BUDAPEST, martes, 1 marzo 2005 (ZENIT.org).- El servicio a la dignidad y de los derechos de la persona así como al bien común debe ser el criterio fundamental de las relaciones entre poder local o regional y el poder central, considera la Santa Sede.
Así lo expuso el arzobispo Juliusz Janusz, nuncio apostólico en Hungría, al intervenir en la Conferencia de ministros europeos responsables de los poderes locales y regionales, en el ámbito de las actividades del Consejo de Europa, que se celebró en Budapest (Hungría) entre el 24 y el 25 de febrero.
«Cualquier implementación de la autonomía regional tiene que tener presente el bien común, es decir, el bien de todos y de la persona en su integridad», comenzó explicando el prelado, que guiaba la delegación vaticana en el encuentro.
La razón de la existencia de la administración pública, a nivel tanto nacional como regional y local es «servir al ser humano en todos los escalones del Estado para construir una sociedad más libre y responsable», añadió en su intervención en inglés publicada este martes por la Santa Sede.
«El buen gobierno local y regional es realmente la «conditio sine qua non» para que las autoridades locales y regionales mantengan fielmente su misión de servir al bien común de las comunidades», explicó.
La autoridad regional, «para ser buena», observó, «requiere una forma democrática de gobierno», que promueva «la participación en la vida pública de todos los que viven en la comunidad, sin despreciar a los extranjeros».
Y «la adecuada información es uno de los principales instrumentos de participación democrática», indicó.
Aplicando los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, el arzobispo siguió explicando que «el buen gobierno local y regional implica el respeto del principio de subsidiariedad».
Según la subsidiariedad, «una comunidad de una instancia superior no debería interferir en la vida interna de una comunidad de instancia inferior, privándole de sus funciones, sino que más bien debe apoyarle en caso de necesidad y ayudarle para coordinar su actividad con las actividades del resto de la sociedad, siempre teniendo en cuenta el bien común».
«Las necesidades de la comunidad son comprendidas y respondidas mejor por gente cercana y que actúa como buenos vecinos de los necesitados», reconoció.
«De todos modos –aclaró–, la subsidiariedad no debe excluir la necesidad de la solidaridad de las autoridades locales y regionales entre ellas y con las autoridades centrales, para contribuir siempre con el bien común».
«La autonomía local y regional no debería ser vista simplemente como una opción política, económica y cultural, sino en un contexto de solidaridad, sin descuidar intereses más amplios o las posibles necesidades de los sectores menos influyentes de la sociedad».
En un buen gobierno, añadió monseñor Janusz, «las autoridades políticas no olvidan o minusvaloran la dimensión moral de la representación política, que implica el compromiso por «compartir plenamente el destino de la gente y buscar soluciones a los problemas sociales».
Para esto se necesitan persona que tengan como objetivo del trabajo buscar el bien común y no «el prestigio o las ventajas personales».
De hecho, denunció, la corrupción política provoca «una creciente desconfianza en las instituciones políticas, causando una progresiva desafección de los ciudadanos ante la política y sus representantes, de la que se deriva una debilitación de las instituciones».
