La CEE advierte que «el reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales y, más aún, su equiparación con el matrimonio, constituiría un error y una injusticia de muy negativas consecuencias para el bien común y el futuro de la sociedad».
En este sentido, invita «a todos, en especial a los católicos, a hacer todo lo que legítimamente se encuentre en sus manos en nuestro sistema democrático para que las leyes de nuestro país resulten favorables al único verdadero matrimonio».
Al parlamentario católico, el episcopado le recuerda su «deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley que pretenda legalizar las uniones homosexuales».
La CEE ha considerado conveniente responder con esta Nota a los pasos políticos dados en orden a la equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio, que según el ministro de Justicia, permitiría en septiembre remitir «a
la Cámara un proyecto de Ley en este mismo sentido» que podría conducir a su legalización «para comienzos del año próximo».
Los obispos recuerdan que «el Estado no puede reconocer este derecho inexistente, a no ser actuando de un modo arbitrario que excede sus capacidades y que dañará, sin duda muy seriamente, el bien común».
El Comité Ejecutivo de la CEE habla de «la ficción legal del matrimonio entre personas del mismo sexo» e invita a pensar sobre «los efectos de una legislación que abre la puerta a la idea de que el matrimonio entre un varón y una mujer sería sólo uno de los matrimonios posibles, en igualdad de derechos con otros tipos de matrimonio».
«Si el Estado procede a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo, la institución matrimonial quedará seriamente afectada. Fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro todo el sistema económico. De igual manera, equiparar las uniones homosexuales a los verdaderos matrimonios, es introducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y, con ella, del justo orden social», sentencia la Nota.
A la vez que los obispos defiende que el Estado proteja «a los ciudadanos contra toda discriminación injusta» sostienen la «de proteger a la sociedad de las pretensiones injustas de los grupos o de los individuos».
«No es justo que dos personas del mismo sexo pretendan casarse. Que las leyes lo impidan no supone discriminación alguna. En cambio, sí sería injusto y discriminatorio que el verdadero matrimonio fuera tratado igual que una unión de personas del mismo sexo, que ni tiene ni puede tener el mismo significado social», dicen.
Desde un punto de vista antropológico, sólo el matrimonio entre un hombre y una mujer expresa «los significados unitivo y procreativo de la sexualidad humana», mientras que «las relaciones homosexuales, al no expresar el valor antropológico de la diferencia sexual, no realizan la complementariedad de los sexos, ni pueden engendrar nuevos hijos».
Contra la argumentación que sostiene «que la sexualidad puede ir hoy separada de la procreación», los obispos sostienen que «las posibilidades técnicas no pueden ser consideradas como sustitutivo válido de las relaciones personales íntegras que constituyen la rica realidad antropológica del verdadero matrimonio».
«El bien superior de los niños exige, por supuesto, que no sean encargados a los laboratorios, pero tampoco adoptados por uniones de personas del mismo sexo. No podrán encontrar en estas uniones la riqueza antropológica del verdadero matrimonio, el único ámbito donde, como Juan Pablo II ha recordado recientemente al Embajador de España ante la Santa Sede, las palabras padre y madre pueden «decirse con gozo y sin engaño»», añade la Nota.
