BARCELONA, lunes, 7 marzo 2005 (ZENIT.org).- Defender el matrimonio, la libertad para elegir centro educativo y la erradicación de la pobreza son algunos de los temas que 93 entidades cívicas de Cataluña plantean a las administraciones.
El Barcelona Teatre Musical (el antiguo Palacio de Deportes de la capital catalana) se llenó absolutamente, sin un sólo asiento libre y con los pasillos y vestíbulos atestados por familias enteras con carritos de niños, grupos de jóvenes, matrimonios y ciudadanos en general.
Más de 5.000 personas acudieron al llamamiento de las 93 entidades del Pacto por la Vida y la Dignidad, una alianza de asociaciones catalanas nacida hace dos años para pedir medidas políticas a favor de la vida, la familia, las libertades y los más desfavorecidos. En junio de 2003 ya celebraron un mítin con unos mil asistentes; esta vez quintuplicaron la cifra.
A nivel de toda España también se creó a finales de enero el Pacto por los derechos y las libertades, con más de 200 asociaciones implicadas con objetivos similares.
La familia como institución básica de la sociedad, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la necesidad de que se promuevan medidas efectivas para erradicar la pobreza, la elección directa de los diputados y el respeto por el hecho religioso con sus símbolos y representaciones personales, fueron los principales argumentos de los discursos.
La concentración empezó con una misa que llenó el local. A continuación se desarrolló el acto propiamente dicho, con formato de mitin, en el que intervinieron el presidente de E-Cristians, Josep Miró i Ardèvol, el presidente del Grupo de Entidades Catalanas de la Familia (GEC), Daniel Arasa, la dirigente de la Asociación Pro Vida de Barcelona Dolors Voltas y la presidenta del Movimiento Cristiano de Maestros y Profesores (MCMP), Mercè Lajara, entre otros dirigentes de las organizaciones vinculadas a la iniciativa.
Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians y editor de ForumLibertas.com, denunció en su intervención las principales incoherencias de los gobernantes, y reclamó una nueva política de defensa de la vida, así como pensiones justas y un trabajo más decidido por la erradicación de la pobreza.
Daniel Arasa, presidente del Grupo de Entidades Catalanas de la Familia (GEC), aseguró que la familia «es aquel lugar donde el niño es acogido y amado, aquel ámbito que más influye en la educación, el lugar donde es arropado y apoyado el hijo que se queda sin trabajo y donde la abuela cuida a sus nietos y está contenta aunque armen jaleo».
El presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña, Ezequiel Miranda, comparó la ofensiva laicista en España con «una especie de mobbing religioso, de acoso moral a toda manifestación cristiana que se produce en todos los ámbitos de la vida social», señalando que «se fomenta, en gran medida, desde nuestra clase gobernante».
En representación de Médicos Cristianos de Cataluña, su vicepresidente, el doctor Ferran García-Faria habló de la píldora del día después, aprobada en España durante el mandato del Partido Popular pero financiada y repartida masivamente ahora por las administraciones socialistas, para recordar que es un producto abortivo y que, en esta manifestación de la cultura de la muerte, «son responsables tanto los que prescriben el fármaco como las que lo toman y quienes facilitan su comercialización».
En nombre de la Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Libres, habló Teresa Roquet, señalando que su colectivo «representa a más de 130.000 familias catalanas», y a continuación argumentó sobre la necesidad de la existencia de una escuela concertada «que es complementaria en relación con la pública; nunca son modelos enfrentados».
También recordó que «la educación no es un servicio público, sino un derecho que tenemos todos». Por eso concluyó que «no debe ser un monopolio de la administración» y que ésta «debe defender el carácter propio de cada centro», así como «la libertad que tienen los padres de elegir una educación acorde con sus convicciones y creencias».
Mercè Lajara, que se presentó como «una profesora que cree en la enseñanza pública», se dirigió directamente a los gobernantes en su calidad de presidenta del Movimiento Cristiano de Maestros y Profesores.
«Habría que buscar nuevas maneras para que las familias asuman sus responsabilidades educativas y aseguren una buena formación para ejercer como educadores», explicó.
En la misma línea, les preguntó si se han planteado de verdad «el por qué del elevado fracaso escolar», y les pidió que «no respondan superficialmente». También mostró su sorpresa por el hecho de que el Gobierno español se haya planteado implantar una asignatura de educación para la ciudadanía. «¿No les parece suficiente la enorme labor que se realiza por la educación en valores desde la tutoría y desde las familias?», preguntó.
Finalmente, la intervención de Maria Dolors Voltas, de la Asociación Pro Vida de Barcelona, se centró en las diferentes situaciones cotidianas en las que se producen, a veces inconscientemente por parte de todos, gestos a favor de la vida. «Cada una y cada uno hemos sido un embrión y hemos tenido una pequeña forma; pero más allá de la bioquímica, está la dignidad humana», destacó.
En otra de sus reflexiones, lamentó que «el derecho a la vida, en la práctica, haya quedado en este momento reducido a nada».
En los pasillos y vestíbulos diversas asociaciones y grupos vendían camisetas con eslóganes religiosos, bombones para financiar viajes a Roma, repartían información sobre charlas y conferencias.
Docenas de fedatarios de la iniciativa legistaiva popular que pretende reunir 500.000 firmas para que la ley defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer recogieron cientos de firmas. Cientos de niños alborotaban en la guardería y en los corredores.
En el público había políticos de la coalición nacionalista CiU, como Josep Antoni Duran i Lleida, el dirigente de Unió Democràtica de Catalunya, y también del Partido Popular, como los dirigentes catalanes Alberto y Jorge Fernández Díaz.
