La última vez que se ejecutó a una persona en Sri Lanka fue en 1976. Desde entonces, la pena de muerte ha sido suspendida y conmutada por cadena perpetua; sin embargo, no ha sido abolida.
En un comunicado difundido el 6 de abril, el presidente de la Conferencia Episcopal de Sri Lanka, el arzobispo de Colombo Oswald Gomis, expresó su firme oposición a la pena capital que, como recordó, «aún continúa aplicándose en nombre de la justicia».
La decisión del gobierno ha alarmado al episcopado: «Ningún país que contemple la pena capital puede decir que tiene un sistema judicial perfecto», declaró monseñor Gomis.
A principios de abril, los obispos católicos se reunieron con los obispos protestantes del Consejo Nacional de las Iglesias, llegando a un acuerdo sobre la firme oposición a la pena capital.
Católicos y protestantes solicitan en cambio «un refuerzo de las medidas de seguridad pública y una labor más eficaz de prevención de la delincuencia».
Si bien el episcopado católico reconoce el incremento de la criminalidad, subraya firmemente que la solución a este problema no está en la aplicación de la pena capital porque no actúa desde la disuasión.
«El crimen –afirmó monseñor Gomis– debe ser combatido como un malestar social necesitado no de medidas punitivas que empeoren a los detenidos y rebajen su autoestima, sino de una acción correctiva que reanude los vínculos deteriorados con la sociedad y promueva la dignidad humana».
Según el prelado, la estrategia para conseguir este objetivo es doble: «En primer lugar, la sociedad civil debe aceptar la responsabilidad común hacia las personas que han cometido errores y emprender, como comunidad, una acción que solucione esa equivocación».
«En segundo lugar –concluyó el arzobispo de Colombo–, la sociedad civil debe insistir firmemente al Estado para lograr una revisión del Código Penal así como del sistema judicial, a fin de que se consiga mayor equidad e imparcialidad en el pleno respeto de la dignidad de todos».
