MADRID, martes 8 noviembre 2011 (ZENIT.org).- El próximo 17 de diciembre, serán beatificados en la catedral de la Almudena de Madrid veintidós religiosos oblatos fusilados en distintos momentos, entre julio y noviembre, a raíz de los acontecimientos políticos que vivió España en 1936, tras el fracaso del golpe militar y el estallido de una cruel y terrible guerra civil de tres años, con una persecución religiosa inédita por su barbarie.
Los veintidós religiosos pertenecían a la congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada (OMI), que se habían establecido en el barrio de la Estación de Pozuelo de Alarcón, Madrid, en 1929. Ejercían su ministerio como capellanes en tres comunidades de religiosas y colaboraban en las parroquias del entorno.
Los jóvenes escolásticos (estudiantes) impartían catequesis en cuatro parroquias vecinas y la coral oblata solemnizaba las celebraciones litúrgicas. Esa actividad religiosa comenzó a inquietar a los comités revolucionarios del barrio de la Estación.
La comunidad religiosa de los Oblatos no se dejó intimidar. Extremó las medidas de prudencia, asumiendo el compromiso de no responder a ningún insulto provocador. Pero se mantuvo el programa de formación espiritual e intelectual, sin renunciar a las diversas actividades pastorales del programa de formación sacerdotal y misionera de los estudiantes.
El 20 de julio de 1936, hubo nuevos incendios de iglesias y conventos, sobre todo en Madrid. Los milicianos de Pozuelo asaltaron la capilla del barrio de la Estación, sacaron a la calle ornamentos e imágenes y los quemaron. Incendiaron luego la capilla y repitieron la escena en la parroquia.
El 22 de julio, milicianos armados asaltaron el convento y detuvieron a los 38 religiosos, vigilados y encañonados. Tras un registro de la casa en busca de armas, lo único que hallaron fueron cuadros religiosos, imágenes, crucifijos, rosarios y ornamentos sagrados. Desde los pisos superiores, todo fue arrojado por el hueco de la escalera a la planta baja para quemarlo en la calle.
El día 24, se producen las primeras ejecuciones. Sin interrogatorio ni juicio, sin defensa, llamaron a siete religiosos. Los primeros sentenciados fueron: Juan Antonio Pérez Mayo, sacerdote, profesor, 29 años; y los estudiantes Manuel Gutiérrez Martín, subdiácono, 23; Cecilio Vega Domínguez, subdiácono, 23; Juan Pedro Cotillo Fernández, 22; Pascual Aláez Medina, 19; Francisco Polvorinos Gómez, 26; Justo Gónzález Lorente, 21. Fueron introducidos en dos coches y llevados al martirio.
El resto de los religiosos permanecieron presos en el convento y dedicaban sus horas de espera a rezar y prepararse a bien morir.
Alguien, probablemente el alcalde de Pozuelo, comunicó a Madrid el riesgo que corrían los demás y ese mismo día 24 de julio llegó un camión de Guardias de Asalto con orden de llevar a los religiosos a la Dirección General de Seguridad. Al día siguiente, tras cumplir unos trámites, inesperadamente quedaron en libertad.
Buscaron refugio en casas particulares. El provincial se arriesgaba y desvivía por darles ánimo y llevarles la comunión. Pero en el mes de octubre, por orden de busca y captura, fueron detenidos y llevados a la cárcel.
Allí soportaron un lento martirio de hambre, frío, terror y amenazas. Hay testimonios de algunos supervivientes de cómo aceptaron con heroica paciencia esa difícil situación que les hacía prever la posibilidad del martirio. Reinaba entre ellos la caridad y el clima de oración silenciosa. En noviembre, llegaría el final de aquel calvario para la mayoría de ellos.
El día 7, fue fusilado el padre José Vega Riaño, sacerdote y formador, de 32 años, y el estudiante Serviliano Riaño Herrero, de 30. Éste, al ser llamado por los verdugos, pudo acercarse a la celda del padre M. Martín y pedirle la absolución sacramental por la mirilla.
Veinte días después, tocaría el turno a los otros trece. El procedimiento fue el mismo para todos. No hubo acusación, ni juicio, ni defensa. Sólo la proclamación de sus nombres a través de potentes altavoces: Francisco Esteban Lacal, superior provincial, 48 años; Vicente Blanco Guadilla, superior local, 54 años; Gregorio Escobal García, sacerdote recién ordenado, 24 años; y los hermanos escolásticos: Juan José Caballero Rodríguez, subdiácono, 24 años; Publio Rodríguez Moslares, 24 años; Justo Gil Pardo, 26 años; José Guerra Andrés, 22 años; Daniel Gómez Lucas, 20 años; Justo Fernández González,18 años; Clemente Rodríguez Tejerina, 18 años; y los hermanos coadjutores Ángel Francisco Bocos Hernández, 53 años; Marcelino Sánchez Fernández, 26 años y Eleuterio Pardo Villarroel, 21 años.
Se sabe que el 28 de noviembre de 1936 fueron sacados de la cárcel, conducidos a Paracuellos de Jarama y allí ejecutados. Un estudiante que iba en otro camión, atado codo con codo, con el padre Delfín Monje, y que fueron misteriosamente indultados cerca del lugar de la ejecución, dijo a su compañero: “Padre, me de la absolución general y usted rece el acto de contrición, que nos llega el fin. El padre, 18 años más tarde, se lamentaba: ¡Lastima no haber muerto entonces! ¡Nunca estaré tan bien preparado!”.
El neosacerdote Gregorio Escobar había escrito a su familia “Siempre me han conmovido hasta lo más hondo los relatos del martirio que siempre han existido en la Iglesia, y siempre al leerlos un secreto deseo me asalta de correr la misma suerte que ellos. Ese sería el mejor sacerdocio a que podríamos aspirar todos los cristianos: ofrecer cada cual a Dios su propio cuerpo y sangre en holocausto por la fe ¡Qué dicha sería la de morir mártir!”.
Consta en el proceso diocesano que todos murieron haciendo profesión de fe y perdonando a sus verdugos y que, a pesar de las torturas psicológicas durante el cruel cautiverio, ninguno apostató, ni decayó en la fe, ni se lamentó de haber abrazado la vocación religiosa.
En julio pasado, Benedicto XVI confirmaba la fecha de la beatificación y la Secretaría de Estado lo comunicaba al padre Louis Lougen, superior general, y al postulador general, padre Joaquín Martínez Vega. La celebración tendrá lugar en la catedral de la Almudena de Madrid el sábado 17 de diciembre.
Gregorio Escobar Barbarin, sobrino del joven sacerdote recién ordenado asesinado a los 24 años, que lleva su nombre, única familia que queda en Estella, Navarra, del mártir declaró este martes al Diario de Navarra: “Momentos como éste son la ocasión que tenemos todos de caminar hacia la reconciliación”.
Gregorio, que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Estella, entre 1999 y 2003, cree que es necesario aprender de la historia: “Gregorio y sus compañeros entregaron generosamente su vida en correspondencia con su fe. Sus jóvenes corazones tan sólo anhelaban ofrecer ayuda y consuelo a quien lo necesitase. Sin embargo, fueron llevados como ovejas al matadero en medio de un caos de odio y confusión”, declara Escobar Barbarin.
Por Nieves San Martín
