ROMA, viernes, 30 abril 2004 (ZENIT.org).- Aumentan las medidas de la Iglesia para negar la comunión a los políticos católicos incondicionalmente favorables al aborto.
En una rueda de prensa en el Vaticano el viernes 23 de abril, el cardenal Francis Arinze afirmó que los políticos que apoyen inequívocamente el aborto no deben comulgar y los sacerdotes deben negarles el sacramento.
El pasado enero, el obispo de La Crose, Wisconsin, monseñor Raymond Burke, publicó un decreto por el que prohibía recibir la comunión a los legisladores católicos que apoyen el aborto o la eutanasia.
Para saber más sobre las implicaciones canónicas y pastorales de estas declaraciones, Zenit ha entrevistado al teólogo estadounidense Thomas Williams, decano de la Facultad de Teología del Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum» en Roma.
–¿La Iglesia está comenzando a adoptar una postura de línea dura sobre la recepción de la comunión?
–Padre Williams: La Iglesia siempre se ha tomado este tema con seriedad. En términos muy duros san Pablo amonestaba a la Iglesia en Corinto: «Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba de la copa». Esto está en 1 Corintios 11, 27-28.
El Código de Derecho Canónico de 1983, haciéndose eco de las enseñanzas del Concilio de Trento, en su canon 11, establece que, sin una razón muy seria, una persona que sea consciente de haber cometido un pecado mortal debería abstenerse voluntariamente de la comunión. «Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave… no comulgue el Cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental», dice el canon 916 del código de 1983.
–¿Pero no hay una gran diferencia entre animar a quienes están en situación de pecado de abstenerse de la comunión y prohibir la comunión a determinadas personas?
–Padre Williams: Sí, por supuesto. Mientras que cualquier persona que sea consciente de haber cometido un pecado grave de cualquier clase, oculto o público, debería abstenerse de la santa Comunión, sólo los pecados graves cometidos abierta o públicamente proporcionan argumentos para que los sacerdotes y obispos no admitan a la comunión.
La referencia a la ley canónica pertinente se puede encontrar en el canon 915. En su totalidad, este breve canon dice: «No deben ser admitidos a la sagrada comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave».
Este canon trata dos casos en los que los fieles no han de ser admitidos a la comunión. El primero tiene que ver con la excomunión y los interdictos –censuras eclesiásticas que prohíben la participación en los sacramentos– y el segundo se refiere a la persistencia obstinada en un pecado grave manifiesto.
–Entonces, en el caso de los políticos favorables al aborto, ¿estaríamos hablando de una situación de pecado grave manifiesto? ¿Qué significa?
–Padre Williams: El lenguaje técnico del código que se refiere a aquellos que «obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave» debe ser analizado cuidadosamente.
Cuatro elementos esenciales entran en juego, siendo todos ellos necesarios para satisfacer las condiciones planteadas en el canon 915. El primer elemento es «gravi peccato», en pecado grave. Esto sólo puede tomarse en referencia a la materia de la acción –o de la omisión– sin implicar necesariamente un juicio de culpabilidad subjetiva. «Pecado grave» en este caso simplemente significa mala conducta de una naturaleza seria.
El segundo requisito especificado en el canon 915 se refiere a un pecado «manifiesto». Esta estipulación limita la sanción a los pecados de naturaleza pública, y reitera la dimensión pública y eclesial de la santa Comunión, que significa una unión moral, espiritual y doctrinal con Cristo y con su Iglesia.
Tercero, para rehusar dar la comunión a una persona debe persistir –«perseverantes»– abiertamente en este comportamiento pecaminoso. Decir que una persona persiste en un pecado público significa que de alguna manera deja claro que planea seguir adelante en su comportamiento pecaminoso.
Finalmente, el Código habla de persistencia obstinada. El adverbio latino «obstinate» significa aquí que se ha informado a la persona debidamente del mal de su comportamiento pero elige deliberadamente persistir en él de todos modos.
Se da el caso de la persistencia inculpable en hacer el mal, cuando una persona no es consciente de una cierta actividad habitual es pecaminosa. Pero una vez que se le ha llamado la atención sobre el mal de sus acciones, su persistencia se califica como obstinada.
Juzgando de acuerdo a las consideraciones precedentes, queda claro que un político, que vota de manera que deja de defender la vida humana inocente de forma constante y que todo indica que su intención es seguir haciéndolo a pesar de las advertencias de las autoridades eclesiásticas, se puede decir que persiste obstinadamente en un comportamiento objetivamente malo de naturaleza pública. Y en este sentido cumple los requisitos del canon 915.
–En la Notificación de monseñor Burke, hecha pública el pasado enero, él habla de escándalo. No «respaldar la ley natural y divina con respecto a la dignidad inviolable de toda vida humana», escribe, «es un grave pecado público y escandaliza a todos los fieles». ¿Por qué habla de escándalo?
–Padre Williams: Con el término común «escándalo» se hace referencia a menudo a algo impactante y vergonzoso; la palabra viene del griego «skandalon», un bloque que se tambalea, y significa propiamente «la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal», como nos dice el Catecismo en su número 2284.
Debido a su preeminencia pública y a su autoridad moral, los políticos pueden, con su ejemplo, inducir a otros al bien o al mal.
Según el Catecismo, en el No. 2285: «El escándalo es grave cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a otros». Más adelante leemos en el No. 2286 que «se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres».
Junto con su papel práctico de hacer que ciertas acciones sean punibles o permisibles bajo la ley, la legislación civil tiene también un papel pedagógico y contribuye así a la formación de la opinión pública y de la conciencia privada.
La criminalización o legalización de determinadas actividades influye en la forma en que la gente ve la moralidad de tales actividades puesto que representa el juicio social de esta clase de comportamiento. Por eso los legisladores, aún más que otras figuras públicas, están llamados a un mayor nivel de responsabilidad debido a su autoridad moral y a la influencia que sus decisiones tienen en los demás.
–En sus comentarios del viernes 23 de abril, el cardenal Arinze indicaba: «La norma de la Iglesia es clara. La Iglesia católica existe en los Estados Unidos y allí hay obispos. Déjenlo que la interpreten». Si la norma es clara, ¿por qué es necesaria la interpretación?
–Padre Williams: Una cosa es la norma objetiva, otra la aplicación a los casos específicos.
Según el Código de Derecho Canónico, es competencia del obispo local –el «ordinario»– determinar cuándo se presentan tales situaciones y dar los pasos apropiados para corregir las causas.
El canon 1339 establece que el ordinario puede «reprender, de manera proporcionada a las circunstancias de la persona y del hecho, a aquel que provoca con su conducta escándalo o grave perturbación del orden». Es competencia de los obispos apli
car estas sanciones.
–¿Pueden ser vistas estas sanciones como política partidista?
–Padre Williams: En el caso específico de los políticos católicos que disienten abiertamente de la postura de la Iglesia a favor de la vida, es particularmente necesaria la prudencia.
Especialmente en las actuales circunstancias, cuando los principales partidos políticos se diferencian en estas materias, se debe tener mucho cuidado para evitar la apariencia de partidismo político, garantizando al mismo tiempo un mensaje inequívoco tanto de la posición de la Iglesia sobre el aborto como de la importancia que tiene para ella este tema por su centralidad de cara al bien común.
Cuando un partido político toma una postura contra la vida como componente fundamental de su programa, la Iglesia no tiene otra opción que condenarla. Si los pastores de la Iglesia dejaran claro a los políticos que el aborto es verdaderamente una cuestión no negociable y sobre la que están preparados a «dar guerra», ejercerían una considerable presión moral y política sobre los políticos para dar a este tema moral el peso que merece.
En ocasiones se necesita una voz profética que sacuda a la gente de su letargo moral, sobre todo cuando la gente ha llegado a aceptar como «normal» algo que realmente debería provocar rechazo moral.
Si el apoyo público al aborto no constituye razón pastoral suficiente para justificar el negar la Santa Comunión, resulta difícil imaginar cuándo sería apropiada esta medida.
–¿Es este tema realmente tan importante? ¿Deben realmente los obispos arriesgar su autoridad moral en el asunto de los legisladores que promueven el aborto?
–Padre Williams: Echar un vistazo al pasado puede ser instructivo. La historia tiende a ser severa en sus juicios a los líderes de la Iglesia que no utilizaron todos los medios a su disposición para poner fin a pecados notorios contra los derechos humanos.
Es suficiente con recordar acontecimientos de los últimos siglos como el comercio de esclavos africanos o el apartheid de la Alemania de Hitler para entender este argumento.
Las situaciones que parecían complicadas y complejas en su momento adquieren una peculiar tenebrosidad cuando son vistas a la luz de la perspectiva histórica.
Un desapasionado análisis de los hechos puede mostrar que la actual situación de legalización del aborto no es menos grave que los grandes temas de derechos humanos de otros tiempos.
Aunque podemos estar acostumbrados a la dura realidad del aborto, parece probable que una vez que la civilización alcance conciencia de esto, las generaciones futuras mirarán atrás a nuestro tiempo como uno de los más bárbaros de la historia, no sólo por nuestras guerras y nuestro terrorismo, sino especialmente por la exterminación aséptica de los miembros más indefensos de nuestra sociedad, los más pobres de los pobres, precisamente porque no tienen voz.
Además, la mera magnitud de la crisis –más de 40 millones de muertes planeadas de niños no nacidos en Estados Unidos desde la legalización del aborto en 1973– es suficiente para hacer del aborto el tema de justicia social más importante de todos los tiempos.
