Puntos de cooperación entre la Iglesia y el Estado

Por el profesor Stuart C. Bate

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JOHANNESBURGO, sábado, 27 noviembre 2004 (ZENIT.org).- Publicamos la intervención del profesor Stuart C. Bate, OMI, profesor de teología en Johannesburgo durante la videoconferencia mundial de teología organizada por la Congregación para el Clero el 29 de octubre de 2004 sobre «Iglesia y Estado».

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Los seres humanos viven en el contexto de la historia pero, al mismo tiempo, se esfuerzan por preservar su vocación eterna (GS 76). Por eso, en temas referentes al orden temporal, hay aspectos en los que claramente la Iglesia y el Estado pueden colaborar.

En la historia moderna del continente africano dicha colaboración ha sido manifiesta, especialmente en lo referente a la sanidad y la educación. En el siglo XX, por ejemplo, la Iglesia Católica fue el mayor proveedor de servicios educativos en los Estados africanos. Baur (1994:274) indica que «las escuelas de misión han sido el mayor servicio hecho a nuestras naciones africanas en vías de desarrollo». También los hospitales de las misiones han tenido un papel importante en la mejora de la calidad de vida de muchas personas en nuestro continente. En 1950 había más de 1500 dispensarios católicos y en el continente se hicieron más de 30 millones de consultas (estadísticas de Propaganda Fide).

El papa Juan Pablo II nos recuerda que «el motivo fundamental de la colaboración entre la Iglesia y el Estado es el bien de la persona humana» (Concordato con Polonia) y, en África, la colaboración en los ámbitos de la sanidad y la educación ha contribuido sin duda a mejorar la calidad de vida de la gente. Pero la calidad de la vida humana exige también una transformación a nivel espiritual. Por ello, la Iglesia se esfuerza constantemente por actuar como levadura en su relación con las sociedades humanas para que puedan ser «renovadas en Cristo y transformadas en familia de Dios» (GS 40).

Los aspectos en que la Iglesia y el Estado pueden colaborar se determinarán «teniendo en cuenta las circunstancias de lugar y tiempo» (GS 76). En las situaciones de persecución se vuelve difícil hallar ámbitos de colaboración pero, como destaca el Santo Padre: «Una Iglesia que goza de libertad desea ser aliada del Estado «en la colaboración por el progreso humano y el bien común»» (Concordato con Polonia). De todos modos, la cooperación con el Estado nunca pone en entredicho la misión profética de la Iglesia de incitar al Estado a adoptar formas siempre más eficaces de colaboración, porque la Iglesia «es al mismo tiempo signo y salvaguardia de la trascendencia de la persona humana» (GS 76).

La respuesta al SIDA representa un ejemplo típico. En todo el mundo, la Iglesia ha tomado iniciativas de largo alcance para las víctimas del SIDA. En 2002, el arzobispo Javier Lozano Barragán refirió que el 26% de todos los centros de tratamiento del SIDA en el mundo son católicos (Agencia de noticias Zenit, julio de 2002). En Sudáfrica, el Catholic Bishops’ AIDS Office es el «mayor proveedor» de servicios para el SIDA después del gobierno (SAPA, 26 febrero de 2002). A pesar de esta iniciativa de colaboración, la Iglesia ha pedido recientemente una mayor cooperación entre la Iglesia y el Estado en la asistencia a los enfermos de SIDA. Los obispos han solicitado al gobierno «que intensifique en el país su respuesta al SIDA, manteniendo su propuesta de seguir produciendo medicinas contra el retrovirus, y quite todos los obstáculos que dificultan la realización de iniciativas promovidas por la sociedad civil en el sector sanitario» (pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Sudáfrica sobre el sida 2004). Los obispos insistieron también en que «Una cooperación y colaboración estable entre el Estado y la Iglesia en este ámbito es la única manera de garantizar que la financiación llegue a quienes más la necesitan».

La colaboración entre la Iglesia y el Estado aúna siempre la misión profética de la Iglesia de salvaguardar la trascendencia de la persona humana y la unidad de la comunidad humana con la misión diaconal de la Iglesia al servicio del bien común. Por esta razón, los puntos de colaboración nunca implican una supeditación de la Iglesia a la visión y praxis del Estado sino que constituyen una cooperación puesta al servicio del mayor bien de la humanidad en un contexto social concreto.

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ZENIT Staff

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