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Preocupación de los obispos ante las divisiones en Honduras

Comunicado de la Conferencia Episcopal

TEGUCIGALPA, viernes 19 de junio de 2009 (ZENIT.org).- Publicamos el comunicado emitido este viernes por la Conferencia Episcopal de Honduras al concluir su segunda asamblea anual.

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Da, pues, a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo

y poder discernir entre lo bueno y lo malo” (1 Reyes 3,9). 

Los Obispos de la Iglesia Católica de Honduras, reunidos en nuestra Segunda Asamblea anual, al Pueblo de Dios y a la sociedad hondureña en general, manifestamos lo siguiente: 

El decidido empeño para que haya verdadera JUSTICIA SOCIAL como compromiso de toda la ciudadanía, sobre todo de aquellas personas que aspiran a cargos de elección.  Creemos que en la medida en que se vaya desarrollando la capacidad, la conciencia y la responsabilidad ética de dirigentes políticos, de los funcionarios públicos y de los responsables del sistema bancario, la injusticia social que existe irá disminuyendo.  Porque sin Justicia Social no puede haber verdadera democracia.

El DIÁLOGO, como instrumento que convierte las diferencias naturales y el pluralismo social y cultural en oportunidad de mejorar las propuestas de futuro y consensuar las decisiones políticas y económicas.  Por ello necesitamos un diálogo que abarque todos los sectores de la sociedad y que nos encamine no solo a superar la crisis actual sino a encontrar un proyecto de nación por el que trabajar unidos.  

Las CONSULTAS a la ciudadanía, lejos de provocar temor, debemos considerarlas como un recurso importante de participación política, siempre y cuando se realicen dentro del marco de la ley, ya que “la representación política no excluye, en efecto, que los ciudadanos puedan ser interpelados directamente en las decisiones de mayor importancia para la vida social” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,  413).

1. Queremos ser fieles a la misión de anunciar el Evangelio por medio de la formación de las conciencias, la defensa de los valores, sobre todo la verdad y la justicia, y nuestra contribución al bien común.  Esta responsabilidad nos la recuerda el Documento de Aparecida cuando afirma: “Compete también a la Iglesia colaborar en la consolidación de las frágiles democracias, en el positivo proceso de democratización en América Latina y el Caribe, aunque existan actualmente graves retos y amenazas de desvíos autoritarios” (Documento de Aparecida, 541).

2. La coyuntura política que se ha producido por las elecciones internas en los partidos políticos, la elección de la Corte Suprema de Justicia, el nombramiento del Fiscal General de la República, los rumores de golpe de Estado y los preparativos para la encuesta sobre una cuarta urna, han producido en nosotros honda preocupación por las divisiones y la polarización de fuerzas que cada día se agudizan en nuestra sociedad.

3. Desde diferentes medios de comunicación, agrupaciones cívicas y el mismo pueblo, se insiste en la necesidad de plantearse, e intentar resolver, los ingentes problemas sociales que se han venido postergando; tales como la creciente violencia social, la disminución de los recursos financieros del Estado, el desempleo, el auge del crimen organizado y el narcotráfico, la disminución de la fuerza que los valores morales y religiosos le dan a la sociedad, la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales, la tenencia de la tierra, etc.

4. De este conjunto de problemas que amenazan nuestra democracia, todos, en alguna medida, somos responsables.  Son responsables los Poderes del Estado, sus instituciones y organismos, cuando politizan sus gestiones y las manchan con la corrupción, el abuso de poder y la intención de imponer en nuestra patria un pensamiento único.  Responsables, también, los partidos políticos que se consideran herederos del patrimonio estatal para administrarlo, en muchos casos, según sus intereses particulares.  Así mismo, son responsables los llamados “grupos de poder”, nacionales y transnacionales, difíciles de identificar porque actúan en las sombras, insaciables en su afán de enriquecimiento, que bloquean o condicionan el desarrollo integral del país profundizando la brecha de la injusta desigualdad en la que vivimos.   Y, en fin, todos los que formamos la sociedad hondureña, somos responsables en la medida en que nos hacemos indiferentes y pasivos ante los peligros que amenazan nuestra débil democracia, más electoral y representativa que participativa.

5. La democracia participativa que queremos sólo será posible si se dan ciertas condiciones:

Por tanto, urgimos a las autoridades que han sido elegidas para custodiar el Estado de Derecho, que sepan encontrar, por medio del DIALOGO, las soluciones al conflicto actual, y que sepan garantizarle al pueblo hondureño la reglamentación de recursos constitucionales, como son el Plebiscito y el Referéndum que, junto con otros instrumentos, como es la Ley de Participación Ciudadana, permitan que el pueblo sea consultado en los asuntos de mayor importancia.

6. Una sociedad libre y soberana sólo se puede construir con la participación de todos los ciudadanos, sintiéndonos corresponsables del bienestar de Honduras. Pero un verdadero cauce de participación ciudadana no se puede hacer en contra de las mismas leyes.  No se puede desobedecer a la Ley en nombre de las personas a las que se quiere beneficiar, como no se puede ser democrático sin respetar la Democracia, “imponiendo el poder de un determinado grupo a todos los demás miembros de la sociedad” (Redemptor Hominis, 17).

7. En el camino de preparación de las próximas elecciones consideramos necesario un proceso que permita divulgar el conocimiento de la Constitución a todos los niveles.  Este esfuerzo tendrá más beneficios para la ciudadanía que todos los gastos, algunos de dudosa procedencia, de las excesivamente largas campañas políticas.

8. La ciudadanía debe exigir, a quienes se presenten como candidatos en las próximas elecciones, que demuestren su conocimiento de las necesidades de la nación, su capacidad para ejercer cargos públicos, su honestidad y su sensibilidad auténtica hacia los más necesitados. Asimismo, los candidatos han de confirmar públicamente su compromiso de respetar los procesos de participación ciudadana y de trabajar para que las Leyes estén al servicio del bien de todos, en especial de los más pobres, y no para adaptarlas a los intereses particulares de personas, grupos o partidos políticos.

9. Pedimos a los tres poderes del Estado, a las Instituciones dependientes y, en especial, a las Fuerzas Armadas, que garanticen la transparencia, organización y buena marcha de las próximas elecciones para que se conviertan en una demostración de convivencia pacífica y de respeto a la Constitución tal como lo desea el pueblo hondureño.

Rogamos a Dios que su Santo Espíritu ilumine los corazones de los que vivimos en esta patria que es Honduras.  Y a la Virgen de Suyapa que, con su maternal presencia, nos recuerde en todo momento que somos hijos de Dios, hermanos y hermanas, y que ella nos guíe hacia la unidad en la justicia y la paz. 
 

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de junio de 2009.

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