CIUDAD DEL VATICANO, viernes, 18 junio 2004 (ZENIT.org).- Juan Pablo II abogó por relaciones Iglesia-Estado caracterizadas por la autonomía y la colaboración al recibir este viernes al nuevo embajador de España ante la Santa Sede, Jorge Dezcallar de Mazarredo.
«En el ejercicio de su propia misión, la Iglesia busca el bien integral de cada pueblo, actuando en el ámbito de sus competencias y respetando plenamente la autonomía de las autoridades civiles, a las que aprecia», afirmó el Santo Padre en el discurso que entregó durante la ceremonia de entrega de las cartas credenciales del representante de Madrid.
«Se trata de dos ámbitos autónomos que no pueden ignorarse, pues ambos se benefician de un diálogo leal y constructivo, ya que el bien común requiere con frecuencia diversas formas de colaboración entre ambos, sin discriminación o exclusión alguna», aclaró el pontífice.
«Esto es lo que plasman los Acuerdos parciales entre la Iglesia y el Estado, establecidos inmediatamente después de la aprobación de la actual Constitución española», recordó.
«Los frutos alcanzados y el desarrollo adquirido en su aplicación concreta son resultado también de una constante comunicación abierta, establecida sobre una base firme y duradera precisamente para evitar el riesgo de alteraciones bruscas o alternancias pasajeras, que en muchos casos producen inseguridad y desconcierto respecto a los derechos propios de las instituciones, de la familia y de los ciudadanos», indicó.
El pontífice ilustró a continuación los motivos que explican el derecho de la Iglesia a elevar su voz en la vida pública.
«En su acción evangelizadora –subrayó–, la Iglesia se esfuerza en invitar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir una sociedad basada en valores fundamentales e irrenunciables para un orden nacional e internacional justo y digno del ser humano».
«Esto va unido a su misión religiosa y tiene un carácter ético de alcance universal, fundado en la inigualable dignidad de la persona humana, creada a imagen de Dios, de la que nacen sus derechos inalienables, que precisamente las instituciones públicas han de servir y promover, según el clásico principio de subsidiariedad», reconoció.
«Así, la convivencia humana, en vez de obedecer únicamente a intereses parciales o pasajeros, se debe regir por los ideales de libertad, justicia y solidaridad», indicó.
Jorge Dezcallar de Mazarredo era hasta hace poco director del Centro Superior de Información para la Defensa.
