La objeción de conciencia amenazada

ROMA, domingo, 11 marzo 2007 (ZENIT.org).- El derecho de los médicos, farmacéuticos y personal de los hospitales a no proporcionar tratamientos que violen sus principios morales cada vez está más bajo amenaza. La Pontificia Academia para la Vida ha analizado el trasfondo de esta problemática en un congreso titulado: «La Conciencia Cristiana en Apoyo al Derecho a la Vida», que ha tenido lugar los días 23 y 24 de febrero.

El obispo Elio Sgrecia, presidente de la Academia, describía como de «emergencia», la actual situación de formación en temas que tienen que ver con la vida humana.

En su comunicación, que se puede encontrar en la página web del Vaticano, monseñor Sgrecia explicaba que una sociedad democrática debería dejar el suficiente espacio para que una persona expresara su libertad y responsabilidad a la hora de vivir los valores sociales clave. Defender la vida humana es el primero de estos valores que están en el centro de cualquier sociedad, indicaba.

Monseñor Sgrecia añadía que hasta hace poco la objeción de conciencia en temas relacionados con la vida se militaba al aborto. En años más recientes, no obstante, el campo se ha expandido ampliamente, con temas como la eutanasia, las píldoras abortivas y el uso de embriones en la investigación.

De hecho, una encuesta reciente llevada a cabo en Estados Unidos ilustraba la importancia que muchos médicos dan al papel de la conciencia. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Chicago encontró que 1 de cada 7 doctores siente que no tiene la obligación ética de informar a los pacientes sobre tratamientos médicos a los que los médicos se oponen por razones éticas, informaba el 8 de febrero el Baltimore Sun.

El New England Journal of Medicine publicaba los resultados de la encuesta. Los tratamientos mencionados van desde el aborto a la eutanasia, pasando por la prescripción de anticonceptivos para adolescentes.

Integridad ética
El doctor David Stevens, presidente de la Asociación Médica Cristiana, comentaba la encuesta en una nota de prensa el 9 de febrero. Observaba que el estudio sugería que muchos doctores pueden sentirse presionados a violar su integridad ética al dirigir a sus pacientes a otros médicos que llevarán a cabo las prácticas moralmente reprensibles.

«Necesitamos leyes que protejan los derechos de conciencia de los médicos, y necesitamos educación para animar a los doctores a permanecer firmes en cuanto a los principios morales y éticos fundamentales», afirmaba Stevens.

El New York Times proporcionó pronto un ejemplo de las presiones a las que se enfrentan los médicos. En un editorial el 13 de febrero, el periódico admitía que los doctores tienen el derecho a no llevar a cabo prácticas moralmente reprensibles, pero negaba su derecho a no presentar tales prácticas como una opción válida para que las consideraran sus pacientes.

«Cualquier doctor que no pueda hablar a sus pacientes sobre los cuidados legalmente permitidos por entrar en conflicto con sus valores debería abandonar la práctica de la medicina», era la dura conclusión del editorial.

No sólo los médicos se enfrentan cada vez a más presiones, también las organizaciones católicas. El año pasado, el Tribunal de Apelación del estado de Nueva York dictaminó que las agencias de servicios sociales gestionadas por la Iglesia católica deben proporcionar la cobertura del seguro sanitario para anticonceptivos de sus empleados, informaba el 19 de octubre Associated Press. La sentencia afectaba a las asociaciones de caridad católicas y a otras nueve organizaciones.

Richard Barnes, hablando en nombre de las organizaciones católicas implicadas, sostenía que el conflicto no era sobre los anticonceptivos, sino sobre libertad religiosa. En comentarios citados por el New York Times el 20 de octubre, Barnes declaraba que temía que el juicio llevara a que el estado hiciera leyes incluso más agresivas contra la religión.

Farmacéuticos con problemas
Otra faceta de los conflictos de conciencia tiene que ver con los farmacéuticos. En los últimos años han tenido conflictos a la hora de proporcionar anticonceptivos y píldoras abortivas. En un juicio el año pasado, un juez federal respaldó la legitimidad del despido de Wal-Mart de un farmacéutico católico que se negó a cumplir las prescripciones de anticonceptivos, informaba el Minneapolis Star Tribune el 2 de junio. El juez John Shabaz dictó sentencia en contra de Neil Noesen, despedido de su trabajo en la tienda de Wal-Mart de Onalaska, Wisconsin.

El 23 de agosto, el periódico Washington Times informaba que en casi la mitad de los congresos estatales se han introducido leyes en las sesiones de este año para permitir a los farmacéuticos no cumplir las prescripciones para los así llamados anticonceptivos de emergencia, que en realidad son conocidos abortivos, o medicinas de control de natalidad por razones de objeciones religiosas o morales.

Según la información de la página web de la conferencia nacional de organismos legislativos estatales, cuatro estados de Estados Unidos – Arkansas, Georgia, Mississippi y Dakota del Sur – han aprobado leyes que permiten que un farmacéutico rechace dispensar anticonceptivos de emergencia. Además, Colorado, Florida, Maine y Tennessee tienen cláusulas de negaciones amplias que no mencionan específicamente a los farmacéuticos.

En contraste, Illinois ha aprobado una ley de emergencia obligando a los farmacéuticos a dar los anticonceptivos aprobados por la Administración de Alimentación y Medicamentos. En California, los farmacéuticos tienen el deber legal de dispensar las prescripciones, incluyendo los anticonceptivos, y sólo pueden rechazar el hacerlo si quienes les emplean aprueban su negativa y las mujeres pueden acceder conseguir su prescripción con tiempo en otro lugar. La información de la página web estaba actualizada para octubre del año pasado.

Crítica a los hospitales católicos
En Canadá, los hospitales católicos recibieron críticas el año pasado por el tema de las esterilizaciones. Según un reportaje del 27 de septiembre en el periódico National Post, el Hospital St. Elizabeth en Humboldt, Saskatchewan, decidió parar las operaciones de ligamientos de trompas.

Tras la decisión los pacientes presentaron sus quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Saskatchewan, y, según el artículo, quienes se oponen a la medida están considerando emprender acciones legales.

Desde el 2001, tras una queja por derechos humanos, el hospital llevó a cabo el ligamento de trompas en algunos casos. Pero el pasado junio la dirección del hospital decidió parar el procedimiento. Algunas de las operaciones estaban siendo hechas por razones meramente anticonceptivas, declaraba al National Post Shirley McNeil, directora ejecutiva del hospital.

El tema de las objeciones morales a algunos procedimientos médicos también ha afectado recientemente a las instituciones católicas de Australia. El Hospital John James Memorial, en la capital de la nación, Canberra, fue adquirido el año pasado por la Pequeña Compañía de María Sanadora.

Tras el cambio de propietarios, el hospital dejó de proporcionar servicios al Centro de Fertilidad de Canberra. En un artículo con fecha del 9 de enero, el periódico The Australian informaba de que despertaba preocupación el efecto de la creciente influencia que las instituciones católicas están teniendo en el servicio de salud.

El 12 de enero el periódico volvió sobre el tema, informando que el presidente de la Asociación Médica Australiana, Mukesh Haikerwal, quiere que los gobiernos estatales eviten dejar en manos de la Iglesia católica hospitales públicos mientras no consienta en proporcionar todos los servicios, incluyendo las fertilizaciones in Vitro, los abortos y las esterilizaciones.

El obispo auxiliar de Sydney, monseñor Anthony Fisher, vicario episcopal para Vida y Salud, hacía un comentario sobre el tema en un reportaje publicado el 21 de enero en el periódico archidiocesano de Sydney, Catholic Weekly.

El obispo indicaba: «El hecho es que la mayoría de los hospitales en Australia – incluyendo los hospitales de los estados, los hospitales públicos católicos y los hospitales privados – no ofrecen los servicios de fertilización in vitro. La gente no va a los hospitales católicos si buscan abortar o la esterilización o la fecundación in vitro».

Un reportaje en el periódico The Australian el 11 de enero sobre un código ético publicado por la organización Catholic Health Australia atrajo más discusión sobre el papel de las instituciones católicas. El código recomienda que los hospitales católicos no envíen a las mujeres que han sido violadas a centros de crisis donde se les dará la píldora del día después, conocida por su efecto abortivo.

En su discurso del 24 de febrero a los participantes en el congreso organizado por la Pontificia Academia para la Vida, Benedicto XVI declaraba que los cristianos están llamados a enfrentarse a los continuos ataques contra la vida humana.

El hecho de que hoy muchos tengan que luchar por el derecho a defender la vida humana es una prueba de cuánto ha cambiado la sociedad en un corto espacio de tiempo desde que se legalizó el aborto.

Por el padre John Flynn