QUERÉTARO, jueves, 15 de febrero de 2010 (ZENIT.org–El Observador).- Mediante un proceso legislativo agilísimo, que contrasta con la habitual lentitud de la Cámara de Diputados en México, la semana pasada fue aprobada –prácticamente por unanimidad– la reforma al artículo 40 de la Constitución para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano.
Los promotores de la reforma han dicho que con esto «se pone freno al activismo político de la jerarquía católica» mexicana. El ponente de la reforma, el antiguo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro, declaró a los medios de comunicación que «en pleno Siglo XXI es necesario que México siga tres principios constitucionales: respeto a la libertad de conciencia, autonomía de lo político frente a las normas religiosas y la no discriminación directa o indirecta de los seres humanos».
Durante toda la semana y, especialmente, este domingo, diversas voces de la Iglesia católica se han dejado escuchar, advirtiendo que esta reforma, además de innecesaria, crea un ambiente de sospecha y persecución a la libertad religiosa que, por ningún motivo, debe revivir en México viejas heridas como las que propiciaron leyes injustas y la llamada «guerra cristera» que se desarrolló entre 1926 y 1929.
Al comentar la reforma, el arzobispo de León, monseñor José Guadalupe Martín Rábago, subrayó que «la Iglesia católica no teme la laicidad del Estado, más aún, si bien se entiende, la Iglesia promueve el carácter laico del Estado como el recto camino jurídico para el reconocimiento en plenitud del derecho humano a la libertad religiosa».
El prelado dejó en claro, en un comunicado de prensa, que «un Estado laico no profesa ninguna religión y a ninguna privilegia, pero no puede ignorar el hecho social de la religión. Ser neutral en cuestión de creencias religiosas no debe impedir, sin embargo, la cooperación y la tutela democrática de ese derecho (a la libertad religiosa) al igual que los demás derechos humanos».
En entrevista con los medios de comunicación, el arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Íñiguez expresó que la reforma al artículo 40 es «muy lamentable, porque va contra el principio democrático de la igualdad de todos los mexicanos y porque va para atrás; quita libertades e igualdades».
Diputados de izquierda festejaron la reforma y uno de ellos, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que esta acción «es apenas una primera respuesta a la insolencia con la que se ha conducido la jerarquía eclesiástica católica», mezclándose en política y subordinando al poder del Estado.
Por su parte, el portavoz de la arquidiócesis primada de México, el sacerdote Hugo Valdemar Romero, apuntó que la reforma recién aprobada por la Cámara de Diputados «no tiene como fin defender al Estado laico, sino acotar la libertad religiosa de los ciudadanos».
«El Estado laico en México –dijo el vocero de la arquidiócesis primada– hace tiempo que está firmemente consolidado; nadie discute la conveniente y saludable separación de las esferas propias de la Iglesia y el Estado, pero sí es cuestionable que se entienda por laico una actitud irracionalmente antirreligiosa, específicamente anticatólica, que pretende regular y someter a la Iglesia en lo concerniente a su misión evangelizadora y social».
Por su parte, el portavoz de la Arquidiócesis de Chihuahua, padre Gustavo Sánchez Prieto, señaló que siempre y cuando se respete fehacientemente la laicidad, «como católicos y como mexicanos, no tenemos ningún interés en que se declare México como un país católico, nos basta con que en el respeto a la libertad religiosa, haya la libertad de expresión de los católicos, como tendrán derecho a expresión las demás convicciones religiosas».
En el mismo orden de ideas, el padre Manuel Corral, secretario ejecutivo de relaciones institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano, aseveró: «entre más laico es el Estado, es mejor para la sociedad»; por tanto, si la reforma «no tiene la intención de coartar la libertad y los derechos de la persona (…) es bienvenida, pero si busca amordazar, eso sería lamentable y triste, sería regresar a épocas pretéritas».
Cabe señalar que en México, 97 por ciento de la población, calculada en unos 110 millones de personas, profesan alguna religión, de las cuales 88 por ciento profesan la religión católica.
La reforma todavía tiene que ser sancionada por la Cámara de Senadores, aunque se prevé que siga adelante, pues todos los partidos de la Cámara de Diputados la aprobaron. Con ella México se convierte en una «República Representativa, Democrática, Federal y Laica».
Por Jaime Septién
