ROMA, martes 24 enero 2012 (ZENIT.org) – El año pasado, por primera vez desde 1976, cuando se reintrodujo la pena capital en Estados Unidos, el número anual de nuevas condenas a muerte fue inferior a cien. Lo revela el Death Penalty Information Center (Centro de Información sobre la Pena de Muerte), que publicó a fin de año su informe anual The Death Penalty in 2011: Year End Report (La Pena de Muerte en 2011: Informe Final Anual).En 2011, las nuevas condenas a muerte se redujeron a 78, una drástica caída respecto al año récord de 1996, cuando se emitieron 315 sentencias a la pena capital. El declive comenzó a finales de los años 90, cuando hubo un promedio de 300 sentencias por año. Desde entonces el número ha disminuido constantemente. También el número de ejecuciones se ha reducido a 43, es decir, tres menos que el año pasado.
Sólo 13 estados llevaron a cabo ejecuciones en 2011, de los cuales el 74% fueron en el Sur, refiere el informe. Y sólo 8 estados hicieron más de una ejecución. Como de costumbre, Texas es el estado con el mayor número de ejecuciones: 13. Como señala el informe, la cifra representa sin embargo, una reducción del 46% respecto a 2009, cuando se llevaron a cabo 24 ejecuciones, e incluso un descenso en comparación con 2010, que tuvo 17 ejecuciones.
Desde 1976, sobre el número total de 1.277 ejecuciones, 477 fueron ejecutadas en Texas, o sea el 37% del total. En 2011, sin embargo, hubo sólo ocho nuevas sentencias de muerte.
En enero de 2011, la asamblea legislativa de Illinois votó a favor de la derogación de la pena de muerte, sustituyéndola por la de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El voto convirtió a Illinois en el cuarto estado en otros tantos años en abolir la pena capital.
Una de las razones que motivaron a Illinois fue el coste económico de la pena de muerte. Una comisión estatal puso de relieve que, en los últimos siete años, se habían gastado cien millones de dólares para ayudar a los condados con procesos judiciales por pena capital.
«La evidencia que me presentaron exfiscales y jueces, con décadas de experiencia en el sistema de justicia penal, me ha convencido de que es imposible concebir un sistema que sea coherente, que esté libre de discriminación basada en la raza, geografía o circunstancia económica, y que obtenga siempre justicia», dijo el gobernador Pat Quinn, al firmar la nueva ley.
En la actualidad, hay 34 Estados que mantienen la pena de muerte. Además, el gobernador de Oregon, John Kitzhaber, ha suspendido una ejecución inminente en noviembre pasado y ha declarado que no habrán más ejecuciones durante su mandato.
Siempre a nivel de los estados, el presidente de la Corte Suprema del estado de Ohio convocó a un comité de 21 personas para estudiar los problemas relacionados con la pena de muerte. También –revela el informe–, un juez de la Corte Suprema de Pennsylvania describió el trabajo apelatorio llevado a cabo en muchos de los casos capitales, como caracterizado por «el caos y la incongruencia» y exigió «una reforma inmediata.»
Opinión
Continúa disminuyendo incluso el apoyo a la pena de muerte. Según el informe, la encuesta anual Gallup sobre la pena de muerte reveló que el año pasado sólo el 61% de los encuestados estaban a favor de la pena de muerte, el nivel más bajo en décadas.
El informe señala también que la aplicación de la pena de muerte sigue siendo muy arbitraria. En 1972, el Tribunal Supremo detuvo el recurso a la pena de muerte porque consideraba que venía siendo aplicada de una manera impredecible y arbitraria.
Tras los cambios introducidos en las leyes de algunos estados, la Corte Suprema readmitió el uso de la pena de muerte en 1976. Sin embargo, las sentencias capitales siguen siendo aplicadas de forma muy incoherente, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Esta acusación se refuerza con una investigación reciente llevada a cabo por el profesor John Donohue, de la Stanford Law School, que analiza las sentencias de muerte de 1973 a 2007 en el estado de Connecticut. Según Donohue –como señala el resumen de los resultados de su investigación hecha pública el 12 de enero pasado, por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte–, «el récord por parte del Estado de los casos elegibles para la pena de muerte evidencia una política caótica y malsana en el campo de la justicia penal, que no sirve ni a la disuasión ni a la retribución a la sociedad».
Donohue señaló que se puede definir el sistema de la pena capital en el estado como de «arbitraria y discriminatoria».
Según el estudio, no hay una diferencia significativa entre los asesinatos elegibles para la pena de muerte, en los que los fiscales buscan la pena de muerte, y aquellos que no lo son.
También los factores raciales influyen gravemente sobre la probabilidad de recibir una condena a muerte. Los acusados que pertenecen a una minoría racial que cometen asesinatos de víctimas blancas, elegibles para la pena de muerte, corren seis veces más el riesgo de recibir una sentencia de muerte, respecto a los imputados pertenecientes a minorías que cometen homicidios de víctimas pertenecientes a minorías, descubrió Donohue.
Todo indica que en 2012 continuará la tendencia de alejarse de la pena de muerte. El lunes 16 de enero, el Centro de Información sobre la Pena de Muerte informó que el Senado de Illinois aprobó recientemente una resolución para iniciar un estudio sobre la pena de muerte. El informe tocará temas como la justicia, la equidad y los costes de la pena capital.
Desde que en 1978 Pennsylvania reinstauró la pena de muerte, sólo tres personas fueron ejecutadas, pero hay más de doscientos presos condenados a muerte en los corredores de la muerte.
Por P. John Flynn LC
Traducido del inglés por José Antonio Varela
