CIUDAD DE GUATEMALA, 9 octubre 2002 (ZENIT.org).- Por un «vicio de forma», un tribunal de apelación de Ciudad de Guatemala anuló este martes las condenas impuestas en primera instancia a tres militares y un sacerdote por el asesinato de monseñor Juan José Gerardi Conedera, cometido en la capital el 26 de abril de 1998.
La justicia ha ordenado ahora un nuevo juicio a los militares, el coronel retirado Disrael Lima Estrada, el capitán Byron Lima Oliva y el sargento Obdulio Villanueva, y el sacerdote Mario Orantes.
Los jueces de primera instancia habían condenado en junio de 2001 a los tres militares a 30 años de prisión por «ejecución extrajudicial» y al padre Orantes a 20 años por «complicidad».
El primer veredicto calificó además el móvil del homicidio como «político», en relación al trabajo realizado por monseñor Gerardi en el marco del proyecto diocesano REMHI (Informe Para la Recuperación de la Memoria Histórica, «Guatemala, Nunca Más»).
La Sala Cuarta de Apelaciones ha fundamentado su decisión en que el tribunal dictó la sentencia sin valorar adecuadamente las declaraciones de Rubén Chanax, cuyo testimonio fue clave para condenarlos.
«Esta sala, al resolver por unanimidad, acoge el recurso de apelación especial… y se anula la sentencia dictada 7 de junio del 2001 por el Tribunal Tercero», se lee en el veredicto emitido.
Los procesados continuarán en prisión hasta que el inicio del nuevo proceso; no existe un plazo legal para determinar cuándo tendrá lugar. Un nuevo juicio podría reducir las condenas o absolverlos, según los expertos.
La cocinera de Gerardi, Margarita López, absuelta en la sentencia anterior, no será procesada de nuevo.
Al oír la resolución del tribunal, decenas de amigos y familiares de los procesados aplaudieron a los jueces, mientras que activistas de derechos humanos, observadores internacionales y diplomáticos permanecieron en silencio.
La resolución ha sido criticada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), que actúo como querellante en el juicio.
«No compartimos la decisión; creo que entraron a analizar medios de prueba; teníamos cierta reserva respecto a los miembros del tribunal, pero ahora analizaremos qué pasos vamos a dar. Tenemos que hablar con monseñor
(Rodolfo) Quezada Toruño, quien deberá tomar una decisión» comentó a la agencia AP el director de la ODHA, Nery Rodenas.
La Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), en un comunicado considera que «la revocatoria podría retrasar el esclarecimiento del crimen y la sanción a los responsables».
Además reclama «que el Estado asuma el reto histórico de reabrir el juicio en condiciones que reflejen la superioridad de la justicia sobre cualquier expresión de poder (…) y que garantice la seguridad de las personas que participaron en el proceso».
Por parte de Amnistía Internacional, la investigadora Tracy Ulltveit-Moe ha decarado que un nuevo juicio podría permitir a amigos de los acusados en la milicia «más intimidaciones o comprar a aquellos cuyos testimonios fueron cruciales para la sentencia inicial».
Monseñor Juan Gerardi Conedera, obispo auxiliar de Ciudad de Guatemala y conocido defensor de los derechos humanos, fue asesinado dos días después de publicar «Guatemala, nunca más», informe que documenta más de 55.000 violaciones de los derechos humanos –-la mayoría de las cuales se atribuyeron al Ejército– perpetradas durante la guerra civil (1960-1996), que concluyó con al menos 200.000 víctimas entre muertos y desparecidos.
