Según la nota, para este Proyecto de Ley «cualquier tipo de «convivencia afectiva y sexual» de dos personas, es un «verdadero núcleo o grupo familiar» equiparable a la familia matrimonial e incluso al mismo matrimonio. Sin embargo –aclaran los prelados–, las “parejas de hecho” constituyen una realidad distinta a la matrimonial».
«Son formas de convivencia difícilmente asimilables o equiparables con el matrimonio y la familia –subrayan–. Carecen, según los casos, de algunas de las notas fundamentales que avalan al matrimonio como institución natural, fundamentada en la naturaleza del hombre y la mujer, y socialmente comprometida».
Los obispos reconocen la potestad de los poderes públicos de legislar sobre «estas realidades, si consideran que de esta forma se favorece y se mejora la convivencia social, se evitan otros males, o se superan discriminaciones o injusticias entre los convivientes o respecto a terceros. Pero es preciso que dichas realidades se detecten y analicen con suficiente objetividad y que, de verdad, exista una necesidad real».
Sin embargo, los prelados recuerdan que no es «adecuado a la realidad asimilar y equiparar al matrimonio y a la familia estas otras formas de convivencia sustancialmente distintas. Una operación de este tipo desdibuja y oscurece, debilitándolos, los perfiles y los fundamentos del matrimonio y de la familia, instituciones cultural e históricamente probadas por los beneficios personales y sociales que aportan».
Respecto a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, los obispos recuerdan que «el marco matrimonial es el más adecuado para el acogimiento o la adopción de un menor que se encuentra en la penosa situación de carecer de su propia familia. Los derechos y el «bien superior» del menor se ven plenamente satisfechos en el ámbito de una familia matrimonial en la que, de forma estable, se le proporcionan la riqueza y la complementariedad afectiva y formativa de un padre y una madre. Privar conscientemente a estos menores del disfrute de tales condiciones no deja de ser una falta de consideración y una insuficiente protección a la que tienen derecho, una dejación de lo que nuestra sociedad debe proporcionarles y, en determinados casos, un arriesgado experimento».
Finalmente, los obispos vascos piden a los poderes públicos y a la sociedad que «incrementen sus esfuerzos en favor del matrimonio y la familia. Son muchos los matrimonios y familias que requieren medidas eficaces que faciliten el cumplimiento de los fines personales y sociales que les son propios. Son muchos los jóvenes que necesitan múltiples apoyos y recursos materiales que favorezcan el matrimonio y la familia, para cuya constitución y desarrollo encuentran dificultades de todo tipo».
