ROMA, domingo, 19 de octubre de 2008 (ZENIT.org).- Durante las últimas semanas, en el estado australiano de Victoria, se ha encendido un acalorado debate ante los cambios de la legislación que regula el aborto. La ley se presentó a la cámara baja en agosto y ha llegado a las últimas etapas de votación.
A pesar de la fuerte oposición de la Iglesia y de los grupos pro vida, la ley fue aprobada por la cámara baja del estado. El 10 de octubre, el periódico Herald Sun informaba de su aprobación en la cámara alta en una segunda votación de 23 contra 17 votos.
El debate ha continuado sobre algunas enmiendas propuestas a la ley, con una votación final el sábado 11 que aprobó la ley por el mismo margen que en la anterior votación, según informaba el periódico Age al día siguiente.
La ley despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de embarazo y permite abortos más tardíos con la aprobación de dos médicos. A parte de facilitar el aborto, una de las mayores novedades es la eliminación del derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos y del personal sanitario.
«La ley es un ataque sin precedentes contra la libertad de poseer y ejercitar las creencias religiosas fundamentales», exclamaba el arzobispo de Melbourne, monseñor Denis Hart, en su carta pastoral sobre la ley el 19 de septiembre.
Apuntaba que estaba en contradicción con la carta de derechos humanos del estado, al exigir a los profesionales de la salud con objeciones de conciencia ante el aborto que dirijan a los pacientes que quieran abortar a otros lugares donde se le pueda producir el aborto.
Por otra parte, también exige a los profesionales de la salud que con objeciones de conciencia ante el aborto que lo lleven si se considera una emergencia.
«La ley está claramente dirigida a exigir a los hospitales católicos que permitan que la aceptación de mujeres para abortar», advertía.
Amenaza para los hospitales
El arzobispo Hart apuntaba que la ley plantea una verdadera amenaza a la existencia de hospitales católicos. «Bajo estas circunstancias, es difícil pronosticar cómo podrán los hospitales católicos mantener en su forma actual los departamentos de maternidad o urgencias en este estado», afirmaba.
La Iglesia católica mantiene 15 hospitales sin ánimo de lucro en el estado y se ocupa de cerca de un tercio de todos los nacimientos en Victoria, según Martin Laverty, director ejecutivo de Catholic Health Australia. Laverty escribió un artículo sobre el debate de la ley del aborto, publicado el 24 de septiembre en el Herald Sun.
Uno de los obispos auxiliares de Melbourne, monseñor Christopher Prowse, indicaba que la nueva ley ponía a las enfermeras en una posición especialmente vulnerable. En un artículo publicado por el Herald Sun el 9 de septiembre, explicaba que muchas se verán en el deber de asistir a un aborto si un médico lo exige, y determina que es una emergencia.
«No creo que nuestra comunidad quiera forzar a las enfermeras, muchas de las cuales albergan objeciones de conciencia, a asistir a abortos de embarazos avanzados», indicaba monseñor Prowse.
La carta pastoral de monseñor Hart también subrayaba algunos otros defectos de la legislación como la falta de salvaguarda de la salud de las mujeres al permitir que los abortos los lleven a cabo médicos no cualificados y sin preparación en obstetricia.
La ley tampoco incluye nada en términos de dar información a las mujeres sobre los posibles efectos secundarios del aborto, y tampoco plantea disposiciones que protejan a las mujeres de las presiones para que aborten.
Presiones
No obstante, los defensores de la nueva ley han vociferado en su apoyo. La presidenta de Pro-Choice Victoria, Leslie Cannold, rechazó, como «gimoteos histéricos», las protestas de los médicos que defienden su derecho a objetar, en conciencia, el llevar a cabo un aborto o dirigir a una paciente a otro médico, informaba el 7 de octubre el periódico Australian.
Ray Cassin, columnista de opinión del periódico Age, observaba en un artículo el 12 de septiembre que otras jurisdicciones australianas que han despenalizado el aborto no han ido tan lejos como la ley de Victoria a la hora de constreñir los derechos de conciencia.
«Lo que es una ironía inquietante es que la coacción contra la conciencia se lleve a cabo en nombre del derecho a elegir», concluía.
Los abogados Timothy Ginnane y Greg Craven apuntaban otra ironía, en un artículo publicado el 6 de octubre en el periódico Herald Sun. Los miembros del parlamento que votaron la ley recibieron de sus partidos el derecho a votar en conciencia, pero la nueva ley niega precisamente ese mismo derecho.
También observaban que la ley contradice el propósito de la propia Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades. La carta, no obstante, tiene, en un subterfugio, una cláusula que dice que esto no tiene efecto en las leyes aplicadas al aborto.
La ley también es contraria al derecho internacional, según la organización «Doctors in Conscience Against Abortion Bill», informaba el periódico Australian el 7 de octubre. La organización sostiene que la nueva contradice el Pacto Internacional de la ONU de Derechos Civiles y Políticos.
«La ley no tiene precedentes en el mundo occidental, al imponer leyes que forzaran a los médicos a actuar violando sus creencias de conciencia al actuar de forma activa asistiendo a los pacientes para que logren abortar», indicaba Mary Lewis en nombre de la organización.
Libertad religiosa
Estados Unidos también debate los derechos de conciencia de los profesionales de la salud. El Departamento de Sanidad y Servicios Humanos está revisando un proyecto de regulación que negaría la financiación federal a cualquier hospital, clínica, plan de salud o cualquier otra entidad que no permita a sus empleados la opción de negarse a participar en cuidados sanitarios que vayan en contra de sus convicciones personales, informaba el 31 de julio el Washington Post.
Esto incluiría deberes como proporcionar píldoras abortivas, DIU, y los anticonceptivos de emergencia «del día después».
«La capacidad de las mujeres para gestionar sus propios cuidados médicos corre el riesgo de verse comprometida por la política y la ideología», afirmaba Cecile Richards, presidenta de Planned Parenthood Federation of America, la entidad que más proporciona abortos en Estados Unidos, informaba Associated Press el 21 de agosto.
El cardenal Justin Rigali, en contraste, escribió a todos los miembros del Congreso recomendando «la libertad de quienes dan servicios sanitarios sin violar sus más profundas convicciones morales y religiosas sobre la santidad de la vida humana».
En la carta, el cardenal Rigali que es el presidente de la comisión de las actividades pro vida de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, afirmaba que la legislación propuesta «proporciona a los autoproclamados ‘pro-elección’ una oportunidad de demostrar sus verdaderas convicciones (…). ¿Es la etiqueta ‘pro-elección’ una engañosa máscara para una agenda que promueve activamente e incluso impone procedimientos moralmente controvertidos a aquellos que sostienen en conciencia puntos de vista diferentes?».
Canadá
En Canadá, entretanto, los derechos de conciencia están bajo amenaza en una propuesta del College of Physicians and Surgeons de Ontario, informaba el periódico National Post el 15 de agosto.
Actualmente se permite a los médicos en Canadá rechazar la prescribir sobre el control de nacimientos o las píldoras del día después o realizar aborto cuando esto va contra su conciencia. Las propuestas intentan cambiar esto, afirmando que los médicos deberían estar preparados para dejar de lado sus creencias personales.
Tras una tormenta de críticas, el colegio de Ontario cambió las normas propuestas, pero el documento final sigue
siendo todavía insatisfactorio, según un artículo publicado el 19 de septiembre en el periódico Catholic Register.
La política ahora establece que los médicos deberían ser conscientes de que su decisión de no ofrecer algunos servicios médicos puede ser contraria al código de derechos humanos de la provincia.
Extender la violencia
Benedicto XVI advertía el 5 de octubre, en su homilía durante la misa de apertura del sínodo de los obispos, que cuando el hombre se desembaraza de Dios, sin esperar de Él la salvación, «cree que puede hacer lo que se le antoje y que puede ponerse como la única medida de sí mismo y de su obrar».
«Cuando los hombres se proclaman propietarios absolutos de sí mismos y dueños únicos de la creación, ¿pueden construir de verdad una sociedad donde reinen la libertad, la justicia y la paz?», preguntaba. «¿No sucede más bien – como lo demuestra ampliamente la crónica diaria – que se difunden el arbitrio del poder, los intereses egoístas, la injusticia y la explotación, la violencia en todas sus manifestaciones?».
Injusticias que siguen ocurriendo, como demuestra la nueva ley del aborto de Victoria.
Por el padre John Flynn, L. C., traducción de Justo Amado
