SAN SALVADOR, lunes, 26 abril 2010 (ZENIT.org).- El arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas lamentó este domingo la aprobación de una ley que convierte en delito la inmigración ilegal en Arizona, Estados Unidos, y pidió que esta no vulnere los derechos humanos de los indocumentados.
La ley SB1070, que criminaliza la inmigración ilegal, fue promulgada este viernes por la gobernadora del estado, Jan Brewer. Dicha norma convierte en delito menor la presencia ilegal en el estado y otorga a los departamentos policiales la autoridad de cuestionar el estatus de una persona si existe “sospecha razonable” de que es un inmigrante ilegal.
“Expresamos hoy nuestro total desacuerdo con la ley recientemente aprobada en el estado de Arizona, en Estados Unidos, por ser gravemente injusta, ya que incrimina a nuestros hermanos indocumentados, emigrantes, como que fueran personas malas, delincuentes”, declaró en una rueda de prensa el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.
A juicio del arzobispo, la entrada en vigencia de le ley violará los derechos humanos de los inmigrantes, por lo que es repudiable en todo sentido.
El prelado expresó la esperanza de que cuanto antes se apruebe en Estados Unidos una reforma migratoria integral que permita subsanar estas leyes arbitrarias y subrayó que los inmigrantes son “personas honestas, trabajadoras y de gran dignidad”.
Mientras tanto se están produciendo contra esta ley numerosas manifestaciones en la calle y por parte de varios gobiernos latinoamericanos. Grupos de latinos y en pro de los derechos humanos planifican un boicot hacia Arizona en represalia por la aprobación de la ley. Como parte del boicot los camioneros dejarán de recoger y dejar producto en territorio de Arizona.
México, Guatemala, Honduras y El Salvador reaccionaron al unísono. Estos países son los que más emigrantes, documentados e indocumentados, tienen en Estados Unidos.
México alertó que la nueva legislación “representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza y en América del Norte” y que se replanteará la relación con Arizona.
El canciller hondureño Mario Canahuati dijo que la normativa “pisotea” los derechos de los inmigrantes; el Gobierno guatemalteco señaló que “amenaza las nociones básicas de justicia”, mientras que el canciller salvadoreño Hugo Martínez teme que la ley desate “una persecución contra personas que trabajan, contribuyen a la economía y pagan sus impuestos en los EE.UU”. En un comunicado el Gobierno salvadoreño dijo que la ley podría generar discriminación de personas por su aspecto físico o su origen étnico.
Arizona es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes indocumentados a Estados Unidos y allí viven más de 1,8 millones de latinos (29% de su población), entre ellos 420.000 inmigrantes sin papeles.
El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación anunció que iniciará una querella contra la nueva ley migratoria, mientras que la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, que incluye a 30.000 iglesias evangélicas en todo Estados Unidos, señalaron que demandarán en el ámbito federal para impedir que se aplique la nueva norma en Arizona.
Por Nieves San Martín
