LA HABANA, jueves 23 de junio de 2011 (ZENIT.org).- “La mediación de la Iglesia”, un artículo firmado por Orlando Márquez, portavoz del arzobispado de La Habana, en el próximo número de junio de la revista Palabra Nueva, ha sido ofrecido antes en la página web de la Archidiócesis, este miércoles 22 de junio.
La publicación coincide con una reciente intervención en el Parlamento español del diputado del Partido Popular,c on duras acusaciones contra el cardenal Jaime Ortega. El diputadoTeófilo de Luis afirmó que los expresos cubanos y sus familias habían sido “desterrados”, y criticó la “colaboración vergonzante” del cardenal Ortega con el régimen castrista, acusando al purpurado de presionar a los presos y de no actuar en nombre de toda la Iglesia cubana, sino a título personal.
En su artículo, Márquez afirma que “en estos tiempos cualquiera emite una opinión, aunque no tenga una buena información, o no tenga ninguna” porque “hoy suele vender más la opinión agresiva y denostadora, sea por error tomado de otros o calumnia intencionada”. Sin embargo, recuerda que tanto la comunicación como quienes se profesan cristianos “necesitan de la verdad”.
En este sentido, Márquez considera oportuno –cuando ha transcurrido un año desde el histórico encuentro Iglesia-Gobierno, que dio lugar a un diálogo inédito- “que ha tenido como uno de sus resultados la excarcelación de más de cien ciudadanos cubanos, referirse a estas excarcelaciones y expresar de modo sintético cuál ha sido el papel de la Iglesia”.
“Después –añade–, es probable que se mantengan las posturas erradas y el rechazo a la verdad dicha, al menos la verdad que se puede decir en este momento desde la Iglesia, pero eso ya no podría considerarse ignorancia sino perversidad”.
Cuando el cardenal Jaime Ortega, acompañado del canciller de la archidiócesis Ramón Suárez, recibía el 1 de mayo de 2010 a un grupo de esposas de presos cubanos, conocidas como Damas de Blanco, “se abría la posibilidad de un proceso de mediación de la Iglesia entre estas personas y las autoridades cubanas”, recuerda el articulista.
Con una aclaración: El conflicto era entre las autoridades cubanas por un lado, que habían sancionado y mantenían en prisión a un grupo de ciudadanos opuestos al modo de gobernar de esas autoridades y que habían violado las leyes (una ley puede ser justa o injusta, pero a los efectos prácticos es ley, o precepto establecido que manda o prohíbe cosas); del otro lado los familiares de los presos: esposas, madres e hijas, quienes reclamaban la libertad de estas personas en nombre de la unidad familiar.
En cierto momento, al interceder el cardenal Ortega contra el acoso a estas mujeres en las afueras de una iglesia, la Iglesia se convirtió en tercera parte no invitada directamente, pero convencida de que le correspondía actuar para poner fin al acoso.
Cuando una de las partes –las autoridades cubanas–, respondió positivamente al reclamo de poner fin al acoso y pidió a la Iglesia que trasmitiera esto a los familiares, y al mismo tiempo pedía que estos comunicaran, por medio de la Iglesia, qué deseaban, se dio el primer paso para la mediación, concretada cuando estas personas aceptaron a su vez responder a la demanda por medio de la Iglesia. Ambas partes en conflicto se reconocieron y comunicaron entre sí, indirectamente, con la mediación de la Iglesia.
Aunque hay un vínculo filial o de sangre entre el grupo de las Damas de Blanco y los presos, sus reclamos e intereses son en esencia distintos, pues demandaban reunificación familiar, mientras que sus familiares presos reclamaban cambios políticos.
Las autoridades reconocieron lo primero y no lo segundo. Era improcedente esperar o pedir a la Iglesia que hablara por los opositores en una “mesa de negociaciones”. Se trataba tan sólo de una mediación humanitaria.
Sin embargo, lo que la Iglesia sí ha hecho durante muchos años, es afirmar que hay que escuchar a todos quienes desean aportar ideas y esfuerzos por el bien del país. “Esto no tiene que ver con posturas políticas, sino con convicciones filosóficas y éticas que están en la médula del cristianismo”, subraya Márquez.
Y relata en síntesis los acontecimientos. Las Damas de Blanco presentaron al cardenal Ortega aquel 1 de mayo las tres demandas a comunicar a las autoridades cubanas: acercar a los presos a sus lugares de residencia, pues algunos cumplían sanción en provincias lejanas; liberar cuanto antes a los más enfermos, empezando por el preso Ariel Sigler Amaya; y permitir que sus seres queridos salieran de Cuba, aunque fuera solos, pues era preferible a tenerlos en prisión.
Se trataba de reclamos humanitarios, no políticos. Las presentes en la reunión eran cinco mujeres relacionadas directamente con sólo cuatro presos, pero afirmaron representar a los 53 aún en prisión, de los 75 sancionados en 2003.
Esto fue trasmitido por la Iglesia en el encuentro de 19 de mayo de 2010 al que asistieron, por un lado, el presidente Raúl Castro, y por el otro el cardenal Ortega y el arzobispo de Santiago de Cuba Dionisio García, presidente de la Conferencia Episcopal.
En esa reunión,el Gobierno acogió el reclamo, y se comprometió a revisar esos y todos los casos sancionados por motivaciones políticas. Cuando el cardenal Ortega reveló, en rueda de prensa, las posibilidades que se abrían, “era evidente que algo inédito y novedoso comenzaba a tomar forma en Cuba” (Palabra Nueva, Nº 196, mayo 2010).
El 1 de junio, la Iglesia anuncia los primeros traslados de presos. Once días más tarde se anuncian nuevos traslados, y la primera excarcelación bajo la condición Licencia Extrapenal del más enfermo (semanas después viajó a Estados Unidos).
El proceso de mediación comenzaba a dar frutos, y entonces, España propuso acoger a los excarcelados que desearan trasladarse a este país. El 7 de julio, el gobierno cubano comunicó a la Iglesia y a España –mientras visitaba la Isla el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos– que excarcelaría a los restantes 52, y el 8 de julio se anunciaban las primeras cinco excarcelaciones de quienes aceptaron viajar a España con parte de su familia.
Al revisar otros casos fuera de los 53 iniciales, el gobierno cubano excarceló finalmente un total de 126 prisioneros, 114 de los cuales viajaron a España con familiares (a ellos se añadió otro que ya estaba en Licencia Extrapenal), sumando cerca de 800 personas.
Las autoridades propusieron que fuera la Iglesia quien comunicara a los presos su futura excarcelación y la propuesta de viajar a España.
“El cardenal Ortega personalmente quiso hacer las llamadas y hablar directamente con cada preso –por razones mayores en alguna ocasión delegó en otros la misión de hablar con los reclusos–, quiso escuchar personalmente sus inquietudes, pudo interceder y lograr visitas para los casos que deseaban consultarlo con la familia antes de decidir, pudo bendecirles y desearles lo mejor en la nueva vida que iniciarían en España, si esta era su decisión”, afirma Márquez.
“Nunca intentó convencer a nadie de emigrar –subraya–. De los 52, solo 12 dijeron que no deseaban viajar a España, y permanecen en Cuba. Unos pocos preguntaron si viajar era una condición para salir de la cárcel, a lo que el cardenal les respondía que no, y les aseguraba que serían excarcelados posteriormente, como ocurrió. Quienes aceptaban viajar, eran conducidos a un lugar y sus familiares a otro, separados, mientras se procedía con los trámites migratorios, en los que la Iglesia no tuvo participación alguna. Al llegar al aeropuerto los esperaban funcionarios de la Embajada y Consulado españoles quienes les preguntaban si salían de Cuba por voluntad propia y si este era el caso les pedían firmaran una declaración de conformidad, pues España no aceptaba trasl
adar a ninguno por la fuerza. Todos dieron su consentimiento y firmaron”.
Por ello, afirma el portavoz del arzobispado de Cuba, “es incorrecto afirmar que fueron forzados al exilio, u obligados a viajar como condición para no seguir en prisión. Más incorrecto aún es decir que el gobierno cubano y la Iglesia se aliaron para desterrar a estas personas. La mejor prueba contra esta afirmación, quizás, sean los doce que decidieron permanecer en Cuba. Puede decirse que, por compromisos o presiones familiares, o por la experiencia de casi ocho años de encarcelamiento en condiciones que solo ellos conocen, cualquiera acepta la propuesta. Pero es más honesto decir esto –y perfectamente comprensible– que acusar falsamente a otros de conspirar para lograr la expulsión del país de estas personas. A la postre, por increíble que pareciera al inicio, se cumplió precisamente lo que pidieron las mujeres que se reunieron con el cardenal Ortega el 1 de mayo de 2010. Y los gobiernos de Cuba y España sobrepasaron aquellos reclamos”.
“La mediación de la Iglesia, concretada en las excarcelaciones, no fue la solución ideal”, reconoce Márquez. Su propósito era lograr, mediante el diálogo, una salida a la gran tragedia de estas familias. Pero es bueno decir también, añade, “que no fue una mediación neutra, sino bien comprometida, que tomó riesgos y aceptó estar en el epicentro del torbellino, teniendo para todos, de un lado y otro, una mirada pastoral y caritativa, la caridad cierta que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La caridad que nunca pasará, y permanece viva y dispuesta para toda oportunidad que la reclame”.
“Las leyes que llevaron a estas personas a la cárcel permanecen vigentes –afirma–. Ahora, o en un futuro no lejano, es necesario que el país finalmente logre un espacio en el que las diferentes opiniones, intereses y criterios, puedan encontrarse y fundirse en un proyecto común y universal propio, no atado a intereses foráneos”. “Tal negociación aún no ha sido programada, ni se vislumbra en el horizonte, pero debe ser un propósito”, concluye.
Ver también: http://www.palabranueva.net/contens/pag_ultima4.html; http://www.zenit.org/article-39644?l=spanish.
Por Nieves San Martín
