JARTUM, 29 marzo 2003 (ZENIT.org).- Mientras que Irak acapara los titulares de todo el mundo, los problemas de dos países africanos, Sudán y Zimbabwe, que han durado años, siguen sin resolverse.
Incluso mientras se retoman las conversaciones de paz para Sudán en Kenya, el gobierno de Jartum continúa violando un acuerdo de paz que se firmó el 15 de octubre con el rebelde Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, y que fue reafirmado el 4 de febrero, según un informe hecho público el 6 de marzo por el International Crisis Group. La clave que mueve a las fuerzas gubernamentales es ganar el control de los campos petrolíferos del Alto Nilo occidental.
El International Crisis Group observó que la falta de atención mundial hacia la acción militar del gobierno está detrás de la decisión del régimen de renovar la ofensiva. Una campaña similar en diciembre y enero, violando también el acuerdo de paz, inicialmente continuó sin ninguna respuesta internacional significativa. Finalmente protestaron algunos países, llevando a otro acuerdo de paz el 4 de febrero.
Un informe del 10 de febrero del International Crisis Group informaba que testigos presenciales de la ofensiva de diciembre-enero confirman que las tácticas del gobierno incluyen el rapto de mujeres y niños, violaciones en grupo, asaltos terrestres apoyados por helicópteros armados, destrucción de centros de ayuda humanitaria, e incendio de aldeas.
Los líderes religiosos, incluyendo al arzobispo Paulino Lokudu Loru, presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán, reunidos en Sudáfrica del 24 al 26 de febrero reflexionaron sobre la situación en Sudán.
La declaración final publicada por la Octava Asamblea del Foro Ecuménico de Sudán observaba los progresos hechos en las conversaciones de paz que están teniendo lugar gracias a la hospitalidad del gobierno de Kenya. Al mismo tiempo, los líderes religiosos llamaban la atención sobre algunas violaciones de los acuerdos de paz. Hacía notar que continúan los conflictos en las regiones del Alto Nilo Occidental y Akobo, la movilización en curso de ambas partes, y el uso de fuerzas para prolongar la guerra.
La declaración también deploraba la «cultura dominante de violencia e impunidad que revela la urgente necesidad de reconciliación y transformación en todos los niveles de la sociedad».
El comunicado pedía a todos los sectores de la sociedad que se sumaran al proceso de paz. También impulsaba la educación cívica y la introducción de medidas democráticas. Requería además que las operaciones petrolíferas se suspendieran hasta que se lograra un acuerdo de paz comprehensivo.
Los líderes religiosos reafirmaron su compromiso con el proceso de paz y «el afrontar los desafíos de la situación de post-conflicto: la necesidad de reconciliación y transformación de nuestra sociedad. Lo hacemos así basándonos en nuestra esperanza en la reconciliación del mundo con Dios en nuestro Señor Jesucristo y en la reconciliación que ésta trae de unos con otros».
En un comunicado de prensa del 7 de marzo, la Freedom House con sede en Estados Unidos, un grupo de defensa de los derechos religiosos, pidió al gobierno de Jartum que respetara los términos de la Tratado de Paz en Sudán, convertido en ley por la firma del presidente norteamericano George W. Bush el pasado octubre.
El llamamiento organizado por Freedom House contemplaba que cerca de 100 líderes religiosos, activistas pro derechos y otros funcionarios envíen una carta abierta al gobierno sudanés advirtiendo que estaría «cometiendo un error estratégico de proporciones históricas» si desatendía los términos del tratado de paz. El tratado prescribe sanciones si Jartum continúa su guerra contra el sur del Sudán de población mayoritariamente cristiana y animista. La carta pedía a Jartum «que diera los pasos necesarios para traer rápidamente una paz negociada al pueblo de Sudán».
Mientras que algunos activistas están esperando utilizar la presión de Estados Unidos para parar los abusos en Sudán, otros critican a los países europeos por su apoyo a la campaña militar. Escribiendo en el Boston Globe el 15 de marzo, John Eibner, director ejecutivo de Christian Solidarity International, y Charles Jacobs, presidente del American Anti-Slavery Group, criticaba a Francia por proveer a Jartum de inteligencia militar para continuar el conflicto.
También acusan a Francia y Alemania de proporcionar helicópteros que están siendo usados para la limpieza étnica en los campos petrolíferos del sur de Sudán. Los escritores afirman que al ayudar a desplazar a los no-musulmanes de sus hogares, el objetivo de Francia y Alemania es proporcionar mayor seguridad para las inversiones de empresas petrolíferas como Total Fina, una compañía franco-belga, y el gigante de la ingeniería alemán Mannesman.
Zimbabwe dividido
En Zimbabwe, la decisión del gobierno de Mugabe de expropiar las propiedades de los granjeros blancos disparó una crisis que todavía está viva. Aunque un referéndum constitucional en el 2000 rechazó la política de expropiación, el gobierno ha continuado con ella, invocando poderes especiales e ignorando después el dictamen de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo, observaba el 14 de enero el Washington Times.
Resulta que un tercio de las granjas expropiadas han ido a los partidarios políticos del presidente Robert Mugabe, y que las agitaciones han conducido a que 150.000 trabajadores de las granjas negros pierdan sus trabajos y sus hogares. Las expropiaciones también han causado que el producto interior bruto se haya reducido un 7,3 % en el 2001. Ahora alrededor de la mitad de la población necesita ayuda alimentaria.
La arena política no es menos preocupante, con frecuentes violencias por parte de los activistas del partido gobernante contra los miembros del partido de la oposición, intimidación a los jueces y una campaña contra los medios de comunicación hostiles.
Las iglesias se encuentran divididas sobre qué acción tomar, informaba el 26 de febrero el Christian Science Monitor con sede en Estados Unidos. Uno de los líderes religiosos más críticos con la política del gobierno es el arzobispo católico de Bulawayo, Pius Ncube. Él y algunos ministros protestantes se han unido para formar Cristianos por la Paz y la Justicia, una organización con unos diez líderes religiosos y 100 miembros, afirmaba el Monitor.
Pero siguen siendo una minoría entre los líderes religiosos. Otros han permanecido en silencio, y algunos se han puesto del lado del partido en el poder. El obispo anglicano de Harare, Nolbert Kunonga, por ejemplo, ha elogiado a Mugabe en sus sermones y el año pasado intentó prohibir a 19 parroquianos la entrada en las propiedades de la iglesia por su oposición a la postura pro-gubernamental del prelado.
Sin embargo, datos recientes apuntan a una creciente oposición al gobierno por parte de los líderes religiosos. El mes pasado la policía detuvo a 20 clérigos que habían intentado protestar en la capital, informó la BBC el 28 de febrero.
Los clérigos fueron a los cuarteles de la policía cargando tres cruces de madera, buscando una disculpa por el arresto en una iglesia de uno de sus colegas dos semanas antes. Querían entregar una petición al jefe de la policía, Augustine Chihuri, pidiéndole «que asegurase que las fuerzas de policía del país realizan sus deberes con respeto para la iglesia y para cada ciudadano de Zimbabwe».
Aquel mismo día, el arzobispo Ncube fue advertido por la policía sobre un servicio que ofició durante el cual dieron su testimonio las víctimas de las torturas. El arzobispo dijo que los dos policías uniformados se le acercaron y le advirtieron que sus servicios debían ser estrictamente religiosos.
Él les respondió que era imposible separar temas como el hambre, las dificultades económicas y la violencia de la religión. «
Si el pueblo está sufriendo… la Iglesia no puede excusarse», dijo a la policía.
Algunos días antes, en un signo de protesta contra la política del gobierno, un pequeño grupo de líderes religiosos liderados por el arzobispo marchó al campo de críquet de Bulawayo justo antes de un partido de la Copa Mundial de Críquet con Australia.
Al día siguiente, la BBC informó de que los clérigos fueron puestos en libertad, tras haber sido acusados de alterar el orden público bajo una dura ley de seguridad. Se espera que sean convocados ante un tribunal. Que el mundo preste atención, eso es otro tema.
