HARARE, sábado, 25 junio 2005 (ZENIT.org).- Los obispos de Zimbabwe están cada vez más preocupados por la falta de respeto de los derechos humanos básicos por parte del gobierno. Desde las elecciones de 1980 que expulsaron del gobierno al régimen blanco, el país ha sido gobernado por el presidente Robert Mugabe y su gobierno del ZANU-PF. Las elecciones parlamentarias del pasado 31 de marzo confirmaron el control de este partido.
Sin embargo, las elecciones de marzo no fueron ni «libres ni justas», observaba en un reciente informe la organización no gubernamental International Crisis Group. Un informe de la organización, titulado: «Post Elecciones en Zimbabwe: ¿Qué será lo siguiente?», comentaba que las elecciones fueron manipuladas «a través de una serie de medios legales y extralegales para asegurar que la elección estuviera decidida mucho antes de que los primeros votantes emitieran su voto».
Además, el presidente Mugabe tiene el derecho de designar a otros 30 miembros del parlamento, que aumentarán bajo el ZANU-PF la mayoría de dos tercios necesaria para hacer enmiendas a la constitución.
Las pruebas del nuevo poder que goza ahora el partido en el gobierno se notan en la medida de las autoridades a principios de este mes de arrasar un distrito residencial en las cercanías de la capital de la nación, Harare. La zona, Mbare, era el mercado más grande del país, según un reportaje del Sunday Times del Londres del 5 de junio.
El reportaje del periódico explicaba que la Operación Murambatsvina, o «Limpiar la Inmundicia» comenzó a últimos de mayo, cuando se presentó la policía sin previo aviso en el barrio de chavolas de Hatcliff. Se ordenó a los residentes que volvieran a sus lugares de origen en el campo y todo fue destruido, incluyendo un gran orfanato. La Operación Murambatsvina se ha extendido a otras localidades.
El Sunday Times citaba las estimaciones del partido político en la oposición, Movimiento por el Cambio Democrático, que afirman que más de un millón de personas se han quedado sin hogar tras la operación, en un momento en que está a punto de comenzar el invierno. El partido de la oposición indicaba que las ciudades que han sido objetivo de la operación son aquellas que votaron contra el partido en el gobierno en las elecciones de 31 de marzo.
«Un gran crimen»
El gobierno replicó diciendo que los desahucios se llevaron a cabo para contener el crimen, según un reportaje del 10 de junio de diario británico Guardian. Sin embargo, el artículo indicaba que seis obispos católicos hicieron pública una declaración describiendo la actuación como un «gran crimen». Los obispos añadían: «Advertimos a los que lo perpetran… la historia los hará individualmente responsables».
El reportaje del Guardian rebajaba las estimaciones de las personas afectadas, comparadas con las citadas por el Sunday Times. Según el Guardian, más de 22.000 personas han sido arrestadas, con más de 200.000 víctimas por la destrucción de sus hogares.
El arzobispo de Harare, Mons. Robert Ndlovu, condenaba las actuaciones del gobierno, describiéndolas como «inhumanas», informaba el 12 de junio la BBC. El prelado declaró a BBC radio que carecía especialmente de consideración al llegar la estación invernal, y observaba que ahora se ha obligado a los niños pequeños a dormir a la intemperie.
Un reportaje el 11 de junio en el New York Times sobre los desahucios comentaba que al eliminar los mercados, dominados por los negocios ilegales, el gobierno espera recuperar el control sobre la economía y, sobre todo, obtener las muy necesarias divisas. Sin embargo, observaba el artículo, habiendo suplantado el mercado negro de modo amplio a la economía oficial, las actuaciones del gobierno probablemente sólo empeorarán la escasez de alimento y gasolina.
Otra persona crítica con el gobierno es el arzobispo de Bulawayo, la segunda ciudad más importante del país, Mons. Pius Ncube. Entrevistado por Associated Press el 27 de marzo, poco antes de las elecciones parlamentarias, llamaba a protestar pacíficamente en las calles con el fin de derrocar a Mugabe, diciendo que las elecciones estaban con toda certeza amañadas.
Associated Press informaba que tras el éxito de la oposición en las elecciones del 2000, cuando ganaron casi la mitad de los escaños, Mugabe comenzó a redistribuir las granjas pertenecientes a los blancos entre los negros zimbabwenses en una medida para lograr popularidad. El resultado ha sido desastroso para la economía, que se contrajo un 50% en los últimos cinco años. El índice de paro alcanza cerca del 70%, y el sector agrícola, en su momento la principal base económica de la nación, se ha derrumbado.
El mes pasado, Mons. Ncube habló de nuevo. En su viaje a Escocia para recibir el premio humanitario Robert Burns, declaró al Guardian, en un artículo publicado el 20 de mayo, que los partidos de la oposición necesitan proponer líderes alternativos que puedan enfrentarse a la dictadura de Mugabe. El arzobispo declaró que la gente carece de las necesidades más básicas, y advirtió que muchos morirían sin la ayuda alimentaria exterior. También acusó el gobierno de negar la ayuda alimentaria a las áreas que han votado a la oposición.
Amenazas de muerte
En una entrevista el 22 de mayo para el periódico escocés Sunday Herald, el arzobispo de Bulawayo describía a Mugabe como «un fascista, un fraudulento, un mentiroso y un asesino ateo». Hacía notar que la política económica del gobierno, en especial la confiscación de las granjas propiedad de los blancos, ha llevado a la ruina a la economía, con más de 3 millones de zimbabwenses – alrededor del 20% de la población – que ha huido del país.
Mons. Ncube también criticaba la utilización por parte del gobierno de tácticas intimidatorias, como las empleadas por el Milicia Nacional Juvenil, también conocida como Green Bombers. «Se han especializado en la violencia», declaraba el arzobispo. «Esto está asesinando las almas de los jóvenes», decía refiriéndose al adoctrinamiento utilizado con sus miembros jóvenes. También acusaba al gobierno de amenazar su vida, afirmando que los agentes de la Organización Central de Inteligencia le habían dicho: «Podemos matarte y enterrarte en una tumba poco profunda».
El arzobispo recibió el apoyo de los obispos escoceses, durante un encuentro el pasado 14 de junio. En una declaración hecha pública el mismo día por la Oficina Católica Escocesa de Medios, declaraban que «expresan su preocupación porque cerca de 100.000 de los zimbabwenses más pobres han sido desalojados hace poco de sus hogares por orden del presidente Robert Mugabe».
Y, refiriéndose a la reciente visita de Mons. Ncube, afirmaban: «Hablamos en apoyo del arzobispo y, junto con los miembros de Scotland Zimbabwe Group, queremos expresar nuestra solidaridad con los desposeídos y unirnos a nuestros hermanos obispos en Zimbabwe que hablan con honradez y justicia en defensa de la dignidad y humanidad del pueblo de Zimbabwe».
Falta de interés
En un intento por lograr apoyo internacional, un obispo católico y un prelado pentecostal de Zimbabwe visitaron Estados Unidos el año pasado. El Washington Post informó el 22 de octubre que el obispo Trevor Manhanga, de las Asambleas Pentecostales de Zimbabwe, declaró que la situación de su país corre el riesgo de ser ignorada.
Estaba acompañado del obispo católico de la diócesis de Manicaland, Mons. Patrick Mutume. Los dos se encontraron con miembros del congreso y con funcionarios del Departamento de Estado. Explicaron al Washington Post por qué se habían implicado ellos mismos en la política. «Como miembros de la Iglesia, tenemos que seguir educando a nuestro pueblo sobre cómo buscar y cómo elegir a funcionarios responsables».
El año pasado una declaración de la Conferencia Episcopal Sudafrica
na también expresaba su preocupación por Zimbabwe. En una nota de prensa con fecha del 11 de agosto, pedía a la comunidad internacional que adoptara acciones más contundentes, incluyendo sanciones contra Zimbabwe, para evitar más sufrimientos.
«La situación en Zimbabwe de hambre y desnutrición, violencia política e intimidación, y la utilización inmoral de la ayuda alimentaria por el gobierno de Zimbabwe exigen una intervención más seria y transparente de los gobiernos africanos», afirmaban los obispos.
En su último informe, International Crisis Group indicaba que otros gobiernos africanos no eran proclives a criticar a Mugabe, dado su trasfondo de héroe que condujo una revuelta con éxito contra el antiguo régimen blanco.
Por su parte, los gobiernos europeos y Estados Unidos se han mostrado abiertamente críticos con las autoridades de Zimbabwe, pero no han podido encontrar la forma de lograr cambios en la política de Mugabe. La larga prueba que sufre Zimbabwe puede durar todavía.
