GINEBRA, 4 octubre 2002 (ZENIT.org).- La Santa Sede ha denunciado la situación de los niños y adolescentes refugiados –el 45% de los refugiados del mundo– amenazados en particular por abusos sexuales.
El llamamiento fue lanzado por el arzobispo Diarmuid Martin, observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas e Instituciones Especializadas en Ginebra, al intervenir el 1 de octubre en la sesión del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Su discurso se convirtió en una apasionada defensa de esos menores de 18 años, en buena parte hacinados en campos de refugiados, en los que las condiciones de vida no son fáciles.
«Son de los refugiados más vulnerables –aseguró–. Las serias denuncias de abuso sexual de los niños refugiados señalan claramente la necesidad de renovar continuamente las políticas de ACNUR y de sus asociados en esta área».
«Nuevas normas y nuevos códigos de conducta, si bien son necesarios, no ofrecerán por sí solos una respuesta a este desafío», advirtió.
«Es necesario un fundamental cambio cultural. El abusos sexual en situaciones de emergencia no es inevitable. La violencia sexual no es una dimensión inevitable en los conflictos», aclaró.
«La comunidad de naciones afirma hoy con renovado vigor que la sistemática violencia sexual en los conflictos armados es un crimen contra la humanidad. Debe afirmarse con la misma claridad que el abuso sexual, de niños o adultos, por agentes humanitarios es igualmente inaceptable», insistió.
«La globalización de la economía requiere y llevará inevitablemente a una nueva comprensión de la inmigración», constató finalmente afrontando el problema en su raíz.
«En un tiempo en el que está creciendo el reconocimiento de que políticas migratorias más inteligentes, abiertas y transparentes responden a los intereses de las economías desarrolladas y en vías de desarrollo, con frecuencia se nota la falta del valor político necesario para afrontar la cuestión», denunció.
«La falta de políticas inteligentes de inmigración no hace más que aumentar la posibilidad de traficar con personas, mientras se emplean muchos recursos para contrarrestar el movimiento de aquellos que podrían aportar un beneficio útil para el progreso económico y social en el país que los acoge», concluyó.
