“La resolución contra el obispo de Cartago lesiona la libertad de expresión”

SAN JOSÉ, martes 11 de mayo de 2010 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal de Costa Rica hizo público este lunes un comunicado en defensa de monseñor José Francisco Ulloa Rojas. Una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones llama al obispo de Cartago a no exhortar a los fieles sobre propuestas políticas de los candidatos.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica, en el voto N.º 3281-E1-2010, de 3 de mayo, decidió sobre el recurso de amparo electoral interpuesto por Yeudy Blanco Vega y otros contra monseñor José Francisco Ulloa Rojas, por amenaza a los derechos político-electorales de los ciudadanos.

El obispo de Cartago pidió no votar en febrero por los candidatos presidenciales que apoyaran la eliminación del carácter católico del Estado costarricense y otras prácticas que contravienen la doctrina de la Iglesia, en su homilía de 6 de setiembre de 2009, durante la festividad religiosa conocida como “La pasada de la Virgen”.

“Este Tribunal, de acuerdo a los mandatos constitucionales que rigen la materia, está obligado a hacer un llamado al recurrido, monseñor Ulloa, para que en lo sucesivo, evite exhortar de manera expresa a los feligreses para que declinen el ejercicio del sufragio cuando las propuestas de orden político que hagan los candidatos no resulten acordes con las ideologías religiosas preceptuadas por la Iglesia”, explica la sentencia del TSE.

Ante esta resolución, el comunicado de la Conferencia Epispocal de Costa Rica –firmado por su presidente Hugo Barrantes Ureña y su secretario Oscar Fernández Guillén- hace una serie de manifestaciones relativas al caso.

En primer lugar afirma que “la resolución antes citada, lesiona la libertad de expresión, como derecho humano fundamental defendido en toda sociedad democrática”.

Añade que “esta excepción a la libertad de expresión contemplada en el párrafo tercero del artículo 28 de la Constitución, es una odiosa discriminación, que amerita una reforma acorde con la doctrina universal de los Derechos Humanos”.

Los obispos de Costa Rica afirman además que “el Tribunal Supremo de Elecciones en funciones de tribunal constitucional, opta injustificadamente por una interpretación extensiva a una limitación a las libertades públicas de los ciudadanos”.

Según los prelados, “monseñor José  Francisco Ulloa Rojas en el desempeño de su misión como pastor, cumplió con el deber de iluminar el momento político que vivía el país. Nunca impuso a los fieles seguir su criterio, ni señaló su incumplimiento como pecado”.

En su resolución, el Tribunal Supremo de Elecciones prevenía también a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, por medio de su presidente, el arzobispo Hugo Barrantes, que debe “advertir a los obispos que la conforman, de no incurrir en conductas como la cuestionada”.

A esto, el comunicado responde que “dada la naturaleza de la Conferencia Episcopal como órgano colegial para coordinar algunas acciones pastorales, su presidente no ejerce potestad jurisdiccional-disciplinaria alguna sobre los obispos en sus diócesis, por lo que resulta impropio el mandato dado al presidente de la Conferencia Episcopal, emitido en la sentencia”.

Los obispos se solidarizan “en el espíritu de comunión que nos anima” con monseñor José Francisco Ulloa Rojas “en este momento y en las acciones que emprenda en defensa de sus derechos fundamentales, ante las instancias y organismos competentes”.

Reiteran así mismo su “respeto al ordenamiento jurídico costarricense, el cual está informado por la doctrina de Derechos Humanos y el Derecho Natural”.

Y concluyen afirmando que, como pastores de la Iglesia, no cejarán en su misión “de anunciar el Evangelio a todo hombre y mujer de buena voluntad, en especial predicando el valor absoluto de la Vida Humana, los valores de la familia y de la Doctrina Social de la Iglesia en fidelidad a Cristo y a nuestro pueblo”.

Por Nieves San Martín