SALTILLO, viernes, 9 julio 2010 (ZENIT.org–El Observador).- Más de 18 mil migrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, han sido secuestrados y vejados por grupos del crimen organizado en su paso por México, lo que constituye una «verdadera tragedia humanitaria», ha señalado la Casa del Migrante de la diócesis de Saltillo en su Sexto informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, en voz del obispo Raúl Vera y Gabriel Duperou, director de esa casa de acogida.
Duperou, señaló que este fenómeno criminal predomina en lugares en los que «existe mayor concentración de inmigrantes y poca vigilancia de las autoridades migratorias»; además enfatizó que «con este informe buscamos que la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice una visita y pueda corroborar el aumento de abusos y violaciones que ponen cada vez en peligro la vida de miles de indocumentados».
Durante la presentación del informe se denunció que «la política migratoria mexicana centrada en la contención y control de flujos migratorios es incapaz de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de la población migrante en tránsito por México. Los vacíos políticos en las diversas regiones de México, la colusión de autoridades con delincuentes y la falta de acceso a la justicia son condiciones que aumentan la vulnerabilidad de la población que pasa por el país hacia los Estados Unidos».
La Casa del Migrante de Saltillo insistió en señalar que la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de las personas migrantes tienen origen en «la vulnerabilidad que resulta de la desigualdad económica y política de los transmigrantes, en la tarea de policía fronteriza asumida por el Estado mexicano, en la corrupción materializada en la complicidad entre autoridades y crimen organizado, en la impunidad y en la negligencia gubernamental respecto de la obligación de velar por los derechos humanos de cualquier persona con independencia de su situación migratoria».
El año pasado diversas organizaciones civiles, de la Iglesia católica y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunciaron e hicieron públicala «tragedia humanitaria» del secuestro a migrantes, sin embargo «el Instituto Nacional de Migración continúa sin promover el diseño y la ejecución de una política migratoria integral con enfoque de derechos humanos, seguridad humana y desarrollo».
Se calcula que cada año unos 300 mil centroamericanos cruzan la frontera mexicana de manera indocumentada para dirigirse a los Estados Unidos. Según datos ofrecidos por organismos que defienden los derechos humanos de los migrantes, más de 1600 personas indocumentadas son secuestradas mensualmente en México y sometidas a vejaciones que quedan impunes.
Desde hace ocho años, la Casa del Migrante de Saltillo ha recibido para atención humanitaria a más de cuarenta mil personas migrantes centroamericanas. Cada día continúan llegando hasta este espacio mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes aún más necesitados de protección ante la deshumanización de la que han sido víctimas en el camino.
La responsabilidad de las autoridades
«Es una pena que las autoridades, de seguridad y migratorias, no atiendan debidamente el problema de los secuestros de migrantes, particularmente los provenientes de países centroamericanos, actos que son cada vez más violentos y frecuentes», señaló Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
En su participación en el seminario internacional «Retos de la seguridad y migración en la frontera sur», organizado por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el 29 de junio pasado, la religiosa scalabriniana, señaló que «las autoridades de los estados donde ocurren dichos plagios no dan prioridad al asunto, lo que es un verdadero acto de barbarie, pues éstos son torturados física y sicológicamente para obtener información de sus familias con el fin de extorsionarlas».
La hermana Gutiérrez Valderrama relató que uno de los ataques más frecuentes que sufren durante su travesía por territorio mexicano, no sólo las mujeres y los menores que viajan solos, sino también varones, son los abusos sexuales; sin embargo, estos delitos no son denunciados ante las autoridades del Ministerio Público, porque saben, por experiencia probada, que la respuesta ordinaria suele ser la deportación y se ignora «que por haber sido víctimas de un delito tienen derecho a una visa humanitaria».
La Pastoral de la Movilidad Humana ha venido insistiendo en que es necesaria una adecuación de la política migratoria para atender a las víctimas de estos delitos. «Es lamentable que ni siquiera se les dé atención sicológica, que no sabemos si es por omisión o complicidad».
Desde febrero de este año la DPMH, acompañada de otras instituciones de servicio al migrante, están haciendo presión al Instituto Nacional de Migración y a la Procuraduría General de la República para que presten atención a las migrantes indocumentados víctimas de la delincuencia organizada, como las redes de trata de personas.
Leticia Gutiérrez indicó que también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, amparados por dos artículos de la Ley General de Población, victimizan a los migrantes, y justifican sus atropellos, disfrazando sus acciones para robarlos; además de que realizan con violencia los operativos migratorios».
Por último, la Misionera de San Carlos denunció que en México se sigue «criminalizando el trabajo humanitario, pues si bien el artículo 138 define el delito de tráfico de personas, no diferencia la labor humanitaria, pese a que el objetivo del tráfico es el lucro y el del trabajo humanitario es el acompañamiento; es gratuito y obviamente no hay delito, pero nos acusan de traficantes de personas».
Por Gilberto Hernández García
