SANTIAGO DE CHILE, lunes, 3 mayo 2004 (ZENIT.org).- Ante la decisión del Ministerio de Salud chileno de distribuir gratuitamente la «píldora del día después» en caso de violación, el arzobispo de Santiago de Chile ha recordado que la repulsa del delito no puede justificar la eliminación de una vida, efecto que puede producir este fármaco.
Éste «es presentado como un medio para aliviar el sufrimiento y reparar la injusticia de la cual ha sido víctima una persona querida e inocente, por parte de un agresor que ha irrumpido en su intimidad injusta y violentamente». –denuncia el cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa– en una carta distribuida el domingo pasado en todas las iglesias de la capital.
En su opinión, «la distribución gratuita de un fármaco cuya finalidad no es sanar, es un hecho más que controvertido. Peor aún, cuando se hace con dineros aportados por todos los contribuyentes, también de aquellos que rechazan en conciencia el fármaco y su distribución».
«No faltan las autoridades comunales que están dispuestas a entregarla gratuitamente [la píldora] a quienes la pidan, mientras otras se oponen a ello, y hacen objeción de conciencia», constata.
En su carta, el cardenal Errázuriz, ofrece una versión actualizada de «El derecho a la vida, también hoy y en todas las circunstancias», texto que escribió tres años atrás «cuando el Instituto de Salud Pública aprobó por primera vez en Chile la distribución de este fármaco (aprobación que posteriormente fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia)».
En el documento, el purpurado recuerda que «el ejercicio de la propia libertad tiene un límite infranqueable: el derecho a la vida de los demás» y advierte que la «píldora del día después» ha suscitado un interrogante de «gran polémica»: «¿elimina o no elimina una vida humana?».
«Para la aprobación de un nuevo fármaco –alerta–, es necesario probar positivamente que éste no es una amenaza para la vida del ser humano. Por eso, la investigación debía probar que la “píldora del día después” (Levonorgestrel) no impide la anidación del óvulo fecundado en el útero materno, es decir, que no elimina una vida humana en estado embrionario».
De todas formas, constata que «los laboratorios que la comercializan ya informan que uno de sus efectos puede ser el de impedir la implantación del óvulo fecundado en el útero materno, produciéndose así la pérdida de una vida humana».
«Pues bien –aclara el prelado–, cuando se trata de la vida humana, no es lícito emprender una acción, sin tener la seguridad de que esa acción no la mata».
«La Iglesia no puede ser incoherente en su enseñanza. Se trata de la defensa del derecho a la vida –subraya–. Por eso, con la misma energía con que intervino en favor de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, señaló hace pocos años que era hora de abolir la pena de muerte, por ser innecesaria e inhumana. De igual manera señala hoy la necesidad de defender el derecho a la vida de todo ser humano desde sus inicios».
En el «estremecedor caso de la violación», es «comprensible el dolor inmenso de quien la ha sufrido» así como «el rechazo total al agresor», reconoce el purpurado. Pero ello no puede justificar la eliminación «de una vida nueva e inocente que quiere nacer».
Para el arzobispo de Santiago, un país como Chile, «que tiene conciencia de su historia y ha puesto su empeño en sanar las heridas causadas por violaciones muy graves de los derechos humanos», necesita ser «un espacio propicio a la vida, en el cual las instituciones, las comunidades, las leyes, las costumbres y las familias favorezcan cuanto acoge, respeta, alienta y apoya a la vida; y cuanto sea expresión de solidaridad con ella».
Y es que «el respeto a la vida humana no admite discriminaciones». «No podemos caer en esa insoportable intolerancia», puntualiza el prelado.