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May 03, 2010 00:00
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TUMACO, lunes 3 de mayo de 2010 (ZENIT.org).- Caritas Colombia ha solicitado al Gobierno que garantice la seguridad de los trabajadores humanitarios, ante las amenazas recibidas, mientras que la diócesis de Tumaco ha hecho público un comunicado pidiendo a los grupos armados que respeten el trabajo pastoral y humanitario. Las últimas amenazas proceden del Grupo Armado Los Rastrojos-Comandos Urbanos.
Caritas Colombia solicita al Gobierno que garantice la seguridad de las personas que prestan ayuda humanitaria tras las amenazas de que han sido objeto las organizaciones humanitarias que trabajan en este país.
“Aunque la situación ha mejorado en Colombia, últimamente también ha habido señales preocupantes por el rearme de los grupos paramilitares,” afirma monseñor Héctor Fabio Henao, director de Caritas Colombia.
“Este hecho, junto con la reactivación de la guerrilla de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] en los últimos meses y las ejecuciones extrajudiciales, son causa de gran preocupación para nosotros”, añade.
En Tumaco, Caritas ha sido amenazada concretamente por el grupo. La hermana Yolanda Cerón, jefa de Caritas Tumaco, fue asesinada en 2001 tras haber hecho declaraciones en contra de los grupos paramilitares. Un agente dedicado a tareas de ayuda de Caritas fue asesinado en la zona hace dos años. Además, Caritas Colombia afirma que últimamente se ha ejecutado a un misionero en el pueblo septentrional de Tierralta.
La diócesis de Tumaco hizo pública una declaración el 23 de abril en la que afirma que han recibido “nuevas amenazas”, la “Pastoral Social de la diócesis y otras organizaciones sociales, defensores de los derechos humanos, representantes de Naciones Unidas y otras personas específicas”. Las amenazas están fechadas el 10 de abril y firmadas por el Grupo Armado Los Rastrojos-Comandos Urbanos.
La declaración informa que “el grupo ha declarado que estas organizaciones y personas son objetivos permanentes y emitió un ultimatum”.
“La diócesis de Tumaco – añade la declaración – ve estas sistemáticas y continuas amenazas con gran preocupación, dado que afectan cada vez a más organizaciones y personas, sin tener en cuenta la reconocida misión de defensa de la vida de la Iglesia Católica, que está enraizada en el Evangelio de Jesucristo. Siempre repudiaremos todas las violaciones de los derechos civiles, cualquiera que sea la fuente”.
Así mismo la diócesis se muestra preocupada porque “desde la primera amenaza recibida en 2007, las instituciones gubernamentales pertinentes no han presentado resultados de sus investigaciones sobre estos crímenes repetidos”.
Y pide “una vez más” que el Gobierno colombiano “nos proporcione garantías para llevar a cabo nuestro trabajo en defensa de la vida y promueva acciones para proteger a las organizaciones y personas que están amenazadas”. Pide también que “presente los resultados de las investigaciones sobre las siete amenazas anteriores contra nuestras organizaciones”.
A los actores armados les piden que “respeten el trabajo pastoral de la Iglesia Católica y el trabajo de todas las personas y organizaciones implicadas en la asistencia humanitaria y defensa de los derechos étnicos y humanos”.
Y concluye invitando “a las organizaciones nacionales e internacionales a seguir el seguimiento de la situación y pidiendo que el Gobierno cumpla con los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos humanos en nuestro país”.
A los grupos paramilitares en Colombia se les atribuye la responsabilidad de masacres, asesinatos, violaciones, desplazamientos forzados y represión de los derechos humanos. El Gobierno ha desplegado esfuerzos por desmovilizarlos, pero parece que están aumentando de nuevo.
Los grupos paramilitares de derecha, los grupos guerrilleros de izquierda y el Gobierno colombiano vienen librando desde hace varios decenios una guerra civil en la que muchas personas han perdido la vida o resultado heridas como consecuencia de minas de tierra, y millones de otras han huido de sus hogares.
Por Nieves San Martín