SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, sábado, 24 de abril de 2010 (ZENIT.org).- Publicamos el artículo que ha escrito monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de Las Casas con el título «Los derechos indígenas en el contexto de los derechos humanos».
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Fui invitado a participar en un Foro, que se realizó en la sede del Senado de la República, promovido por senadores y diputados federales que integran la Comisión de Concordia y Pacificación, establecida en 1995 para coadyuvar en la solución del conflicto armado que se hizo público el 1 de enero de 1994 en Chiapas, y que intenta ahora retomar los llamados «Acuerdos de San Andrés», firmados por el Gobierno y por los comandantes del EZLN, pero que no se plasmaron en la reforma constitucional del año 2001. Comparto algo de lo que expuse en esta ocasión.
Según algunos censos, en toda América hay más de 42 millones de indígenas; en México, hay cerca de 14 millones, de 56 etnias reconocidas. Sufren graves ataques a su identidad y supervivencia, pues la globalización económica y cultural pone en peligro su propia existencia como pueblos diversos. Su progresiva transformación cultural provoca la rápida desaparición de algunas lenguas y culturas. La migración, forzada por la pobreza, está influyendo profundamente en el cambio de costumbres y de relaciones entre ellos mismos. Sin embargo, se constata una clara emergencia de diversas etnias, que se hacen cada vez más presentes en la sociedad, exigiendo sus derechos.
Los datos estadísticos nacionales confirman que la mayoría de los indígenas no gozan de todos los derechos que, como mexicanos, debemos disfrutar, sino que viven empobrecidos y excluidos. Es limitado el derecho a la vida, pues muchas madres indígenas no tienen atención médica y alimentación suficiente durante el embarazo, por lo cual muchas abortan sin pretenderlo, algunas mueren en el parto, o nacen los hijos en condiciones infrahumanas. No gozan el derecho a la salud, pues en sus pueblos se dan los más altos índices de desnutrición y mortandad infantil. Es muy doloroso que enfermedades curables, sean mortales para ellos sólo porque no hay médicos ni medicinas a su alcance. No gozan el derecho a la educación escolar básica, pues en sus pueblos subsiste el analfabetismo. Las cárceles del país retienen injustamente a muchos de ellos, sólo porque son pobres y no tienen recursos para pagar un abogado, o una pequeña fianza.
Persiste un racismo inhumano y anticristiano contra ellos. Muchos mexicanos siguen pensando que ser indígena es equivalente a ser ignorante, sucio, tonto y, por tanto, objeto de desprecio y explotación. No faltan quienes consideran que tener tantos indígenas en el país es un signo de atraso, una vergüenza, un vestigio del pasado, y que lo mejor sería que ya no existieran. No se escucha su voz, no se les toma en cuenta, no se valora su palabra, no se aprecia su cultura, porque no se les conoce con el corazón. Se les ha regateado su derecho a ser reconocidos como pueblos originarios, como sujetos de derecho público para organizarse y administrarse, con formas políticas y sociales distintas a las del común del país. No se ha reconocido su derecho a ejercer justicia según algunas de sus costumbres muy sabias y efectivas. No se les ha tomado en cuenta en todos los casos para decidir obras públicas, como carreteras y construcciones, en sus territorios. Excepto en Oaxaca, no se reconoce su forma de elegir autoridades, sin tener que sujetarse a partidos y sistemas electorales ajenos a su cultura. Ellos proceden por asambleas en las que se trata de llegar a consensos, sin tener que recurrir a la mayoría de votos.
JUZGAR
No idealizamos las culturas indígenas, pues estamos conscientes de que hay también injusticias entre ellos mismos, marginación de la mujer, esclavitud a ciertas costumbres, tradiciones que no siempre respetan los derechos de todos y se imponen decisiones comunitarias que no toman en cuenta los derechos individuales. Hay intolerancias hacia las diferencias, hacia la diversidad, tanto en la política como en la religión. Todavía quedan unos lugares, cada día menos, donde no se tolera que alguien o algunos cambien hacia otra preferencia religiosa; a veces se les amenaza, se les expulsa y se viola su derecho a la libertad religiosa, consagrada en la Constitución y defendida por nuestra Iglesia.
Nosotros no alentamos la intolerancia; no promovemos que se les cobren cuotas para festividades religiosas, ni que se les impongan cargos de un credo diferente al propio. Hemos insistido en que las asambleas comunitarias deben respetar los derechos de todos a profesar la religión de su preferencia; sin embargo, no siempre nos hacen caso, pues para muchos la costumbre y la decisión de la asamblea es lo único que vale; no las leyes civiles, ni la Biblia. En contrapartida, también los católicos sufrimos intolerancias y ofensas de otras religiones.
Es de justicia reconocer que los gobiernos federal, estatal y municipal, en los sexenios y trienios pasados, han canalizado muchos recursos a Chiapas y a Estados con población indígena, para superar el rezago histórico que han padecido estos pueblos. Sin embargo, es tanto el desnivel y el desequilibrio en comparación con otras zonas y otros grupos sociales, que aún resta mucho para que llegue la justicia a estos mexicanos, hermanos nuestros y parte radical de nuestra historia y de nuestra identidad nacional. Desconocerlos es negarnos a nosotros mismos.
ACTUAR
Debemos caminar al unísono de nuestros hermanos indígenas, en el momento actual en que ellos irrumpen en la sociedad, reclamando el reconocimiento de su identidad cultural. Escuchar con respeto sus propuestas, sus inquietudes, sus necesidades, antes de proponer y aprobar nuevas leyes. Aunque se desee hacerles un bien, esto no se logrará sin tomarlos en cuenta a ellos. No basta escuchar a los no indígenas que decimos hablar por ellos; es de justicia darles la palabra y escucharlos con humildad.
Hay que avanzar en el reconocimiento de su personalidad jurídica como pueblos distintos, con historia e identidad propia. Reconocer, con los límites convenientes, su derecho a una legítima autonomía, autodeterminación y autogestión, dentro de la necesaria y pluriforme unidad nacional. Reconocer su derecho a disponer de sus territorios históricos y a ser consultados cuando se planean y se ejecutan obras o proyectos en sus tierras. Reconocer sus sistemas de elección de autoridades por medios distintos a los partidos políticos. Reconocer sus sistemas jurídicos y educativos, sus idiomas, su forma de hacer justicia y de resolver diferencias. Encontrar formas jurídicas para evitar más intolerancia religiosa, combinando los derechos comunitarios y los individuales.
