministro Mariano Azuela Güitrón), para que mande revisar los expedientes y evidenciar lo que los defensores de las tesis del cardenal Sandoval llaman «tremendas irregularidades».
Lo importante, había dicho la CEM en un comunicado de fines del año 2003, es que los crímenes no queden impunes en México y que se haga justicia para todos, clara y transparente, y se deslinden las responsabilidades legales y penales de quienes acribillaron al prelado mexicano cuando entraba al aeropuerto de Guadalajara para recibir al Nuncio Apostólico de México, a la sazón el arzobispo Girolamo Prigione.
