MADRID, martes, 11 marzo 2007 (ZENIT.org).- La legislatura que acaba de concluir en España se ha caracterizado por la introducción de una serie de leyes en clave de «ideología de género» como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley del «divorcio exprés» o la ley para combatir la violencia doméstica, en las que se consagran derechos reclamados por los grupos feministas y homosexuales (Cf. Zenit, 22 de febrero de 208).
Asimismo, durante la campaña electoral, José Luis Rodríguez Zapatero dio a entender que se iba a avanzar en los «derechos sexuales y reproductivos». Una de las últimas acciones anunciadas por el Gobierno en funciones fue un decreto para «garantizar la intimidad de las mujeres que abortan», así como la «seguridad jurídica de los actores implicados», en respuesta a las investigaciones realizadas el pasado mes de enero a varias clínicas que supuestamente estaban cometiendo abortos fuera del plazo legal.
Otro de los datos de la campaña fue el apoyo explícito a las manifestaciones feministas convocadas para el día de la Mujer Trabajadora en apoyo del aborto libre. Por otro lado, el apoyo explícito de Zapatero al doctor Luis Montes, acusado y absuelto por falta de pruebas en el caso de sedaciones irregulares a pacientes terminales en el hospital madrileño de Leganés, hizo augurar una posible despenalización de la eutanasia.
Pasadas las elecciones, ¿cuáles son las propuestas concretas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en materias morales para la próxima legislatura? El programa electoral socialista incide en la cuestión del aborto, aunque no aborda la despenalización de la eutanasia.
«Derechos reproductivos»
El programa (capítulo III apartado 1.2) consagra «el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva», y anuncia una «Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que diferencie sexualidad de reproducción». Esta distinción es una de las exigencias claves de los movimientos feministas radicales en todo el mundo.
Esta estrategia prevé un impulso a los «nuevos usos de la reproducción asistida», así como una «profundización en la prevención de los embarazos no deseados a través de la accesibilidad libre y gratuita a la anticoncepción de emergencia».
Pero sobre todo, la propuesta central es «promover la reflexión, atendiendo al debate social, sobre la vigente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la posibilidad de modificarla con el fin de garantizar la equidad en el acceso y la calidad de esta prestación sanitaria».
En diciembre, el partido socialista había estudiado la inclusión en el programa de una «Ley de plazos», similar a la que desde hace años han impulsado grupos radicales de izquierda en el Parlamento, y que supone en la práctica el aborto libre. Las críticas recibidas dentro del propio partido hicieron desistir de la propuesta.
Además, se incluye la «regulación de la objeción de conciencia en las prestaciones sanitarias y especialmente en las Interrupciones Voluntarias del Embarazo». Ya el pasado 28 de enero, el presidente del Colegio de Médicos, Isacio Siguero, denunciaba en el diario ABC que dicha propuesta podía constituir una medida de presión contra los médicos objetores.
«Homofobia»
El programa socialista anuncia, asimismo, una «Ley Integral de Igualdad de Trato y contra la Discriminación», en referencia a las directivas europeas 2000/43/CE, contra la discriminación étnica o racial, y 2000/78/CE, contra la discriminación en el empleo y la ocupación por motivo de religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación e identidad sexual.
La ley «promoverá las reformas normativa pertinentes para un mejor tratamiento de los delitos con motivaciones racistas xenófobas, homófobas y tránsfobas». El programa anuncia así su intención de «superar» el marco de las directivas (en las que no se habla de homofobia en ningún momento, sino de discriminación por orientación sexual en el terreno laboral) «teniendo en cuenta la perspectiva de género».
Si bien las directivas europeas señaladas (que sí son vinculantes para los países) no abordan la pretendida cuestión de la «homofobia», existe una resolución sobre la misma (que no es vinculante), aprobada el 18 de enero de 2006, en la que se exige, además del reconocimiento de «matrimonio» para las parejas del mismo sexo, «intensificar la lucha contra la homofobia mediante métodos educativos –tales como las campañas contra la homofobia en los centros escolares, en las universidades y en los medios de comunicación–, así como utilizando medios administrativos, judiciales y legislativos».
Libertad religiosa
Otro de los puntos del programa es la anunciada intención de revisar la ley orgánica de libertad religiosa de 1980, que en su artículo 7 reconocía a las «confesiones con notorio arraigo». Precisamente, el programa establece como prioridad «evitar privilegios y discriminaciones de unas confesiones respecto de otras, de unas creencias frente a otras». La intención del Gobierno es «avanzar en la laicidad».
Precisamente, se valora como un logro del anterior Gobierno «el establecimiento de un sistema de enseñanza religiosa inscrito en la escuela pero no en el sistema educativo, que se imparte «en» la escuela pero no «por» la escuela; la introducción en el currículo educativo de una materia, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que contribuye a la formación en los valores constitucionales compartidos por todos; la eliminación de la exención del IVA de que gozaba la Iglesia católica y la puesta en marcha del sistema de asignación tributaria como forma de contribución estatal a su financiación, eliminando definitivamente el sistema de dotación presupuestaria».
La intención del PSOE es equiparar todas las convicciones, «con independencia de su carácter religioso o no», mientras que la ley de 1980 excluía de su regulación a las creencias que no fueran de tipo religioso. Es decir, que las asociaciones de tipo filosófico o humanista pasarán a tener la misma consideración que las creencias religiosas.
Además, el programa avanza que «la contribución de las confesiones a la deliberación pública en las sociedades democráticas, a su desarrollo ético y cultural» debe entenderse «siempre subordinada a la soberanía de las instituciones democráticas, al imperio de la ley y, en definitiva, a la voluntad ciudadana mayoritaria».
Por Inmaculada Álvarez
