SANTIAGO, 16 junio 2003 (ZENIT.org).- Publicamos la carta al director de «El Mercurio», publicada el lunes 16 de junio, escrita por Catalina Larraín, orientadora familiar, directora del Instituto de Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal de Chile.

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En los últimos días hemos conocido la presentación de un «proyecto de ley de fomento de la no discriminación y de contrato de unión civil entre personas del mismo sexo», propiciado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, y que ha ingresado al Congreso con la firma de 10 parlamentarios.

Según han dicho públicamente sus promotores, la mayor parte del articulado de este proyecto «busca dar un piso de estabilidad patrimonial», y ése es un asunto que nos parece digno de atender. Ahora bien, de las informaciones que han entregado algunos medios de comunicación pareciera desprenderse que la iniciativa no contempla la relación con los hijos que pudieran existir producto de otras relaciones. También las versiones periodísticas han hecho hincapié en que este contrato civil desde ningún punto de vista es asimilable al matrimonio. Sin embargo, algunos puntos del articulado de dicha iniciativa contrastan con estas versiones preliminares, las cuales no han dado cuenta de los contenidos del documento con la nitidez que la población requiere para formarse un juicio ante un tema tan delicado.

El proyecto señala que las autoridades no podrán utilizar la orientación sexual de quienes contraigan la unión como excusa para inhabilitar a una madre o un padre de cuidar o visitar a sus hijos. Nosotros creemos que la visita es un derecho-deber y nos merece nuestro respaldo. Sin embargo, cuando se habla de cuidado de los hijos, nos parece necesario que se precisen los reales alcances de este término.

También señala la iniciativa que «las partes del contrato de unión civil estarán obligadas a otorgarse mutuamente socorro y asistencia. Si uno de los miembros de la pareja es abandonado sin causa justificada y se encontrare en situación de necesidad o enfermedad, tendrá derecho a solicitar alimentos». La sola redacción de este párrafo necesariamente nos asocia al concepto tradicional de matrimonio presente en la legislación chilena. Por lo tanto, éste es otro punto que nos interesa analizar en profundidad.

Nos preocupa que, en la discusión de estos asuntos, terminemos confundiendo la «discriminación hacia las personas» con la «discriminación hacia los actos que podamos realizar las personas» y que pudieren afectar a aquellos valores morales y sociales fundamentales para la sociedad y la protección y desarrollo integral de sus miembros.

Hacemos un llamado a acoger y a comprender a las personas con condición homosexual, pero no podemos apoyar actos que tengan efectos nocivos en la sociedad para su sano desarrollo. Es el momento del diálogo y la reflexión de todos los actores sociales involucrados, porque no se pueden tratar con ligereza o descuido temas tan delicados como los que involucran a ese tesoro tan valorado por los chilenos: nuestras familias.

Catalina Larraín G.
Máster en Orientación Familiar

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