Las reformas propuestas reconocen –expresamente– los derechos humanos en el marco de la Constitución. Hasta ahora, la Constitución (la de 1857 y la de 1917, que rige al país en la actualidad) no consideraba los derechos humanos como «inherentes a la persona» y establecía que es el Estado el que otorga las garantía individuales de las que «gozan» los mexicanos.
Este enunciado dio pie en el pasado a violaciones de los derechos humanos, en particular de la libertad religiosa, pues permite que el Estado mexicano termine por «conceder» el «derecho» de «practicar una religión».
Se trata de una iniciativa que tendrá que ser calificada y avalada por la Cámara de Diputados, cuya mayoría no es del partido de Fox.
Tanto el Papa Juan Pablo ll como la Conferencia del Episcopado Mexicano han expresado este año la necesidad de avanzar en la plena garantía de los derechos humanos para los mexicanos, insistiendo en que la legislación del país debe respetar y acrecentar la libertad religiosa, derecho humano fundamental en las democracias modernas.
El Papa lo hizo en la recepción de las cartas credenciales del nuevo embajador de México ante la Santa Sede, Javier Moctezuma Barragán, mientras que el episcopado mexicano lo hizo como parte de las exigencias que le plantearon al gobierno al término de su asamblea ordinaria, celebrada la semana pasada.
En esta asamblea, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, había anunciado a los obispos la próxima presentación de esta iniciativa.
Fuentes eclesiales consultadas por Zenit han manifestado su complacencia por esta iniciativa presidencial que, además, subrayan la obligatoriedad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y local) de proteger los derechos humanos previstos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos.
