MADRID, lunes, 7 marzo 2005 (ZENIT.org–Veritas).- Al inaugurar este lunes la Asamblea Plenaria, en la que los obispos españoles deberán elegir los cargos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para el trienio 2005-2008, su presidente, el cardenal Antonio María Rouco Varela manifestó «la voluntad de cooperación de la Iglesia con la autoridad legítima».
El jueves pasado tuvo lugar el encuentro del vicepresidente y secretario general de la CEE, el arzobispo Fernando Sebastián y el padre Juan Antonio Martínez Camino, con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa de la Vega, y con el ministro de Justicia, Fernando López Aguilar.
El arzobispo de Madrid reconoció en su discurso ante los obispos españoles que «en otras ocasiones hemos hecho referencia a diversas cuestiones de la agenda política del Gobierno que suscitan serias reservas y aun clara oposición para quienes contemplamos la convivencia social desde una perspectiva cristiana que asume la ética natural o racional en los planteamientos de nuestra cultura moral y legal».
«Pero también hemos declarado siempre nuestra voluntad de mantener unas relaciones positivas de colaboración con las legítimas autoridades del Estado, en el marco del ordenamiento constitucional y de los Acuerdos vigentes entre la España y la Santa Sede, guiándonos siempre por el criterio superior de la convivencia solidaria y del bien común», añadió.
En sus primeros meses, el gobierno socialista ha anunciado el anteproyecto de ley de reconocimiento del matrimonio homosexual (incluida la adopción de niños), el proyecto de ley para instaurar el divorcio por la vía rápida (bastan 90 días de matrimonio), y ha aprobado la investigación con embriones humanos.
Una de sus primeras medidas fue el congelamiento del reconocimiento efectivo de la enseñanza facultativa de la Religión.
El cardenal Rouco recordó que «la Iglesia sabe bien que, en cuanto Iglesia, su misión y su tarea no es la política, en la que los ciudadanos y, por tanto, también los católicos pueden actuar de modo responsable en virtud de diferentes concepciones, legítimas, de la cosa pública y siguiendo diversos caminos para resolver los problemas a los que han de responder los gobernantes».
«El bien que la Iglesia aporta a la vida de los hombres es ante todo religioso y sólo indirectamente temporal», afirmó. La Iglesia es «signo y salvaguardia de la trascendencia de la persona humana», cuya dignidad y derechos fundamentales defiende y promueve «aplicando todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones».
El prelado afirmó que la Iglesia realizará «su misión de modo creíble y verdaderamente eficaz sólo si es capaz de suscitar en su seno hijos e hijas que aspiren con toda el alma a la santidad en el seguimiento humilde del Maestro».
El cardenal no olvidó tampoco mencionar el aniversario de los atentados del 11 de marzo en Madrid, que coincidirá con el final de los trabajos de la Asamblea Plenaria, y que la Provincia Eclesiástica de Madrid celebrará con un solemne funeral en la Catedral de la Almudena.
«El flagelo inhumano del terrorismo –cualquier terrorismo– debe desaparecer. Todos hemos de colaborar con energía en su erradicación», afirmó. «No es moralmente posible ningún tipo de compromiso con quienes instrumentalizan a las personas y las asesinan indiscriminadamente, sin recatarse de reivindicar tales crímenes como si de acciones nobles se tratara», añadió el prelado.
Por su parte, el nuncio apostólico en España, el arzobispo Manuel Monteiro de Castro, recordó ante la asamblea de obispos la invitación de Juan Pablo II a los obispos españoles para responder a la situación de creciente indiferencia religiosa en España con una «acción pastoral adecuada a las nuevas realidades».
El nuncio coincidió con el cardenal Rouco al pedir la oración de todos los fieles para que «el Papa Juan Pablo II sea confortado en su enfermedad y siga prestando su servicio a la Iglesia conforme a la voluntad de Dios».