WASHINGTON, 16 de noviembre de 2002 (ZENIT.org).- Los tribunales de Estados Unidos muestran cada vez más dudas ante la pena de muerte. El 6 de noviembre, un minuto antes de que en Texas el prisionero James Colburn fuera llevado desde su celda a la cámara de la muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueaba la ejecución, al menos por treinta días, informaba Associated Press.
Sólo un día antes, los jueces habían rechazado una apelación a nombre de Colburn, al que se le ha diagnosticado esquizofrenia paranoica. La apelación decía que Colburn no habría podido colaborar con sus abogados en su proceso de 1995 porque estaba profundamente sedado.
El pasado mes de junio la Corte Suprema decidió por 6 votos a favor y 3 en contra abolir la ejecución de los criminales mentalmente retrasados. El cambio fue «una de las más significativas restricciones sobre el tema de a quién se puede aplicar la pena de muerte desde que el tribunal permitiera a los estados que retomaran la pena capital en 1976», informó el Washington Post el 21 de junio.
La decisión calificó la ejecución de los retrasados mentales como «castigo cruel», una práctica proscrita por la Constitución de Estados Unidos. Estas ejecuciones habían sido prohibidas con anterioridad en 18 de los 38 estados con pena de muerte.
La Corte Suprema afirmó que su punto de vista está respaldado por las encuestas que muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a esta práctica, así como por los argumentos presentados ante el tribunal por la Unión Europea, organizaciones profesionales como la American Psychological Association y organizaciones religiosas como la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.
Un estudio publicado en la página Web de la National Coalition to Abolish the Death Penalty afirma que más de 300 personas en el corredor de la muerte son consideradas mentalmente retrasadas. Afirman que 44 de estas personas han sido ejecutadas desde 1976.
El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos volvió a afrontar el tema de la pena de muerte y, con 5 votos contra 4, mantuvo la ejecución de jóvenes, informaba el Washington Post el 22 de octubre. La mayoría se opuso a reconsiderar una apelación que defendía que constitucionalmente era una «pena cruel» ejecutar a asesinos que cometen sus crímenes a la edad de 16 ó 17 años.
Sin embargo, es la primera vez, desde que la Corte respalda la ejecución de delincuentes de 16 y 17 años, que cuatro jueces se muestran a favor de revisar la legislación, afirmaba el Post. De acuerdo a un dictamen de la Corte en 1988, no se puede ejecutar a un menor de 16 años.
En Estados Unidos, hay 81 asesinos de entre 16 y 17 años en el corredor de la muerte. De éstos, un tercio están en Texas. El resto se distribuyen entre otros 13 estados. Se han ejecutado a 21 delincuentes juveniles desde 1976. El caso más reciente fue el de Toronto Patterson, que murió por inyección letal en Texas el 28 de agosto.
Revisar la ley federal
Otra importante decisión tuvo lugar cuando un juez declaró la pena de muerte federal como inconstitucional, informó Reuters el 24 de septiembre. El juez de distrito William Sessions dictaminó que el Acta Federal de Pena de Muerte de 1994 privó a Donald Fell, acusado de secuestrar y asesinar a una mujer, de sus derechos de acuerdo a la Quinta y Sexta Enmiendas de la Constitución norteamericana. Estas enmiendas garantizan el debido proceso y el derecho a confrontar y a carear las declaraciones de los testigos.
La decisión no ilegalizó la pena de muerte federal en todos los Estados Unidos, ni afectó a casos en los tribunales estatales de los 38 estados que tienen pena capital, afirmaba Reuters.
En su dictamen, el juez Sessions declaraba que la ley de 1994 se ha vuelto inútil por una serie de recientes casos federales, incluyendo el dictamen de junio de la Corte Suprema de Estados Unidos que afirmaba que sólo los jurados –y no los jueces– pueden condenar a sentencias de muerte, informaba Associated Press el 25 de septiembre. El gobierno ha presentado recurso contra este dictamen.
Dos meses antes, el juez de distrito Jed Rakoff se convirtió en el primer juez federal que declaraba inconstitucional la ley federal. Citaba evidencias que indicaban que se había impuesto la pena de muerte a personas inocentes.
Sessions, al contrario que Rakoff, declaró que la pena capital no es en sí misma necesariamente inconstitucional. Afirmaba que la sentencia todavía podría ser considerada constitucional si el Congreso lo legisla. Otros jueces federales han mantenido el Acta Federal de Pena de Muerte.
Revisiones en Illinois
Mientras tanto, el estado de Illinois está reconsiderando 139 casos de criminales convictos, informaba el Christian Science Monitor el 18 de octubre. Los casos fueron reabiertos por el gobernador George Ryan, que está considerando el conmutar las sentencias capitales de 160 internos del corredor de la muerte. Ordenó las revisiones después de que, hace daños, las evidencias del ADN (DNA) exonerasen a 13 internos del corredor de la muerte, declarando luego una moratoria temporal de todas las ejecuciones del estado.
Ryan, que terminará su mandato en enero, tiene todavía la decisión final sobre el destino de los condenados. En abril, un estudio sobre la pena capital en Illinois, recomendaba no menos de 85 cambios en la manera en que se llevan a cabo las penas de muerte, informaba el New York Times el 16 de abril. Una mayoría de 14 miembros de la comisión creada por Ryan creía que la pena capital debería abrogarse totalmente, decía el estudio.
Entre los cambios propuestos está el grabar en vídeo los interrogatorios de los sospechosos y establecer un organismo estatal para revisar las decisiones que buscan la pena de muerte. El informe también pedía un laboratorio forense independiente, una base de datos estatal de ADN, y la eliminación de algunas categorías de crímenes capitales.
El informe incluía un detallado análisis de todos los 275 casos de pena de muerte desde que se restableció la pena capital en Illinois en 1977. Más de la mitad de las sentencias fueron rechazadas, afirma, por errores en las pruebas del tribunal y errores de los fiscales o abogados defensores.
Poco después del informe de Illinois, el estado de Maryland declaraba también una moratoria de las ejecuciones. El gobernador Parris Glendening anunciaba que detendría todas las ejecuciones hasta que la Universidad de Maryland completara un estudio de 6.000 casos de homicidio para determinar si el sistema estatal, al imponer la pena de muerte, es tendencioso en cuestiones como la raza o la geografía, informaba Reuters el 9 de mayo.
«Se han planteado cuestiones razonables en Maryland y por todo el país sobre la aplicación de la pena de muerte», afirmaba Glendening, observando que estudios recientes han mostrado evidencias que apuntan a que existen discriminaciones raciales, en los casos de pena capital en el condado suburbano de Baltimore de mayoría blanca.
Maryland ha ejecutado a tres presos desde que la pena de muerte fue restablecida en el estado en 1978. La última ejecución tuvo lugar en 1998. Cinco internos estaban en el corredor de la muerte cuando se anunció la moratoria.
Mientras tanto, el 5 de noviembre, Florida reafirmaba en su apoyo a la pena capital. Por segunda vez en cuatro años, cerca del 70% de los votantes aprobaban en las urnas la medida de añadir la pena de muerte a la constitución del estado, informaba Associated Press el 7 de noviembre. En el año 2000, la Corte Suprema del estado ha votado por 4 votos a favor y 3 en contra eliminar la enmienda a la constitución.
El 18 de abril, comentando estas recomendaciones, el cardenal Theodore McCarrick, arzobispo de Washington y presidente del Comité de Política Doméstica de los Obispos de Estados Unidos, declaraba en
Illinois que los prelados «renuevan la petición de medidas que refrenen, restrinjan y pongan fin al uso de la pena de muerte» en el país. La confianza en la pena de muerte, observaba, «disminuye la confianza en todos nosotros, aumenta la falta de respeto por la vida humana, y ofrece la trágica ilusión de que podemos enseñar matando que matar está mal».
