En la homilía de la celebración Eucarística, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, dejó claro que santo Tomás Moro es un signo de coherencia entre fe y cultura, entre principios y vida cotidiana.
Los fieles laicos, dijo, no pueden abdicar de la política y deben hacer de ésta un trabajo decidido por el bien común.
Precedida por una intensa discusión en torno a los nuevos reglamento públicos que impiden a un político mexicano, en cuanto tal, asistir a un acto de culto, la parroquia de santo Tomás Moro se vio pletórica de asistentes.
El cardenal Rivera Carrera criticó los legisladores que creen que respetan la libertad propia de la democracia formulando leyes que prescinden de los principios de la ley natural, favoreciendo determinadas corrientes de pensamiento, como si todas las concepciones valieran lo mismo.
«Esta concepción relativista del pluralismo, sostuvo en una de las partes de su homilía a los políticos, no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir, entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural, aquella que, según el propio criterio, se conforma mejor a las exigencias del bien común».
México se haya en estos momentos en un ambiente de tensión política por las campañas adelantadas hacia la sucesión presidencial del 2006.
Quizá por ello el Cardenal Rivera haya insistido en que la Iglesia católica afirma que sin una recta concepción de la persona la democracia se hace imposible e incoherente.
Los legisladores –dijo citando al Papa Juan Pablo ll– tienen la «precisa obligación de oponerse» a toda ley que atente contra la vida humana.
La conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral.
El Cardenal Rivera Carrera señaló que santo Tomás Moro debe ser venerado como ejemplo imperecedero de coherencia moral.
Su ejemplo implica no «ceder a las pretensiones de quienes, amparándose en una errónea concepción del principio de separación Iglesia-Estado y del carácter laico del Estado, intentan reducir la religión a la esfera meramente privada del individuo, no reconociendo a la Iglesia el derecho a enseñar su doctrina y a emitir juicios morales sobre asuntos que afectan al orden social, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o el bien espiritual de los fieles».
