SYDNEY, 26 octubre 2002 (ZENIT.org).- Los temores del Vaticano sobre las «ambigüedades» que presentan las normas de los obispos de Estados Unidos para afrontar las denuncias de abuso sexual presentadas contra clérigos están seriamente justificadas, según demuestra el caso del arzobispo de Sydney (Australia), monseñor George Pell.
El arzobispo ha sido absuelto de las acusaciones que había presentado contra él un ciudadano australiano que aseguraba haber sido abusado sexualmente a inicios de los años sesenta por monseñor Pell, que en la época era seminarista (Zenit, 14 de octubre de 2002).
Una investigación independiente realizada por el antiguo juez de la Corte Suprema de Victoria, Alec Southwell, absolvió al prelado de todas las acusaciones.
Si bien el caso Pell ha quedado cerrado, quedan sin respuesta dos cuestiones de fondo: la manera en que los medios de comunicación cubren estos casos; y la manera en que la Iglesia afronta las denuncias de abusos sexuales atribuidos a clérigos.
Campaña de prensa
Desde el momento en que monseñor Pell llegó a Sydney, procedente del arzobispado de Melbourne, medios de prensa demostraron abiertamente su hostilidad. Estas críticas se agudizaron el pasado mes de junio, cuando el prelado fue acusado de no haber dado la importancia debida a casos de abuso sexual, cuando era obispo auxiliar de Melbourne.
Se trataba en realidad de acusaciones provocadas por entrevista televisiva. La «trampa» del programa fue analizada en la entrega de octubre de la revista Quadrant, y los resultados no son halagüeños para el canal televisivo. Para empezar, los productores del programa mintieron al arzobispo Pell sobre el contenido de la entrevista televisiva, diciéndole que sólo tendría que hablar sobre la crisis de abusos en Estados Unidos.
El artículo de Quadrant explica que el programa lanzó acusaciones generalizadas, que no tenían nada que ver con el arzobispo. El programa, sin embargo, levantó el frenesí de los medios.
En las semanas siguientes, se verificaron numerosos intentos de acusar al arzobispo de Sydney de no haber sabido reaccionar ante casos de abusos atribuidos a sacerdotes. Se le acusó incluso de la decisión de otro obispo australiano, que no tenía nada que ver con monseñor Pell (no estaba bajo jurisdicción), que firmó un contrato de compensación a víctimas de abusos en el que se había impuesto una cláusula de silencio.
En la decisión de aquel obispo los medios llegaron a presentar una «prueba» clara de la culpabilidad de monseñor Pell, a pesar de que éste no tenía nada que ver con el caso.
Por el contrario, tan sólo tres meses después de su toma de posesión como arzobispo de Melbourne, Pell introdujo cambios importantes en la política de la Iglesia con respecto a las alegaciones sobre abusos, observaba Quadrant. Desde entonces, el clero fue tratado con mucha más seriedad, y la compensación a las víctimas fue mejorada.
Cuando estalló la denuncia de la persona que decía haber sido abusada por Pell, la cobertura negativa de los medios fue enorme. Cuando fue absuelto de las acusaciones, el Sydney Morning Herald observaba el 15 de octubre: “Las acusaciones de abusos sexuales contra Pell han recibido una cobertura extensísima en ultramar. Es dudoso que den la misma preeminencia a limpiar su buen nombre ”.
Los medios llegaron a publicar narraciones gráficas del inventado abuso cometido por Pell, mientras protegían el anonimato de su acusador. La cobertura continuó, a pesar de la total falta de evidencias que la corroborasen.
Una revista mensual de contenido religioso, AD2000, en un artículo publicado antes de que se exculpara al arzobispo, comentaba la tendencia en aumento de los medios a “atacar agresivamente la buena reputación de una persona distinguida basándose en una mera aserción”.
Incluso el presidente del Consejo Australiano de Libertades Civiles, Terry O’Gorman –que no es precisamente un aliado del arzobispo Pell– llamó la atención ante la “histeria” general levantada por acusaciones de abusos sexuales a menores. “Hemos ido tan lejos en la destrucción de la presunción de inocencia que una ley debería restaurar los principios de presunción de inocencia, y restaurarlos de manera fundamental”, declaró O’Gorman.
Denuncias sospechosas
Surgieron dudas preocupantes sobre las verdaderas intenciones de quienes acusaron al arzobispo, cuando el Herald Sun del 6 de octubre publicó detalles sobre la persona que denunció a monseñor.
Quien se decía ser la víctima de Pell, era en realidad un criminal de carrera. Ha sido declarado culpable de tráfico de drogas y se ha visto en vuelto en el juego de azar ilegal, evasión de impuestos y crimen organizado en un sindicato de trabajadores. Una comisión que probó la corrupción del sindicato dedicó incluso todo un capítulo de su informe a las actividades del hombre que denunció a Pell.
El informe de investigación observaba: “El sujeto ha estado en los tribunales en muchas ocasiones, resultando condenado en 39 ocasiones en cerca de 20 audiencias judiciales”.
No sólo, han surgido también dudas sobre cómo ha sido tratado el arzobispo por la misma Iglesia. Monseñor Pell ha revelado que “la Iglesia lo había mantenido en la oscuridad (de la denuncia) durante unos dos meses, sin informarle sobre las serias acusaciones presentadas en su contra”, informaba el Sydney Morning Herald el 15 de octubre.
Esto ocurrió mientras la Comisión de la Iglesia encargada de tratar el tema de los abusos, Towards Healing, entraba en contacto con el acusador. “En este punto”, observaba el periódico, “Towards Healing ha ignorado su propio protocolo que pide que se informe al clérigo acusado ‘tan pronto como sea posible’ sobre la queja que se ha recibido”.
Tess Livingstone, que pronto publicará una biografía de Pell, publicó en un artículo el 15 de octubre para Courier-Mail los comentarios pronunciados por el arzobispo tras ser absuelto. Al preguntársele si deberían hacerse cambios en un sistema que permite a la gente seguir en el anonimato después de haber hecho acusaciones graves falsas contra figuras públicas, el arzobispo Pell afirmó: “Creo que es uno de los factores que deberían estudiarse”.
“Tolerancia cero” al microscopio
Pasada la tormenta de prensa surgida entorno a algunos escándalos provocados por sacerdotes, está surgiendo ahora en Estados Unidos la preocupación sobre los procedimientos seguidos ante este tipo de denuncias.
El Washington Post revelaba el 13 de octubre que un analista financiero, Joe Maher, ha dejado su trabajo y ha fundado una organización sin ánimo de lucro, Opus Bono Sacerdotii (Obra para el Bien del Sacerdocio), para ayudar a pagar los gastos legales del clero católico acusado de crímenes sexuales, muchas veces de manera infundada.
El periódico citaba también al editor de la revista Crisis, Deal Hudson, quien considera que los católicos de las parroquias se encuentran trastornados sobre la forma en que se ha instaurado la política de «tolerancia cero» (expulsión del ejercicio ministerial ante la primera denuncia contra un sacerdote), que ha provocado la repentina remoción en este año de más de 300 sacerdotes, con frecuencia por denuncias de actos que habrían tenido lugar hace varias décadas.
Y en Nueva York cerca de 150 sacerdotes en ejercicio y retirados se reunieron este mes para formar la asociación Voice of the Ordained, grupo que se dedicará a garantizar los derechos fundamentales de los sacerdotes acusados a través de procesos civiles y canónicos.
National Catholic Register en su entrega del 6-12 de octubre publicó un estudio en torno a un caso que demuestra los peligros que plantea una fría aplicación de la «tolerancia cero». Monseñor Michael Smith Foster fue suspendido de su ministerio (licencia admi
nistrativa) por la archidiócesis de Boston durante más de un mes. La suspensión tuvo lugar a pesar del que las acusaciones fueron desestimadas por los tribunales civiles “con prejuicio” –expresión que significa que no podrán ser presentadas de nuevo–. Y el Boston Globe, quien se ha hecho famoso en este año por sus ataques a la Iglesia, presentó un retrato del acusador de este sacerdote como un mentiroso patológico.
Otro ejemplo, publicado por el Register en su entrega del 25-31 de agosto, es el del padre Francis Perry, de la diócesis de Raleigh, en Carolina del Norte. El padre Perry admitió que hace 41 años, cuando tenía 16 años, “había actuado de manera inapropiada” en presencia de un niño de 4 años, un caso de indecencia. El incidente ocurrió 29 años antes de que Perry, que en aquella época era episcopaliano, se convirtiera a la fe católica y 37 años antes de que este antiguo psicólogo fuera ordenado sacerdote en 1998.
El padre Perry ha sido removido de su parroquia y suspendido de todos sus deberes públicos como sacerdote. Según el Register, los feligreses de las dos iglesias donde fue pastor el padre Perry se sienten ultrajados.
Está claro que, en los pasados años, algunas diócesis no han sabido hacer justicia a las víctimas de abusos sexuales. Ahora, sin embargo, parece que el péndulo de la injusticia se ha desplazado hasta violar los derechos fundamentales de los sacerdotes.
