CIUDAD DEL VATICANO, 11 octubre 2002 (ZENIT.org).- La familia en el continente americano está atacada tanto por leyes que violan el derecho fundamental a la vida o el carácter único del matrimonio como por la «dictadura del mercado», afirma una declaración de obispos del continente y de representantes de la Santa Sede.
«La declaración de Santo Domingo», como ha sido bautizada, publicada este viernes por la Sala de Prensa de la Santa Sede, es el documento conclusivo de una reunión de los presidentes de las Conferencias Episcopales de América celebrada en la República Dominicana del 1 al 5 de septiembre para tratar el tema «Situación y perspectivas de la familia y la vida en América»
La «Declaración», que se dirige de manera particular a los políticos y responsables de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los países americanos, comienza denunciando «una fuerte presión ideológica».
«Se diría que hay el propósito de desmontar pieza por pieza el edificio de la familia fundamentada sobre el matrimonio», afirma.
Amenazas al matrimonio
En este sentido, los obispos y cardenales confiesan: «Nos aflige profundamente la pretensión de dar un reconocimiento legal, con los efectos jurídicos que la tradición de los pueblos sólo reconocía al matrimonio, un bien eminentemente público, a las llamadas «uniones de hecho», en sus diversas versiones y etapas».
«Es aún mayor nuestra inquietud cuando tal pretensión se refiere a personas del mismo sexo –sigue diciendo el documento–. Es inadmisible que se quiera hacer pasar como una unión legítima e incluso como «matrimonio» las uniones de homosexuales y lesbianas, hasta con el pretendido derecho de adoptar niños».
«Reconocer este otro tipo de uniones y equipararlas a la familia es discriminarla y atentar contra ella», explica la «Declaración» conclusiva de Santo Domingo» que fue convocada por el Consejo Pontificio para la Familia, la Comisión Pontificia para América Latina y el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
Amenazas a la vida
A continuación, el texto afronta el debate que plantea la bioética en cuestiones como la ingeniería genética, la clonación, la fecundación asistida y la eutanasia, y afirma «la sacralidad de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural».
«La ciencia no puede erigirse en exclusivo criterio al margen de los principios éticos, pues comprometería a la persona y a la sociedad», afirman los prelados.
«Nos impresiona que mientras se proclaman, con legítima insistencia los derechos humanos fundamentales, y sin duda que el primero es el derecho a la vida (cf. art. 3 de la Declaración universal de derechos del hombre), se difunde cada vez más el crimen abominable del aborto», añaden denunciando «la conversión del delito en derecho».
La pobreza
La tercera gran amenaza que experimentan hoy las familias en América, según la declaración, es la «extrema pobreza» provocada por «el capitalismo salvaje y la dictadura del mercado».
«Compartimos el sufrimiento de tantas familias que experimentan la necesidad de emigrar por la falta de oportunidades de trabajo en muchas regiones», reconocen los prelados.
«No es verdad que el incremento de seres humanos sea la causa de la pobreza y la miseria –afirman los obispos y cardenales–. Sabemos que ellas son producto de la injusticia reinante. Esta es la que produce mayor enriquecimiento de los ricos y más empobrecimiento de los pobres. Nunca antes hubo mayor contraste entre riqueza y pobreza».
El documento acaba con un apremiante llamamiento a «los políticos y legisladores, no sólo los católicos» «a no dar su voto a proyectos de leyes inicuas».
En particular, el documento recuerda el derecho a la objeción de conciencia «ante la avalancha de proyectos de ley sobre uniones de hecho en sus diversos niveles, que atientan contra la singularidad del matrimonio».
«¿Cómo podría un cristiano, un político o legislador coherente, incluso si no comparte nuestra fe, dar su voto o prestarse para «celebrar» dichas uniones que discriminan de hecho su mundo moral?», concluyen preguntando
El documento es firmado por el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente Consejo Pontificio para la Familia, por el cardenal Giovanni Battista Re, prefecto de la Congregación de los Obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, y por el obispo Jorge Enrique Jiménez Carvajal, presidente del CELAM. Fue aprobado por unanimidad en la reunión de Santo Domingo.
