NUEVA DELHI, martes, 8 enero 2008 (ZENIT.org).- Tras su visita al Estado de Orissa, sacudido en Navidad por violencia anticristiana, el presidente del episcopado católico de la India reclama al primer ministro del país seguridad para la minoría creyente y respeto a la libertad religiosa recogida en la Constitución.
Cuatro días de furor extremista -del 24 al 27 de diciembre- contra los cristianos y sus instituciones han arrasado, con impunidad, especialmente el distrito de Kandhamal.
Con testimonios directos, la Conferencia de los Obispos Católicos de la India (CBCI) fue dando noticia de esta explosión de violencia del «Hindutva» –ideología hinduista fuertemente nacionalista–, cuyo punto de mira estaban siendo los cristianos de Orissa. Se ha traducido en muertos, heridos, desaparecidos, miles de cristianos vejados y destrucción enorme en hogares, iglesias, diversas instituciones y vehículos. El balance exacto se desconoce aún.
Después de haber visitado personalmente -del 2 al 4 de enero– las zonas afectadas de Orissa, el lunes por la tarde el presidente de la CBCI, el cardenal Telesphore Toppo, informó en persona al primer ministro de la nación, Manmohan Singh, de la situación del Estado y le pidió su intervención.
Confirma la CBCI que el gobierno local negó al purpurado acceso a las víctimas; en cualquier caso ha podido recibir testimonios de primera mano en el arzobispado de Bubhaneshwar.
Los recientes ataques, «prolongados y difundidos», contra los cristianos de Kandhamal «son verdaderamente trágicos», dice el cardenal Toppo –arzobispo de Ranchi– en la carta que entregó en mano a Singh.
«Una cadena de violencia no provocada e injustificada se desató contra la comunidad minoritaria cristiana de tribales y dalits»; «sin duda se planificó», expresa.
Entre las consecuencias, cita la «destrucción de la paz y armonía de habitantes pobres», la ruina de la sagrada celebración de la Navidad, las ingentes pérdidas –también materiales– y la desacralización de iglesias, reducidas a cenizas, «cosa que ha herido profundamente los sentimientos de los cristianos».
El purpurado denuncia la destrucción selectiva de tiendas que pertenecían a cristianos dalits y tribales, buscando su quiebra económica.
Por la información de que dispone, el cardenal Toppo apunta a una Administración local «ineficaz e incapaz de prevenir y de controlar la situación violenta».
Se ha tratado –sintetiza– de una cuestión «de consentimiento político y oficial, si no directamente de apoyo, de las actividades de fuerzas comunales que difunden la ideología del odio y de la violencia»; «es una afrenta directa» a la democracia y a la sociedad civil.
El purpurado pide al primer ministro de la India su intervención, con eficacia, «para devolver la paz y el orden a las zonas afectadas y sobre todo la confianza a la comunidad cristiana, que aún vive con gran pánico».
Es necesario igualmente, según recalca en su carta, emprender un proceso de rehabilitación del lugar e indemnizar a las víctimas, identificar y procesar a los culpables, investigar las organizaciones comunales que fomentan tensiones y adoptar medidas adecuadas al respecto, para prevenir hechos así en el futuro.
El cardenal Toppo, en su encuentro, insistió en el deber de proteger la libertad religiosa, que la Constitución india contempla.
El primer ministro «aseguró hacer todo lo posible para brindar alivio y seguridad a las víctimas», confirmó el purpurado después de su reunión con Singh.
El lunes, el servicio informativo ICNS –«Indian Catholic News Service», de la oficina del portavoz y de la oficina de comunicación del episcopado indio– publicó un informe del arzobispo Raphael Cheenath, SVD –de la diócesis de Cuttack-Bhubaneshwar– según el cual «la situación sigue siendo desesperada y existe un gran temor y preocupación entre los cristianos».
Del relato del prelado se desprende que, en cuanto a la autoría del ataque, la multitud de fundamentalistas armados eran del «Sangh Parivar», que profesa la ideología del «Hindutva»; «pero la gente que perpetró las atrocidades procedían por norma de otros lugares, para evitar ser reconocidos y, después de cometer los crímenes, desaparecer de la escena».
Mientras, las comunidades cristianas están intentando acercar su solidaridad a las poblaciones golpeadas por la tragedia.
Este martes, el ICNS se hace eco de la petición conjunta del United Christian Forum –que incluye a la CBCI, al National Council of Churches of India (NCCI) y al Utkal Christian Council, regional– al gobierno de Orissa para que éste les permita distribuir ayuda.
Y es que las víctimas de la violencia «tuvieron que refugiarse muchos días en bosques, sin alimentos ni recursos sanitarios»; habiendo regresado a campamentos de ayuda o junto a sus familiares, tampoco cuentan con condiciones de vida adecuadas.
La nota –firmada por el obispo D. K. Sahu, secretario general del NCCI, el arzobispo Cheenath, el padre Babu Joseph, portavoz de la CBCI, y el obispo Samson Das, presidente del Utkal Christian Council— subraya: «Debido a la falta de una intervención oportuna por parte de la Administración del distrito, a pesar de información previa, se llegó al descontrol y elementos comunales aprovecharon la situación, que degeneró en gran disturbio en incendios».
ICNS cita cifras del ataque en cuanto a la destrucción completa de lugares de la comunidad cristiana: 53 iglesias (5 de ellas parroquiales), 5 conventos femeninos, 4 residencias sacerdotales, 7 casas de acogida (para 800 niños), 2 centros vocacionales, más de medio millar de hogares y 126 negocios.
Por Marta Lago
