De acuerdo con cifras internacionales, México se ha convertido en la segunda nación del plantea en número anual de secuestros, tan sólo por detrás de la convulsionada Colombia. Mientras las autoridades judiciales analizan el endurecimiento de las penas a los plagiarios –descartándose, por el momento, la pena de muerte–, la Iglesia analiza, por su cuenta, imponer la norma de la excomunión a quienes cometan, participen o protejan el delito de secuestro.
Cabe resaltar que existen dos diócesis del país que ya han instaurado esta penalización, en los estados de Morelos y Jalisco. Ahora podría ser tomada en cuenta –según la presidencia del Episcopado Mexicano en manos del obispo de León, José Guadalupe Martín Rábago– como una norma general para los obispos del Bajío (San Luis Potosí, Querétaro, Matehuala, León, Celaya e Irapuato).
La ola de secuestros ha puesto en entredicho la estructura de seguridad del país. Inversiones importantes han emigrado a China o a países de la nueva Europa y los empresarios han amenazado al gobierno con suspender creación de empleos por inseguridad en todos los órdenes.
Este lunes el periódico «Reforma» daba a conocer que la industria de la protección cuesta a los empresarios mexicanos cerca de mil millones de dólares anuales, convirtiéndose en la industria de mayor crecimiento en México.
