ROMA, martes, 7 febrero, 2006 (ZENIT.org).- El «Tratado entre la República de Eslovaquia y la Santa Sede sobre el derecho a ejercer la objeción de conciencia» reafirma el derecho universal a la vida y a la dignidad humana.
Así está escrito en el proyecto de concordato entre la Santa Sede y Eslovaquia que debería ser firmado la próxima semana, según informa la Fundación Jérôme Lejeune (genetique.org)
Este acuerdo, explica la misma fuente, protegería el derecho de todos a ejercer, con toda libertad, una objeción de conciencia en el respeto de estos valores universales.
De esta manera, añade «Gènéthique», un médico católico tendrá el derecho de negarse a practicar abortos, procreación asistida, experimentar con embriones humanos y células estaminales humanas, practicar la eutanasia, esterilizar, etc.
Ante una campaña de grupos abortistas, como el Centro de Derechos Reproductivos, Católicos por la Libre Elección, y la Federación Internacional para la Planificación Familiar, la red de expertos de la Unión Europea sobre los derechos fundamentales, lanzó públicamente el 15 de diciembre un aviso sobre el «derecho a la objeción de conciencia religiosa en los concordatos».
Según el informe europeo, el proyecto de concordato entre la República de Eslovaquia y la Santa Sede al reconocer el derecho a la objeción de conciencia provocaría un impacto negativo sobre algunos «derechos fundamentales», es decir, el aborto, matrimonio homosexual, y eutanasia entre otros.
La red europea se ha declarado, por consiguiente, contra al derecho a la objeción de conciencia.
Un miembro de esta red, el italiano Bruno Nascimbene, profesor de Derecho de la Universidad de Milán, no católico, deplora el aviso europeo por considerarlo «injusto» y «descabellado», según informa la misma fuente.
«Por una parte, constata que las asociaciones a las que se ha prestado oídos promueven todas el aborto y, por otra, indica que muchos países miembros de la Unión han firmado ya concordatos con otras iglesias en los que se prevén cláusulas de conciencia. Para él la cuestión de la separación entre Iglesia y Estado no forma parte de las competencias de la Unión europea», explica la fundación.