PARANÁ, 21 septiembre 2003 (ZENIT.org).- Ante la reciente sanción de la ley que despenaliza la oferta sexual en las calles de Entre Ríos, los obispos de esta provincia argentina exhortaron el miércoles pasado a detener una legislación «antinatural» que puede llevar a un «permisivismo fatal, favoreciendo la degradación de la moral pública».
En un comunicado conjunto, el arzobispo de Paraná, monseñor Mario Luis Bautista Maulión, y los obispos Luis Guillermo Eichhorn, de Gualeguaychú, y Héctor S. Cardelli, de Concordia, manifestaron su perplejidad por la reciente aprobación por parte del Senado Provincial de una Ley de despenalizacion de la oferta sexual en las calles.
La disposición legal «no ha sido ni propuesta en plataformas, ni debatida, ni consultada en la sociedad ni con quienes resultarán afectados por la misma», denuncian los prelados.
En su nota –difundida por Aica–, exhortan a las autoridades a detener una legislación «antinatural» «que llevará a un permisivismo fatal, favoreciendo la degradación de la moral pública».
Y es que dicha ley «pasa por alto derechos y principios que tocan la dignidad misma de las personas, lesiona la solidez de la familia, afecta la moralidad pública y perjudica la educación de niños y adolescentes», «precisamente lo que debe cuidar un legislador al sancionar una ley», constatan.
«Queremos reafirmar el derecho al trabajo que tiene todo hombre y mujer –se lee en el comunicado–. Pero sostenemos que dicho trabajo debe ser digno de la persona, atendiendo a su integridad física, moral y social».
«El ejercicio de la prostitución –advierten– ha sido y es una degradación perversa de quien la ejerce y una forma aberrante de esclavitud a lo largo de toda la historia humana. Ofende la dignidad de toda persona humana, tanto de quien la ofrece» como «del que se aprovecha de esta situación». «No hay justificación para promover este tipo de práctica», afirman.
En opinión de los prelados, esta ley no es la solución a la situación de necesidad que puede empujar al ejercicio de la prostitución, sino que es deber del Estado «procurar la búsqueda de formas y ofertas laborales para todas las personas, en especial las más necesitadas, y no hundirlas en el vicio o exponerlas a la explotación de personas sin escrúpulos».
«Como pastores de la Iglesia nos sentimos responsables de la salud e integridad moral de todos nuestros feligreses y partícipes en la búsqueda del bien común de todos los miembros de la sociedad», reconocen.
Por ello piden «serenidad y reflexión para recapacitar sobre los alcances que esta medida puede tener para nuestra sociedad. Y, luego, tomar las medidas y decisiones que conduzcan a preservar la salud moral de la población».
«Exhortamos a nuestro feligreses a pedir insistentemente al Señor luz para que las autoridades a las que compete tomar las resoluciones pertinentes actúen teniendo en cuenta los intereses de la salud moral de la población y la defensa y protección de las familias y de los sectores de la población más necesitados y expuestos», concluye el comunicado.
