JERUSALÉN, 24 diciembre 2003 (ZENIT.org).- A los diez años de su firma, el «acuerdo de principios» entre la Santa Sede y el Estado de Israel sólo se ha traducido en un reconocimiento civil de la personalidad jurídica de la Iglesia –aún por legislar–, mientras siguen pendientes cuestiones como la tutela de las propiedades eclesiásticas o el estatuto fiscal, constata el portavoz de la Custodia Franciscana de Tierra Santa.
Fue el 30 de diciembre de 1993 cuando se firmó el «Fundamental Agreement» y «aún estamos al comienzo de un camino», reconoce –en una entrevista concedida a la agencia del episcopado italiano «Sir»– el padre David Jaeger, quien participó en la redacción del texto desde el principio (1992) como miembro de la delegación de la Santa Sede.
El acuerdo «se limita a enunciar los grandes principios reguladores de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, mientras que su puesta en práctica fue pospuesta a una serie de acuerdos complementarios a negociar sucesivamente», explica.
«Estas negociaciones –continúa el padre Jaeger— hasta ahora han producido un solo acuerdo en 1997: el reconocimiento civil de la personalidad jurídica de la Iglesia y de los entes eclesiásticos. Lamentablemente, esto no se ha transformado aún en ley del Estado, así como el Acuerdo fundamental…».
Esta espera en la que vive la Iglesia se refleja también, según el franciscano, «en el estatuto fiscal y en la tutela de las propiedades eclesiásticas».
De hecho, «la Iglesia en Tierra Santa no podría sostenerse sin las ayudas fiscales aseguradas por los tratados y por la Resolución 181 de la ONU de 1947», subraya.
«El Acuerdo fundamental contiene un compromiso del Estado de Israel a negociar un acuerdo de este tipo con la Santa Sede –observa–. El 1 de julio de este año, las dos delegaciones se comprometieron a acelerar las negociaciones para poder llegar al acuerdo. Pero las conversaciones están aún paradas».
En espera está también la restitución del Cenáculo y de las propiedades de la Custodia: «El Cenáculo está en manos del gobierno de Israel. Se esperaba que fuera restituido en la peregrinación a Tierra Santa de Juan Pablo II por el Jubileo del 2000, y nuestra sorpresa al ver la falta de este gesto fue amarga», admite el padre Jaeger.
En cuanto a las dificultades de emisión de los visados al personal religioso, para el franciscano «procedería aplicar el artículo 3 del Acuerdo fundamental, que afirma el derecho de la Iglesia a “desplegar” su propio personal, en el respeto de las responsabilidades del Estado».
