SEATTLE, domingo, 25 de octubre de 2009 (ZENIT.org).- Católicos en los Estados Unidos, e incluso las mismas diócesis, se han convertido en víctimas de la ley de financiación de campañas en general (no sólo políticas) que violan su libertad de expresión a través
En respuesta a esta emergencia se ha creado una coalición de organizaciones, que abarcan todo el espectro político con el nombre de Ciudadanos Unidos.
Para comprender mejor el alcance de las leyes de financiación de campañas, ZENIT se ha dirigido al abogado Bill Maurer, director ejecutivo en Washington del Institute for Justice, uno de los miembros más activos de Ciudadanos Unidos.
Maurer ha compartido con ZENIT los motivos por los que los católicos, sobre todo debido a su historia de persecución y su estatus de minoría y de extranjeros, deberían mostrarse escépticos ante leyes que limitan la capacidad de hablar sobre asuntos políticos.
–¿Deben los católicos sospechar de la reforma de las leyes sobre financiación de campañas?
–Maurer: Todos los norteamericanos deberían tener sospechas ante los intentos del gobierno de regular y restringir la actividad política. Los católicos, que en el pasado han sufrido discriminación a manos de una mayoría hostil, deberían preocuparse precisamente por no dar al gobierno herramientas que pueda usar para silenciar la voz de quien discrepa.
Si el gobierno tiene la posibilidad de determinar cuándo la influencia de una de las partes de un debate político se ha vuelto «excesiva» o «indebida», entonces es el gobierno el que tendrá la capacidad de acabar con la voz de un ponente para hacer que el debate sea «justo».
No sorprendería a nadie que el gobierno concluyera que las voces que es necesario enmudecer son las de aquellos que se oponen al poder. A este respecto, los católicos son plenamente conscientes de la larga tradición de cómo algunos en este país se han lamentado de la «indebida» influencia de la Iglesia en los asuntos del gobierno.
En cuanto al dinero en política, en un país tan grande como éste, el dinero es un instrumento absolutamente esencial para que los oradores lleguen al público. Bastante simple, dado lo mucho que hace el gobierno a nivel estatal y federal, sorprende que los norteamericanos no gasten más dinero en el discurso político.
Mientras el gobierno se hace más grande y llega a áreas de la vida de las personas como nunca antes había hecho, la necesidad de un debate público informado sobre qué ocurre en el gobierno se vuelve más apremiante que nunca. La capacidad del público para escuchar las ideas políticas no debe limitarse a los que tengan los recursos o la capacidad para escuchar a un político en persona.
–¿Cómo afectan en general las leyes de financiación de campañas a la participación política tanto de obispos como de laicos? ¿Puede dar usted ejemplos concretos?
—Maurer: Los obispos y otros miembros del clero suelen ser bastante discretos sobre las actividades políticas, no tanto por las leyes de financiación de campañas sino debido a las restricciones de actividades políticas relacionadas con el mantenimiento del estatus de exención de impuestos de la Iglesia.
Sin embargo, cuando los obispos y el clero se implican en campañas concretas, como contra las iniciativas del estado en temas de vida humana, tienen las mismas restricciones que otros ciudadanos.
Por ejemplo, si se organizan para dedicar dinero a oponerse a la iniciativa «muerte con dignidad», como la del estado de Washington, tienen que formar un comité sobre el tema y declarar sus nombres, direcciones, y las personas para quienes trabajan, de manera que el gobierno pueda publicarlos en una base de datos en internet.
Estas obligaciones desalientan enormemente la implicación de las personas en la actividad política.
Por ejemplo, los donantes a la iniciativa contra el matrimonio homosexual en California (proposición 8) se convirtieron en objeto de amenazas, boicots, manifestaciones y represalias económicas, después de que quienes se oponían a la iniciativa vieron la información de sus donaciones en la página web del estado.
Al mismo tiempo, quienes se oponían a la medida afirmaron que quienes la proponían utilizaron esta información para intentar chantajear a los donantes para que hicieran aportaciones iguales al otro bando. El acoso político es, en ocasiones, un juego de igualdad de oportunidades.
En cuanto a los laicos, cuando la gente se une y dedica sus recursos a perseguir un cambio político, suelen descubrir que sus esfuerzos se someten a las leyes de financiación de campañas.
De hecho, una de las principales leyes de financiación de campañas de los últimos cinco años tuvo que ver con los esfuerzos del Wisconsin Right to Life para presionar a dos senadores a que votasen a los candidatos judiciales del presidente Bush, una actividad que entraba dentro de las restricciones legales a la financiación de campañas porque uno de los dos senadores intentaba ser reelegido.
–Hace poco, la diócesis de Bridgeport fue investigada por el estado de Connecticut por violar supuestamente su ley de procedencia asociativa cuando animó a los católicos a que se opusieran a una ley que afectaría al gobierno de la Iglesia. ¿Qué ocurrió en este caso? ¿Cree usted que veremos otras instancias del gobierno regulando la voz de la Iglesia en la plaza pública?
–Maurer: En marzo de 2009, la Asamblea General de Connecticut sometió a debate una legislación que habría privado a los sacerdotes y a los obispos de la capacidad de sentarse en los organismos de las corporaciones que controlan la propiedad parroquial en Connecticut, y que ordenaba que los organismos de gobierno de estas corporaciones estuvieran formados sólo por miembros laicos de la parroquia.
En respuesta a lo que se consideró un desafío directo a la autoridad de la Iglesia sobre el funcionamiento interno de sus parroquias, la diócesis de Bridgeport puso información sobre la ley en su página web y pidió a los pastores que leyeran una declaración en la misa dominical animando a oponerse a la ley.
La Iglesia también ha animado a sus fieles a asistir a una concentración y a contactar con los legisladores.
Estos esfuerzos llevaron a que la diócesis fuera investigada por la Connecticut Office of State Ethics (OSE) por violar la ley de procedencia asociativa del estado, que exige registrarse ante el estado si una entidad se implica en «solicitar a otros que se comuniquen con cualquier funcionario o su equipo de la rama legislativa o ejecutiva del gobierno… con el propósito de influir cualquier actuación legislativa o administrativa».
La diócesis planteó un pleito ante el tribunal federal desafiando la constitucionalidad de esta ley pero, después de que el Fiscal General de Connecticut concluyera que las actividades de la Iglesia entran dentro de una excepción estatutaria, la OSE cesó su investigación y la diócesis retiró voluntariamente su demanda.
La experiencia de la archidiócesis de Bridgeport es desgraciadamente muy común.
Los norteamericanos suelen verse envueltos en complejas y amplísimas leyes de financiación de campañas cuando se dedican a actividades que consideran con razón que están protegidas por la Primera Enmienda.
Aunque no hayan violado ley alguna, el coste emocional y económico de ser investigado por el gobierno puede ser algo aplastante.
Cualquier iglesia que cruce el umbral de «procedencia asociativa» puede sufrir el mismo destino que la archidiócesis de Bridgeport si anima a sus fieles a actuar en temas públicos vitales para la fe católica. Estas parroquias pueden verse usando sus recursos finitos para defenderse contra los inspectores del gobierno en lugar de usar ese dinero para llevar adelante su misión apostólica.
–¿Qué principios deben tener en mente lo
s católicos cuando valoran las diversas propuestas de reforma de la participación en el proceso político?
—Maurer: En un momento en que muchas de las enseñanzas y creencias de la Iglesia entran en conflicto con muchas creencias del «establishment» político del país, los católicos deberían recordar que dar al gobierno los medios para controlar el debate político puede dar como resultado el silencio de los que disienten políticamente.
En los ejemplos que antes he mencionado – la Proposición 8, el caso del Derecho a la Vida en Wisconsin, y las experiencias de la diócesis de Bridgeport – las leyes de financiación de campañas se han utilizado para intentar acabar con la actividad política que apoyaba los puntos de vista de la Iglesia. La lección es que cuando el gobierno tiene el poder de regular el mismo discurso político, cualquier orador puede verse silenciado.
El gobierno ya no investiga y registra las actividades de los políticos extranjeros, como hizo con los derechos civiles y los movimientos contra la guerra en los años sesenta. Ahora obliga a los ciudadanos a registrarse y luego hace una base de datos de las actividades de los ciudadanos a disposición de cualquiera con acceso a un ordenador y a internet.
Esto no puede ser un buen desarrollo para una Iglesia que habla con tanta frecuencia en contra de los puntos de vista que predominan entre quienes están en el gobierno.
Con cada propuesta de «reformar» las leyes de financiación de campañas, los católicos deberían preguntarse a sí mismos: (1) esto animará o desanimará el discurso y la actividad políticas, (2) esto interferirá en la capacidad de quienes son una minoría de expresar sin reservas sus puntos de vista, y (3) esta propuesta dará a quienes están en el poder un instrumento con el que suprimir los puntos de vista de quienes discrepan con ellos.
En última instancia, los católicos deben apoyar una plaza pública vibrante y no regulada, donde la verdad y la sabiduría de los temas que afectan a todas nuestras vidas se debatan de forma libre y apasionada.
Más información en www.ij.or
Por Annmarie Adkins
