CIUDAD DE GUATEMALA, martes 20 noviembre 2012 (ZENIT.org).- Los obispos de Guatemala, en medio del dolor por la destrucción producida por el reciente terremoto, escriben una carta pastoral con el título «¿Entonces, qué debemos hacer?». Hacen un análisis de la situación del país y se refieren a «otros cataclismos» que afectan a la sociedad de esta nación centroamericana.
Recuerdan los obispos guatemaltecos que el 7 de noviembre «la tierra se estremeció una vez más en Guatemala». Este último terremoto «ha golpeado principalmente al Occidente y Suroccidente del país, siendo el departamento de San Marcos el más afectado».
Los prelados lamentan «profundamente la pérdida de vidas humanas, que ha sembrado un hondo sufrimiento en el corazón de muchas familias guatemaltecas». También «la destrucción de viviendas y edificaciones que vienen a sumarse a la situación de pobreza y necesidad de muchos». «Esta tragedia –afirman- nos une a los guatemaltecos en el dolor pero debemos también verla como un llamado a la generosidad y solidaridad entre hermanos, a reaccionar unidos en la esperanza».
Pero los obispos señalan que en el país centroamericano se viven «otro tipo de cataclismos» que deben también invitar «a una seria reflexión». Se refieren concretamente «al ambiente de conflictividad que crece de día en día y que enluta y afecta a las familias guatemaltecas así como a la sociedad en general».
«Como ciudadanos guatemaltecos y como obispos de la Iglesia Católica en Guatemala –afirman los prelados- compartimos nuestra preocupación y puntos de vista frente al incremento de la conflictividad social existente en el país».
Constatan «el sufrimiento de grandes mayorías a causa de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la amenaza constante en un horizonte en que la mayoría de guatemaltecos perciben que sus intereses más elementales son ignorados o pisoteados».
Constatan «los temores profundos en que vive prácticamente la totalidad de la población: temor a perder la vida, temor a ser asaltados, temor a ser extorsionados, temor a que los hijos vayan por mal camino, temor a no tener empleo, temor a no encontrar espacios de sobrevivencia laboral, temor a padecer alguna necesidad extrema, a la enfermedad sin tener el mínimo indispensable para atenderla».
Todos estos temores profundos, añaden, «nos hacen ser más desconfiados, muchas veces más agresivos, y ante la violencia imperante y expresada de tantas maneras, nos encontramos dispuestos a reaccionar con violencia o a aprobar determinadas formas de violencia que otros pueden realizar».
Citan el pasaje evangélico de la aparición de Juan el Bautista en las orillas del Jordán. A él llegan multitudes y le hacen la pregunta que los obispos usan como título de este comunicado: «¿Entonces, qué debemos hacer?». «La respuestade Juan –añaden- habla de la solidaridad y del compartir como norma de reencauzamiento de la vida personal y social, no rechaza a nadie pero a cada quien le pide actuaciones de cambio concretas en función de su profesión y responsabilidades».
Los prelados explican que «la conflictividad histórica no ha sido resuelta ni siquiera por la firma de los Acuerdos de Paz». «Es una conflictividad –subrayan- que tiene en parte un horizonte agrario en los numerosos lugares en que la población carece de tierra y de la posibilidad de encontrar alguna salida fuera del ámbito campesino. Es un horizonte de extremas desigualdades sociales a las que los medios de comunicación hoy ofrecen una visibilidad de que carecían antes los más excluidos y marginados».
«Es una conflictividad que en ciertas regiones del país encuentra asiento cultural en la supuesta legitimidad del asesinato pasional, de la venganza de sangre, de la cadena de venganzas y del ser capaz de matar como atributo de virilidad».
«Es también una conflictividad que en otras regiones ha adulterado tradiciones mayas ancestrales para volverlas vengativas, crueles y de turba enardecida y, por ello, irracional y manipulable».
En el momento presente –denuncian- «hay una nueva conflictividad debido a que el Estado no ha sido capaz de orientar la inversión privada al bien común, pues en el proceso de privatización de las empresas estatales ha prevalecido el propósito de favorecer al sector privado, ha elaborado leyes económicas a favor de la empresa y no del bien común, no ha sabido atraer el apoyo de la población para la implementación de políticas de desarrollo energético y educativo y ha gastado el presupuesto en políticas clientelares. Se siguen impulsando programas asistencialistas sin atacar las causas estructurales de la pobreza de los guatemaltecos. Los más pobres, indígenas, campesinos, quienes no han tenido educación formal, son los grandes olvidados del sistema pero aún siguen siendo la base que da nombre y sustancia al país».
Los obispos creen «importante que distintas entidades y sectores» asuman responsabilidades propias en el ámbito que le es propio para que la conflictividad existente en la sociedad «encuentre soluciones que permitan enfrentarla buscando disminuir las causas que más la alimentan».
En relación a los tres poderes del Estado consideran que, en primer lugar, «el Legislativo debe tomar conciencia de que a través de la emisión de leyes debe velar por el bien común. Los intereses partidistas y de sector son el mayor obstáculo para el desarrollo de la nación. La ética política y la referencia al derecho natural de las personas debe ser siempre el referente de toda legislación. Sin fundamentos éticos la actividad parlamentaria termina degenerando en una actividad cortoplacista, miope, más interesada en obtener beneficios inmediatos sectoriales y hasta personales que en contribuir al bien común».
Citan el poder Judicial en segundo lugar: «La justicia es buena cuando es pronta, efectiva e imparcial, cuando se atiene no sólo al derecho positivo, sino también al derecho natural. El poder judicial ha de atenerse únicamente al interés mayor de que la ley justa sea acatada, castigando a quienes la quebrantan».
Y en cuanto al Ejecutivo, afirman que «es el órgano que representa la unidad de la nación y es el principal actor en la búsqueda del bien común. Debe tener la doble capacidad de escuchar las demandas de la población y también la de saber proponer e implementar políticas que favorezcan a largo plazo la realización del bien común y no la búsqueda de reelección por medio de medidas clientelares».
«No sólo al Estado y a sus instituciones corresponden responsabilidades –añaden–. La sociedad civil, en sus más diversas expresiones, debe atender al horizonte del bien común, como referencia última a la que se deben orientar los legítimos pero parciales intereses sectoriales».
Los partidos políticos, señalan, «deben recuperar su función de ser mediadores entre la sociedad y el Estado. Tienen tres funciones: la de detectar las necesidades escuchando las demandas de la población, la de proponer políticas que respondan a esas necesidades dentro del objetivo de lograr el bien común, y la de educar y convencer a la población de la bondad de sus propuestas buscando la aprobación del voto».
Las organizaciones sociales –explican- «han surgido en parte como alternativa a los partidos políticos, que no han sabido cumplir su función de mediadores entre la sociedad y el Estado».Sin embargo, indican, «tienen la función de ser aliadas de las instituciones políticas como forma alternativa de organización de la sociedad para el logro de los objetivos del bien común. Sus medios de operación deben ser siempre de fundamento ético y dentro del ámbito de la ley. Procedimientos de enfrentamiento violento y desestabilización política son inmorales y no contribuyen al bien común».
Algunas ONG internacionales, que desean apoyar los derechos de grupos sociales pobres, a las cuales «se invita a tener una visión amplia de las
situaciones de conflicto que pueden generar sus apoyos, cuando no promueven ante todo el diálogo y el encuentro entre el Gobierno y dichos grupos sociales». «Que los fondos de ayuda que promueven –piden los prelados- sirvan ante todo a la finalidad de construir una sociedad justa basada en la reconciliación y diálogo entre los guatemaltecos».
«Nosotros mismos, como obispos de la Iglesia Católica –reconocen–, sabemos que también debemos responder a la pregunta ¿qué debemos hacer?».
Nos corresponde –responden- «anunciar el Evangelio de Jesucristo, como fuente de esperanza, de humanización, como fundamento para una ética personal responsable. Nuestra contribución al bien común, por una parte consiste en llevar a cabo la tarea de la “nueva evangelización” y, por otra, ofrecer nuestra palabra, que desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia contribuya a esclarecer el camino hacia el logro del bien común».
Y cada guatemalteco en particular desde su credo y cultura, «debe optar por la cultura de la vida. Es necesario que excluyamos del comportamiento cotidiano y de la vida a la violencia, la corrupción y la salida fácil a los grandes problemas».
Hacen una serie de sugerencias:
1. Fomentar el Estado de derecho y hacer entender a todos la necesidad de hacerlo vigente por medio del respeto de las leyes justas y de la ética personal en todos los ámbitos. También las demandas ciudadanas de un sector de la población deben ser razonadas y evaluadas en el contexto del bien de todo el país. Al no hacerlo le estamos apostando entonces a la anarquía, a la ingobernabilidad y a la destrucción del bien común como objetivo último de nuestra sociedad.
2. Es importante que las instituciones se ganen esta confianza demostrando con acciones que su interés es el bien común y que verdaderamente están dispuestas a escuchar las demandas de las poblaciones empobrecidas para alcanzar acuerdos razonables.
3. Que exista en cada uno de nosotros un espíritu y una voluntad firme de unir esfuerzos para lograr sacar al país adelante sin distinción de clases sociales o posiciones políticas y económicas.
4. Promover el diálogo para establecer los consensos que permitan lograr un modelo de desarrollo que sea más incluyente pero también más viable para hacer del desarrollo algo posible y no solo anhelado.
5. El gobierno debe disipar las sospechas, que se convierten en rumores, de ser un gobierno militarista, intolerante, proclive a favorecer la iniciativa privada y sus proyectos por encima del bien común, y que emplea la fuerza para sofocar cualquier intento de crítica a su gestión. Lo logrará por medio de su empeño en fortalecer procesos democráticos.
6. Impulsar, desde todos los sectores del país, una dinámica de “nacionalidad fundada en la fraternidad” y no sólo en la defensa de los derechos de personas o grupos. Confiamos a la Virgen del Rosario, patrona de Guatemala, nuestras penas y nuestras luchas para salir adelante en la tarea de superación de los conflictos sociales y de humanizarnos como seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios.
Por N.S.M.
