La Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano ha adoptado ayer la Ley número XVIII, sobre las normas en materia de transparencia, vigilancia e información financiera. Con la misma confirman las disposiciones del decreto del 8 de agosto de 2013.
El padre Federico Lombardi ha dicho hoy a los periodistas que con la aprobación de esta ley se puede decir que «estamos al 90 por ciento del trabajo en la materia».
La citada ley, recoge la normativa vigente e introducida progresivamente a partir del Motu Propio del papa Benedicto XVI del 30 de diciembre de 2010, para la prevención y el contraste de las actividades ilegales en campo financiero y monetario. Un refuerzo al actual sistema interno de prevención y lucha contra el reciclaje y de la financiación del terrorismo, en línea con lo parámetros internacionales y en particular con las recomendaciones del Grupo de Acción financiera (GAFI) y las relevantes fuentes de la Unión Europea.
Con esta legislación, se constituye un paso importante en la dirección de la transparencia y vigilancia de las actividades de naturaleza financiera y una contribución a ala estabilidad e integridad del sector a nivel global. Además, la nueva normativa, aclara y consolida las funciones, los poderes y las responsabilidades de las Autoridades de Informaciones Financieras en el ejercicio de las funciones de vigilancia y reglamento con fines de la prevención y de la lucha contra el blanqueo y financiación del terrorismo, la información financiera y como establecido por el Motu Proprio de Francisco del 8 de agosto, las funciones de vigilancia prudencial.
En un artículo, monseñor Dominique Mamberti, secretario para las relaciones con los Estados, explica algunos aspectos importantes sobre la normativa.
Menciona que estas normas ya estaban en vigor porque fueron adoptadas por decreto el 8 de agosto de 2013 y que ahora «han sido definitivamente confirmadas en ley adquiriendo carácter de estabilidad».
Una primera y consistente parte de la ley está dedicada –explica monseñor Mamberti– a las medidas contra el reciclaje y la financiación del terrorismo, que se desarrolla en las actividades de valoración de los riesgos (generales y particulares), en las prescripciones concernientes a la adecuada verificación de las contrapartes y en la disciplina de las trasferencias internacionales de fondos.
Por recomendación directa de la División Moneyval del Consejo de Europa, la nueva ley incluye la función de la ‘vigilancia prudencial’ de los entes que desarrollan profesionalmente una actividad de naturaleza financiera, o que desarrollan habitualmente en nombre o por terceros una actividad financiera en forma económica organizada, con el fin de la producción o de intercambio de bienes o servicios. Otras disposiciones de la ley se refieren al transporte de dinero en contante, en entrada o salida del Estado Ciudad del Vaticano, por un importe igual o superior a los 10.000 euros, que deberán ser declarados a la Gendarmería.
El ‘ministro de Relaciones Exteriores’ del Vaticano comenta con satisfacción los pasos dados a partir del Motu Proprio de Benedicto XVI del 30 de diciembre de 2010, sobre prevención y lucha contra las actividades ilegales en el campo financiero y momentario.
«Tal recorrido –concluye Mambertí– tiene la finalidad de contribuir de hecho al crecimiento de la comunidad internacional en cuyo seno la Santa Sede está llamada a tener un rol de guía y ejemplo».
