ROMA, jueves 20 diciembre 2012 (ZENIT.org).-Uno de los estados de los más implicados por el «turismo de trasplantes», Taiwán, acaba de tomar medidas para disuadir a sus residentes de realizar un transplante en China continental. El pasado 22 de noviembre, el gobierno dictó una resolución destinada a unos dos mil taiwaneses que van cada año a territorio chino en vistas a un trasplante de órganos: cada paciente deberá a partir de ahora registrarse en el Ministerio de la Salud y dar todas las informaciones necesarias sobre lugar del transplante, el hospital y el facultativo.
A través de esta resolución –informa la agencia Eglises d’Asie–, Taiwán condena por primera vez el «tráfico ilícito de órganos» en China, apoyándose en los últimos informes de las ONG sobre el tema así como el Informe 2011 sobre derechos humanos del Departamento del Estado americano, el cual, por primera vez también, cita las «extracciones en China de órganos en prisioneros vivos» que «afectan principalmente a los adeptos del Falungong» [un grupo religioso perseguido por el régimen comunista].
Antiguo presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Taiwán, Qiu Huangquan es uno de los promotores de esta resolución en el Parlamento. «Es necesario que el pueblo taiwanés esté informado y no se convierta sin saberlo en cómplice de estas violaciones de los derechos humanos», explica.
Estos últimos meses, se llevaron a cabo varias campañas de sensibilización en Taiwán por médicos, militantes de los derechos humanos y simpatizantes del Falungong. Hace algunas semanas, un médico especializado en transplantes dio una conferencia sobre los trasplantes de órganos en China continental en el hospital Cheng Ta de Kaohsiung. El director del hospital, el doctor Lee, se dijo «impresionado» después de la conferencia y también consternado pore «no haberse dado cuenta antes». Reconoce: «en cualquier parte, hace falta mucho tiempo para recibir órganos compatibles. Decenas de millares de transplantes se efectúan cada año en China continental, lo que indica forzosamente la existencia de un banco enorme de órganos humanos, compuesto por centenas de millares de “personas matadas por encargo”.
Entre las asociaciones que militan para la información sobre trasplantes de órganos en China continental, el CIFD (Centro de información de Falun Dafa) multiplicó últimamente las intervenciones en la población, cuerpo médico, y comunidades cristianas. La Iglesia presbiteriana particularmente aportó su apoyo al movimiento y llamó a todos los cristianos a “pedir la paralización de las extracciones de órganos a los que practican Falungong». Subrayando que «defender los derechos humanos en China, era también defenderlos en Taiwán», el reverendo Lo, secretario general de la Iglesia presbiteriana de Taiwan, evocó el hecho que los cristianos podrían «correr la misma suerte” algún día.
Recordando las declaraciones del cardenal Zen Ze-kiun, que, en su diócesis de Hong Kong, desde 2002 entró en la mira fulminante de las autoridades por haber defendido a los adeptos de Falungong, calificados por Pekín como «enemigos del Estado animados por intenciones diabólicas». Este tipo de declaración, advertía el prelado, «es muy alarmante porque las Iglesias cristianas podrían ser los próximos blancos». El obispo acababa de significar poco antes su inquietud respecto a un proyecto de «ley anticomplot contra el Estado», que según él podía ser el precursor de persecuciones en contra de todos los movimientos religiosos que no estaban bajo el control directo de Pekín.
Estos últimos años, numerosos informes denunciaban «prácticas ilícitas» en China sin que la comunidad internacional los tuviera en consideración. Un paso decisivo se dio en 2006 con el informe Kilgour-Matas que concluía con la realidad de una vasta red lucrativa bajo control del gobierno chino, así como las «ejecuciones» de adeptos de Falungong, «vivero humano» el más importante entre todos los prisioneros de conciencia.
En 2006, los autores, David Kilgour, abogado y el antiguo secretario de Estado canadiense, y su compatriota David Matas, abogado de derechos humanos, subrayaban la concordancia perfecta entra «la explosión» del mercado de los transplantes en China y el principio de la represión contra Falungong a partir de 1999. Los centros de trasplante, que eran poco más de un centenar antes de 1999, son 370 en 2005, y 600 en 2007. Aunque la donación de órganos sea muy rara en China –la tradición quiere que un muerto sea enterrado sin mutilación–, los centros de transplantes podían responder a la demanda, y esto en plazos extremadamente cortos. Según ambos expertos, entre 2000 y 2005, se habrían realizado por lo menos 41.500 trasplantes de órganos de procedencia desconocida.
Pero la encuesta recibió una acogida tenue y el Departamento de Estado estadounidense concluyó con una ausencia de pruebas. Por su parte, China reaccionó con indignación, recordando que adhirió a los principios de la Organización Mundial de la Salud que prohibe la venta de órganos sin el consentimiento de los donantes.
El informe, actualizado en el 2007, finalmente convenció a Naciones Unidas al confiarle el expediente a su Comisión contra la Tortura en 2008. Las investigaciones fueron hechas por Ethan Gutmann (Fundación para la Defensa de la Democracia) y el vicepresidente del Parlamento Europeo Edward McMillan-Scott. Incluyen entrevistas con antiguos prisioneros, confesiones de médicos chinos que pidieron asilo en el extranjero, así como el testimonio de investigadores que se hicieron pasar por solicitantes de órganos en los hospitales chinos. El informe de ambos expertos reúne las conclusiones de Kilgour y Diste, confirmando la existencia de viveros de donantes «ejecutados a la carta».
En China, un riñón compatible puede estar disponible en menos de una semana, mientras que el tiempo de espera en los Estados Unidos es de más de tres años. «Ciertas páginas en internet de hospitales hasta declaran que sus transplantes son mejores porque controlan el funcionamiento del riñón antes de su extracción», informa el doctor Damon Noto, portavoz de la ONG «Médicos contra las extracciones forzadas de órganos» (DAFOH). «A razón de diez mil trasplantes por año –el número medio de transplantes oficialmente efectuados en China–, hace falta, precisa, una «reserva» de 150.000 personas, si se quiere hacer corresponder el grupo sanguíneo y el tipo de los tejidos orgánicos con los de los receptores».
Ethan Gutmann aporta los testimonios de antiguos prisioneros adeptos de Falungong que no tenían exámenes médicos regulares (análisis de sangre, de orina, examen de la córnea, etc.), hechos a otros presos. Según ellos, habría por lo menos una cuarentena de campos de trabajo forzado en el país que comprendería cada uno cerca de cien mil personas. El informe confirma que otros grupos también son víctimas de estas «atrocidades», como los ouïghours, tibetanos, e incluso miembros de las Iglesias cristianas no registradas.
El pasado octubre, después de una audiencia de varios testigos que atestiguaron la veracidad de «extracciones de órganos forzadas a disidentes religiosos y políticos», 106 miembros americanos del Congreso y 44 catedráticos de universidad escribieron a la secretaria de Estado Hillary Clinton para pedirle «divulgar todas las informaciones» que pudiera tener el Departamento de Estado», unido a las alegaciones muy serias que indicarían atrocidades inimaginables» en China, entre las que estarían «extracciones forzadas de órganos a los presos del movimiento espiritual Falungong, ouïghours y cristianos, mientras están todavía vivos».
Poco después de la publicación de esta carta abierta, las autoridades chinas reafirmaron que los trsnaplantess provenían al 90% de órganos de condenados a muerte, tomados después de su defunción y con su consentimiento previo. Aunque esta práctica sea c
ondenada por las leyes internacionales y el número de transplantes sea seis veces superior al de las ejecuciones, Pekín continúa desde 2005 manteniendo esta versión, asegurando sin embargo que «de aquí a dos años, los trasplantes de órganos van a dejar de depender de donaciones de los prisioneros ejecutados».
Desde el pasado 2 de diciembre, una petición en internet pide al gobierno estadounidense «condenar públicamente las extracciones de órganos efectuadas a los adeptos de Falungong en China». Por su parte, el Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea comprometerse en una acción para «poner fin a estas prácticas». Los militantes de derechos humanos particularmente propusieron se adoptara una legislación extraterritorial que obligue a cada Estado a dar cuenta de los transplantes de órganos en el extranjero y a prohibir el reembolso de los transplantes realizados en China por el seguro de salud, como lo acaba de hacer el gobierno de Taiwán.
Traducido del francés por Raquel Anillo
