MANILA, 10 diciembre 2003 (ZENIT.org).- El pasado 8 de diciembre, los obispos católicos de Filipinas se pronunciaron contra la cancelación de la moratoria sobre la pena de muerte en el país reafirmando «su postura contra la pena capital de forma aún más vigorosa».
Así lo afirmó en un encuentro público el arzobispo de Davao y presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, monseñor Fernando Capalla, según recoge «AsiaNews.it».
«No creemos que [la pena de muerte] detenga la criminalidad, a menos que se produzca una decadencia general de la ley y del orden», declaró el prelado.
La moratoria sobre las ejecuciones capitales se había establecido en marzo del 2000, durante el Gran Jubileo. El viernes pasado, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo suprimió la moratoria después de una invasión de noticias de secuestros orientados a la extorsión.
«Aunque desde el punto de vista moral soy contraria a la pena de muerte –afirmó Arroyo–, en determinadas circunstancias el presidente debe tener presente el interés general». Y añadió que no se opondrá a las ejecuciones programadas para finales de enero del 2004.
Con una media de un secuestro cada tres días, se conoce a Filipinas como «la capital asiática del secuestro». Este año se han producido al menos 158 delitos de este tipo; muchos no han sido denunciados por temor a las represalias contra los familiares de las víctimas.
El próximo 30 de enero están previstas dos ejecuciones por inyección letal; mientras, 25 personas acusadas de secuestro y 4 de delitos de drogas se encuentran en el corredor de la muerte.
Rodolfo Diamamante, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de las Prisiones, afirma que, en la supresión de la moratoria, la presidenta filipina ha sido influida por la rica comunidad china, a la que pertenece buena parte de los secuestrados.
«Como ciudadanos de este país, respetamos el derecho y la prerrogativa del presidente de proteger el orden público, así como su derecho a cambiar de idea», subrayó monseñor Capalla.
Igualmente, el prelado declaró que la Conferencia Episcopal es una institución independiente del gobierno y que «la Iglesia Católica debe reivindicar y mantener el derecho y la libertad de hablar sobre temas morales, respetando el derecho y la libertad del gobierno o de cualquiera que no esté de acuerdo».
«Por esta razón, deseo reiterar que, respecto al gobierno, nuestra postura es de una colaboración crítica», concluyó monseñor Capalla.
