BOGOTÁ, 19 diciembre 2003 (ZENIT.org).- Integrada también por representantes de la Iglesia en Colombia, la comisión independiente que ha estudiado la situación de los derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta confía en que esté cercana la liberación de los cinco turistas que aún permanecen en manos del «Ejército de Liberación Nacional» (ELN).
La comisión atendió la petición de la formación guerrillera y ha presentado esta semana al presidente colombiano Álvaro Uribe un informe sobre la crisis humanitaria que atraviesan los habitantes del macizo montañoso.
Monseñor Héctor Fabio Henao –director de la Pastoral Social del episcopado colombiano–, monseñor Alberto Giraldo Jaramillo –arzobispo de Medellín– y el padre Darío Echeverri se encuentran entre los miembros de dicha comisión.
Ésta ha llevado a cabo en los últimos días una inspección en la región para comprobar las violaciones de los derechos humanos que los paramilitares continuarían perpetrando contra la población civil, según ha denunciado el ELN.
El informe, titulado «Situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la Sierra Nevada de Santa Marta» confirma la actividad de grupos paramilitares dedicados a asesinatos, masacres y asaltos, especialmente frente a las comunidades indígenas, confirma la agencia misionera «Misna».
«El contexto en el que viven todos los habitantes de la Sierra Nevada es crítico y muy doloroso», explicó el padre Echeverri. Según el documento, entre 1998 y 2002 se produjeron al menos 166 ejecuciones arbitrarias, 44 desapariciones forzadas, 92 casos de tortura y 52 secuestros cometidos por las llamadas «autodefensas civiles» de la región.
El balance, sin embargo, se refiere sólo a los episodios efectivamente denunciados.
El documento revela además que el ejército regular ha puesto por obra una estrategia de guerra que consiste en «cerrar el lazo en torno al enemigo», instalando numerosos puestos de bloqueo que obstaculizan, cuando no impiden, el tránsito de vehículos cargados de bienes de primera necesidad para el aprovisionamiento de los centros habitados.
Esta táctica «ha provocado el aislamiento de las comunidades indígenas, que implicará a corto o medio plazo el estallido de una grave crisis humanitaria», denuncia.
La entrega del informe debería desbloquear ahora la situación de los cinco prisioneros del ELN: el británico Mark Henderson y los israelíes Beni Daniel, Ortaz Ohayon, Ido Joseph Guy y Erez Altawil, turistas secuestrados el pasado 12 de septiembre cuando visitaban las ruinas arqueológicas indias de la Ciudad Perdida.
También formaban parte del grupo secuestrado la alemana Reinhilt Weigel y el español Asier Huegun Etxeberría, cuya liberación se produjo el pasado 24 de noviembre.
Los rebeldes llamaron esta operación de secuestro «Allende vive» –por el 30º aniversario del derrocamiento y muerte de Salvador Allende, el presidente socialista de Chile— y la justificaron por la necesidad de denunciar en el ámbito internacional la crisis humanitaria que afrontan los lugareños del macizo montañoso.
