ROMA, 29 octubre 2001 (ZENIT.org).- El atentado que costó este domingo la vida a dieciocho cristianos en Pakistán ha sacado a relucir la frágil situación de las minorías religiosas en este país de casi 145 millones de habitantes, de los que el 97% es musulmán.
El «Informe sobre la libertad religiosa en el mundo 2001», publicado por la asociación de derecho pontificio «Ayuda a la Iglesia Necesitada», comienza su capítulo dedicado a esta nación constatando que «sigue habiendo, a nivel institucional, numerosas discriminaciones de tipo religioso».
«El actual presidente, el general Pervez Musharraf, jefe de una junta de militares y civiles que subió al poder tras un golpe de Estado el 12 de octubre de 1999, ha vuelto a introducir el Islam como religión de Estado», constata el Informe.
De este modo, ha entrado de nuevo en vigor la distinción entre ciudadanos musulmanes e «infieles», «garantizando privilegios a los primeros que no son concedidos a las minorías religiosas».
En el sistema electoral, adoptado en 1985, los ciudadanos eligen a sus propios representantes políticos según su propia filiación religiosa. De los 217 escaños de la Asamblea Nacional, cuatro son asignados a los representantes cristianos, cuatro a los hindúes, y dos a las demás minorías.
Por este motivo, los cristianos boicotearon las elecciones administrativas celebradas en dos turnos el 31 de diciembre de 2000 y el 21 de marzo de 2001, según informó el diario Avvenire al día siguiente.
Durante el año 2000, numerosas manifestaciones se organizaron en todo el territorio nacional, y organizaciones como la Comisión Justitia et Pax, la Cáritas nacional, y el National Christian Action Forum, convocaron recogidas de firmas contra la ley electoral, según constató «Eglise d´Asie» (16 de junio de 2000).
La cuestión más candente en estos momentos en materia de libertad religiosa es la ley sobre la blasfemia, según la cual, quien es acusado por un testigo de insultar a Mahoma o al Islam puede ser arrestado y condenado a muerte.
El gobierno había pensado enmendar esta ley, introduciendo controles más severos, pues es fácil que varias personas acusen de blasfemia a una persona con falsos testimonios. Quien recoge las acusaciones es el cuartel de policía local. Musharraf había pensado en crear una autoridad superior que verificara las denuncias antes de proceder al arresto.
Ahora bien, como explicó el presidente Musharraf en declaraciones publicadas por «Human Rights Without Frontiers» (19 de mayo de 2000) el gobierno optó por abandonar este proyecto, «dado que los expertos y el pueblo comparten posiciones unánimes» y para evitar que durante las investigaciones la gente linche a los acusados.
«Nadie puede cambiar la ley de la blasfemia» declaró el presidente en una entrevista concedida al «Financial Times» el 6 de marzo de 2001.
El Consejo Ecuménico de las Iglesias envió una carta al gobierno paquistaní para pedir la revocación inmediata de esta ley que en la práctica sirve de pretexto «para discriminar incluso violentamente a las minorías no musulmanas presentes en el país».
Según la «Christian Evangelical Fellowship», el 3 de enero de 2001 había siete cristianos en la cárcel a causa de la ley de la blasfemia.
El caso más dramático es el de Ayub Masih, acusado en 1996, condenado a muerte en abril 1998. «Torturado en varias ocasiones –denuncia el Informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada–, se encuentra en pésimas condiciones de salud, relegado a una celda de aislamiento, en parte por varios intentos de homicidio que ha sufrido».
Ocho años de trabajos forzados son la pena que está descontando Shafik Masih, en la cárcel desde 1998, condenado en octubre de 1999 por «haber ofendido ligeramente al Islam». En realidad, escribe «L´Eglise dans le monde» (primer trimestre 2001), según su abogado defensor, Masih no ofendió al Islam, fue acusado simplemente tras un litigio sobre la energía eléctrica que un vecino transformó en cuestión religiosa.
En la provincia de Punjab, dos hermanos cristianos, Rasheed y Saleem Masih, fueron condenados el 11 de mayo de 2000 a 35 años de cárcel por la acusación de blasfemia que presentó un vendedor de helados islámico que no quería venderles el helado en las mismas copas que ofrecía a los musulmanes.
Según la agencia «Compass» del 17 de enero de 2001, en el año 2000, 39 personas fueron acusadas de blasfemia.
Según el Anuario Estadístico de la Iglesia, en Pakistán hay 1.089.000 católicos bautizados.
