MALIBU, California, sábado, 27 marzo 2004 (ZENIT.org).- El tema de la inmigración ha llenado titulares en Estados Unidos desde que el presidente George Bush propusiera una nueva política para las trabajadores temporales.
¿Pero qué papel desempeña en el pensamiento social católico la inmigración? Andrew Yuengert – profesor asociado en la cátedra de economía John and Francis Duggan Professor en el Seaver College de la Universidad de Pepperdine – compartió con ZENIT que el derecho a inmigrar no es absoluto.
Es, sin embargo, un recordatorio importante de la dignidad de los afectados por las políticas nacionales y es un componente del bien común universal, afirmaba.
–¿Por qué el uso del término «derechos» transforma la naturaleza del debate sobre la inmigración?
–Yuengert: La palabra «derechos» suele ser la última cosa que quieren oír aquellos a los que irrita la inmigración. Los americanos suelen malinterpretar lo que los papas quieren decir cuando proclaman que hay un derecho a emigrar.
En nuestra cultura, la exigencia de derechos se hace de un modo absoluto – se suelen invocar los derechos como una forma de poner fin a un debate, a menos que otro reclame un derecho competente, en cuyo caso no se resuelve nada y cada uno se siente agraviado.
Por contraste, reclamar derechos en el pensamiento católico es un recordatorio de la dignidad de los afectados por nuestras políticas. Con la reclamación de derechos comienzan los debates, no se les pone fin, y orienta los debates en medio de las deliberaciones políticas hacia los bienes humanos verdaderos.
De esta manera, reclamar derechos de los inmigrantes es un estímulo para tomar en cuenta los beneficios muy reales de la inmigración para los inmigrantes mismos – no para construir una política basada únicamente en sus efectos sobre los ciudadanos.
–¿Qué significa que hay un derecho a emigrar, y por qué existe ese derecho? ¿Cómo se conecta con la dignidad de la persona humana?
–Yuengert: Como he dicho antes, el término derecho viene a recordarnos que tomemos en cuenta el efecto de nuestras políticas en los inmigrantes, así como en nuestra propia gente.
Podemos descubrir este derecho al reflexionar sobre lo que está implicado en la decisión de emigrar. Raramente se emprende la inmigración a la ligera. Hay pérdidas reales asociadas a ella: pérdida de la cultura local, pérdida de las conexiones familiares, y vulnerabilidad a la explotación en un mercado de trabajo y en una cultura nuevas.
Un inmigrante es un ser humano que da un paso difícil, en ocasiones arriesgado, en la búsqueda de su propio desarrollo. El mismo acto de inmigrar proclama que estos bienes son importantes para él y su familia, que corren riesgo si él no emigra.
Una persona que va más allá de las fronteras nacionales persiguiendo el bienestar de su familia, su propia educación, o quizás huyendo de un peligro físico directo, reclama nuestra solicitud por la dignidad que expresa en su decisión.
–¿De qué forma se conecta el derecho a emigrar con los principios básicos del pensamiento social cristiano conocidos como subsidiariedad y solidaridad?
–Yuengert: Los principios de solidaridad y subsidiariedad salvaguardan el bien común de la inmigración.
La capacidad de moverse más allá de las fronteras nacionales para conseguir una vida mejor es un componente del bien común universal. Incluso aunque la mayoría de la gente nunca se convierta en inmigrante, la existencia de la opción es un bien humano verdadero que beneficia a las familias y a los países, a través de una mayor oportunidad económica y el enriquecimiento de las culturas a través de su interacción.
El bien común internacional no cae dentro de las fronteras de ningún país, sin embargo, y por ello ningún país es responsable de garantizar el derecho a emigrar.
Puesto que no existe una organización internacional que tenga la autoridad de salvaguardar el libre movimiento de personas a través de las fronteras nacionales, las naciones tienen la honra, por decirlo de alguna manera, de salvaguardar este derecho.
La solidaridad en la inmigración es el compromiso firme por este derecho – nos anima a que consideremos al inmigrante como a otra persona, cuya dignidad está en juego en nuestras deliberaciones políticas y por quien nadie hablará como persona si no lo hacemos nosotros.
El principio de subsidiariedad exige que las políticas de inmigración de las comunidades locales – en este caso, los estados nación – se respeten por las organizaciones internacionales.
Estos dos principios proporcionan el necesario equilibrio para hacer una política de inmigración. La solidaridad descubre en la humanidad de los inmigrantes el derecho a emigrar; la subsidiariedad respeta las justas prerrogativas de la nación, que debe equilibrar el bien de sus propios ciudadanos en contra de los beneficios reales para los inmigrantes.
P: ¿La enseñanza social católica favorece la inmigración sin restricciones? ¿No deberían tener los estados el derecho a controlar razonablemente sus fronteras, especialmente a la luz de las preocupaciones por la seguridad nacional?
Yuengert: El derecho a emigrar no es absoluto. Es como el derecho de propiedad, que puede ser abrogado en ciertas situaciones, pero no como el derecho a la vida, que no puede jamás abrogarse.
Cuando la inmigración amenaza otros derechos – el derecho de las personas a la seguridad básica, por ejemplo – puede restringirse a la luz de estos otros derechos. Como el derecho a la propiedad, el derecho a emigrar no debería restringirse a la ligera, puesto que ello restringe un bien humano fundamental – la iniciativa del inmigrante de promover su propio bienestar o el de su familia.
Muchos han hecho uso de la preocupación legítima por la seguridad para imponer restricciones sobre la inmigración legal. Si la inmigración es la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, éste sería un buen argumento para restringirla. La inmigración no es, sin embargo, la principal amenaza para nuestra seguridad.
La mayor amenaza es el desorden en el Servicio de Inmigración y Naturalización. No hacemos un buen trabajo al investigar a los inmigrantes legales a la búsqueda de terroristas cuando entran en los Estados Unidos y los perdemos de vista después.
Si guardáramos mejores archivos de inmigrantes, no nos preocuparíamos tanto de su número. Si restringimos el número de inmigrantes legales, habrá más inmigrantes ilegales, que no podremos seguir. Por lo que un terrorista simplemente intentará entrar en el país ilegalmente, o como uno de los 35 millones de visitantes temporales que visitan cada año Estados Unidos.
–Muchos conservadores críticos con las políticas de inmigración abierta temen que la inmigración en masa lleve a una ruptura cultural, a un aumento de la pobreza y al crimen. ¿Son infundados estos miedos?
–Yuengert: Hace cien años, se expresaron los mismos miedos sobre los inmigrantes judíos y católicos del sur y el este de Europa. No serían asimilados, serían una carga pública, no serían democráticos y serían, potencialmente, desleales. Hoy nuestra cultura incluye influencias italianas, judías, griegas y polacas y ninguna ha hecho daño.
¿Son los nuevos inmigrantes diferentes de los antiguos? Son trabajadores, ansiosos de tener éxito, y todavía unidos a sus países y formas de vida de origen. Para decir la verdad, dada la cultura del estado norteamericano, una gran afluencia de inmigrantes devotamente religiosos sería una bendición.
Puesto que muchos inmigrantes son pobres, suben nuestra tasa de pobreza. Esto pone en verdadera tensión nuestra red de seguridad social, en especial en los estados y localidades donde se concentran los inmigrantes, y ha dado lugar a restr
icciones en el acceso inmigrante al bienestar.
Estos costes no serían tan grandes si se distribuyeran a lo largo de país. Una buena oportunidad puede ser dar más ayudas federales a aquellos estados y localidades con más carga al tener que proporcionar servicios sociales a los inmigrantes.
Los inmigrantes no elevan nuestra tasa criminal. Casi todos ellos están aquí para trabajar, no para robar. Los hijos de los inmigrantes pobres tienen un riesgo algo mayor de criminalizarse, pero este riesgo no es tan diferente del que tiene cualquiera que crezca en la pobreza.
–¿Tiene ventajas económicas tangibles una política de inmigración abierta?
–Yuengert: Las ventajas de la inmigración son similares a las ventajas del libre mercado: Estados Unidos puede sacar plena ventaja de su fortaleza económica – bienes y servicios de alta tecnología – sin tener que prescindir de los bienes hechos con menos trabajo experto.
Sin embargo, las ventajas se distribuyen de forma irregular, y surgen costes para los trabajadores de Estados Unidos que tienen que competir directamente con los inmigrantes por los puestos de trabajo.
Los salarios no expertos han caído ligeramente debido a la inmigración; esta caída, por lo demás pequeña, preocupa, incluso aunque da como resultado un gran beneficio otorgado a los inmigrantes mismos, que muchas veces experimentan como sus ingresos se multiplican por cinco.
Aunque los inmigrantes imponen pesadas cargas fiscales al puñado de estados donde se concentran, son una ventaja neta para el gobierno federal. Puesto que son jóvenes, ayudarán a pagar los gastos del gobierno cuando los baby-boomers se retiren, a través de sus contribuciones a la seguridad social y a los seguros de enfermedad.
–¿Están los estados moralmente obligados a aceptar a trabajadores inmigrantes? ¿si es así como pueden equilibrar sus intereses con la población nativa y el bien común?
Yuengert: La segunda cuestión exige la obligación moral del estado. Es obligado equilibrar los intereses de los inmigrantes con su bien común nacional. Aunque el Papa Juan Pablo II anima a las naciones desarrolladas a que sean generosas, no ofrece consejos específicos más allá de sus exhortaciones.
El equilibrio actual de intereses requiere de la virtud de la prudencia – es una difícil decisión, que requiere igual respeto por la dignidad del inmigrante y del nativo.
El Papa está preocupado de que las naciones ni siquiera intenten buscar un equilibrio entre sus propios intereses y los de los inmigrantes, sino que traten los inconvenientes de la inmigración como costes intolerables e ignoren completamente las ventajas sustanciales de la inmigración para los inmigrantes.
–¿Deben los inmigrantes ser «naturalizados» tanto cultural como lingüísticamente, o deberían las poblaciones nativas trabajar por respetar las culturas inmigrantes y no animarlas a asimilarse?
–Yuengert: La postura en los escritos del papa Juan Pablo II es que los emigrantes se asimilen. Al emigrar, se unen a una nueva comunidad, con un nuevo bien común. El derecho a emigrar implica ciertos deberes por parte de los emigrantes: aprender la lengua local, pagar impuestos, ser un buen miembro de su comunidad local y obedecer las leyes.
Esta última obligación hace problemática la inmigración ilegal, puesto que pone al emigrante en una contradicción: el mismo acto de emigrar es una violación de las leyes de la comunidad a la que se suma como emigrante. En cualquier momento hay una ley que regularmente se burla sin consecuencias, y se pone en peligro el respeto por toda ley.
Hay dos remedios para este problema. El primero está relacionado con la abrogación de la prohibición: las restricciones de las leyes de inmigración son una carga demasiado grande para los potenciales inmigrantes. Los inmigrantes, buscando una vida mejor, emigran desafiando esta ley, poniendo en peligro el respeto por cualquier ley, así que deberían suavizarse las restricciones.
El segundo remedio es hacer cumplir las leyes actuales de manera más rigurosa. Esto puede requerir más medidas de coacción, como las que actualmente queremos imponer: aumentar las penas para los patrones que empleen inmigrantes ilegales, deportación expeditiva y ampliación de la detención de inmigrantes ilegales mientras la maquinaria del debido proceso se pone en funcionamiento.
